Fiscal debe avanzar contra general (r) Mario Montoya: Human Rights Watch

Fueron Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares; Gustavo Matamoros Camacho, exjefe de operaciones del Ejército; Carlos Suárez Bustamante, exjefe de operaciones de las Fuerzas Militares e inspector general del Ejército en 2009; Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandandante de la Séptima División del Ejército (investigado por falsos positivos); Reinaldo Castellanos Trujillo, comandante del Ejército hasta 2006; y Jorge Rodríguez Clavijo, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, quienes declararon ante la Fiscalía que el general (r) Mario Montoya posiblemente sabía o tenía conocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales en el Ejército. 

Así lo dio a conocer Human Rigths Watch (HRW), que tuvo acceso a las declaraciones de los altos oficiales en octubre pasado. Los testimonios, según HRW, corroborarían que las presiones del general (r) Montoya para aumentar las muertes en combate podrían haber provocado los mal llamados "falsos positivos". "Debido al modo irrazonable en que se ejercía esta presión sobre las brigadas (por ejemplo, comparando a brigadas que, por su ubicación y función, tenían más probabilidades de dar de baja a combatientes enemigos con otras que habitualmente no entraban en combate), es probable que Montoya haya sabido que su política podría haber promovido que las tropas reportaran homicidios de civiles inocentes como bajas de enemigos muertos en combate", asegura la orgnización no gubernamental.

HRW también señaló que entre las evidencias que implicarían a Montoya frente a la macabra práctica de las ejecuciones extrajudiciales se encuentran unas declaraciones del general Jorge Rodríguez Clavijo, en las cuales describe las presiones de Montoya para que hubiera más bajas, propiciando que se generaran las ejecuciones extrajudiciales. Señaló que Montoya se concentró de manera "abrumadora" en las bajas en combate, y no tomaba en cuenta otras variables relevantes. Aseguró que nunca escuchó a Montoya felicitar a un comandante porque "una zona del país estaba tranquila". El general Clavijo dijo que creía que numerosos comandantes de brigadas fueron removidos de sus cargos porque no estaban reportando una cantidad significativa de muertes en combate en comparación con años anteriores. 

Otro de los generales que salpica al general (r) Montoya es Matamoros. Aseguró que el general investigado “clasificaba” las brigadas según el número de muertes que informaban y que había “gente que no estaba conforme porque había mucha gente que decía [...] ‘en mi área no pasa nada’, yo le decía al General Montoya, ‘mi general ¿cómo hago yo en Cundinamarca si no hay ningún bandido?’”. Matamoros declaró ante el ente investigador que Montoya se concentraba en las muertes en combate y “los resultados daban una cantidad de privilegios a quienes estaban encima de los resultados, viajes al exterior, comisiones, serie de estímulos porque se suponía que eran los mejores, y lógicamente para aquellos que no presentaban resultados también entraban a cuestionarlos y había momentos en que… los relevaban”.

Por su parte, el general Salgado también le dijo a la Fiscalía que bajo el mando de Montoya “todo estaba orientado” a la cantidad de muertes en combate, incluidos los premios, y que se pedía a los comandantes que informaran muertes “que tenían que ser iguales o superiores” a las del año anterior. “Yo siento que todas las unidades o muchas unidades las que se vieron envueltos en falsos positivos en muchos sitios, pues… seguramente que [los soldados] fueron objeto por esa presión de obtener resultados ante personas inescrupulosas, pues… dijeron, ‘¡Ah! lo que quiere son resultados, bueno, yo soy capaz de cumplir el objetivo … cruzando las líneas que tengan que cruzar’”.

La organización internacional de derechos humanos asegura que no encontró evidencias de que comandantes militares hayan adoptado medidas para prevenir o sancionar los falsos positivos hasta el 2007. "En ese año, el comando general de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa emitieron varias directivas nuevas, incluida una de noviembre de 2007 que otorgó prioridad a las desmovilizaciones y detenciones por sobre las muertes en combate. No resulta claro en qué medida, si es que alguna, estas medidas consiguieron que los comandantes revirtieran sus prácticas. Ciertamente, no bastaron para detener los falsos positivos", señaló la ONG. 

Asimismo, las declaraciones de los altos oficiales sugieren que los soldados casi nunca eran investigados por la institución castrense por hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales. El general Suárez le contó a la Fiscalía que sólo podía recordar un caso “excepcional” de un miembro del Ejército que fue relevado de su cargo por un delito. El general Clavijo señaló que el general Pico Hernández —uno de los generales bajo investigación— era excesivamente permisivo con las brigadas de la Séptima División bajo su mando, y que cuando él fue nombrado comandante de la Cuarta Brigada en 2006,“faltaba control, había investigaciones quedadas con funcionarios de instrucción que no eran [competentes para abordarlas], unas que habían prescrito”.

Los altos mandos que declararon ante la Fiscalía sugirieron, según HRW, que los generales (r) Montoya y Pico Hernández podrían haber estado implicados en la destrucción de evidencias en las que se hacía presión por reportar bajas en combate y que habrían propiciado los falsos positivos. En el texto se relata cómo el general Salgado dijo a los fiscales en abril de 2008 que cuando él comandaba la Brigada XI del Ejército, el general Pico Hernández ordenó que las brigadas y batallones de la Séptima División incineraran copias de una directiva que establecía premios para los soldados que informaran el mayor número de bajas. Salgado dijo que esa no era la práctica habitual para derogar directivas, ni la prevista en las normas vigentes. También dijo estar “seguro” de que la orden provino del general Montoya, porque como comandante del Ejército era el único autorizado a derogar esa directiva.

El general Rodríguez Clavijo señaló que en 2008, cuando estaba al frente de la Brigada XVII, recibió la orden del general Pico Hernández de incinerar una directiva, aparentemente la misma que mencionó el general Salgado. Clavijo dijo que la orden le impactó, porque no cumplía con los “parámetros normales y de los reglamentos”. En marzo de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que había tenido acceso a un oficio militar reservado que evidenciaba que un “comandante del Ejército” había dado la orden de incinerar una directiva que establecía premios para los soldados que informaran altos números de muertes en combate.

Fueron Freddy Padilla de León, excomandante de las Fuerzas Militares; Gustavo Matamoros Camacho, exjefe de operaciones del Ejército; Carlos Suárez Bustamante, exjefe de operaciones de las Fuerzas Militares e inspector general del Ejército en 2009; Jorge Arturo Salgado Restrepo, comandandante de la Séptima División del Ejército (investigado por falsos positivos); Reinaldo Castellanos Trujillo, comandante del Ejército hasta 2006; y Jorge Rodríguez Clavijo, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, quienes declararon ante la Fiscalía que el general (r) Mario Montoya posiblemente sabía o tenía conocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales en el Ejército. 

Así lo dio a conocer Human Rigths Watch (HRW), que tuvo acceso a las declaraciones de los altos oficiales en octubre pasado. Los testimonios, según HRW, corroborarían que las presiones del general (r) Montoya para aumentar las muertes en combate podrían haber provocado los mal llamados "falsos positivos". "Debido al modo irrazonable en que se ejercía esta presión sobre las brigadas (por ejemplo, comparando a brigadas que, por su ubicación y función, tenían más probabilidades de dar de baja a combatientes enemigos con otras que habitualmente no entraban en combate), es probable que Montoya haya sabido que su política podría haber promovido que las tropas reportaran homicidios de civiles inocentes como bajas de enemigos muertos en combate", asegura la orgnización no gubernamental.

HRW también señaló que entre las evidencias que implicarían a Montoya frente a la macabra práctica de las ejecuciones extrajudiciales se encuentran unas declaraciones del general Jorge Rodríguez Clavijo, en las cuales describe las presiones de Montoya para que hubiera más bajas, propiciando que se generaran las ejecuciones extrajudiciales. Señaló que Montoya se concentró de manera "abrumadora" en las bajas en combate, y no tomaba en cuenta otras variables relevantes. Aseguró que nunca escuchó a Montoya felicitar a un comandante porque "una zona del país estaba tranquila". El general Clavijo dijo que creía que numerosos comandantes de brigadas fueron removidos de sus cargos porque no estaban reportando una cantidad significativa de muertes en combate en comparación con años anteriores. 

Otro de los generales que salpica al general (r) Montoya es Matamoros. Aseguró que el general investigado “clasificaba” las brigadas según el número de muertes que informaban y que había “gente que no estaba conforme porque había mucha gente que decía [...] ‘en mi área no pasa nada’, yo le decía al General Montoya, ‘mi general ¿cómo hago yo en Cundinamarca si no hay ningún bandido?’”. Matamoros declaró ante el ente investigador que Montoya se concentraba en las muertes en combate y “los resultados daban una cantidad de privilegios a quienes estaban encima de los resultados, viajes al exterior, comisiones, serie de estímulos porque se suponía que eran los mejores, y lógicamente para aquellos que no presentaban resultados también entraban a cuestionarlos y había momentos en que… los relevaban”.

Por su parte, el general Salgado también le dijo a la Fiscalía que bajo el mando de Montoya “todo estaba orientado” a la cantidad de muertes en combate, incluidos los premios, y que se pedía a los comandantes que informaran muertes “que tenían que ser iguales o superiores” a las del año anterior. “Yo siento que todas las unidades o muchas unidades las que se vieron envueltos en falsos positivos en muchos sitios, pues… seguramente que [los soldados] fueron objeto por esa presión de obtener resultados ante personas inescrupulosas, pues… dijeron, ‘¡Ah! lo que quiere son resultados, bueno, yo soy capaz de cumplir el objetivo … cruzando las líneas que tengan que cruzar’”.

La organización internacional de derechos humanos asegura que no encontró evidencias de que comandantes militares hayan adoptado medidas para prevenir o sancionar los falsos positivos hasta el 2007. "En ese año, el comando general de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa emitieron varias directivas nuevas, incluida una de noviembre de 2007 que otorgó prioridad a las desmovilizaciones y detenciones por sobre las muertes en combate. No resulta claro en qué medida, si es que alguna, estas medidas consiguieron que los comandantes revirtieran sus prácticas. Ciertamente, no bastaron para detener los falsos positivos", señaló la ONG. 

Asimismo, las declaraciones de los altos oficiales sugieren que los soldados casi nunca eran investigados por la institución castrense por hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales. El general Suárez le contó a la Fiscalía que sólo podía recordar un caso “excepcional” de un miembro del Ejército que fue relevado de su cargo por un delito. El general Clavijo señaló que el general Pico Hernández —uno de los generales bajo investigación— era excesivamente permisivo con las brigadas de la Séptima División bajo su mando, y que cuando él fue nombrado comandante de la Cuarta Brigada en 2006,“faltaba control, había investigaciones quedadas con funcionarios de instrucción que no eran [competentes para abordarlas], unas que habían prescrito”.

Los altos mandos que declararon ante la Fiscalía sugirieron, según HRW, que los generales (r) Montoya y Pico Hernández podrían haber estado implicados en la destrucción de evidencias en las que se hacía presión por reportar bajas en combate y que habrían propiciado los falsos positivos. En el texto se relata cómo el general Salgado dijo a los fiscales en abril de 2008 que cuando él comandaba la Brigada XI del Ejército, el general Pico Hernández ordenó que las brigadas y batallones de la Séptima División incineraran copias de una directiva que establecía premios para los soldados que informaran el mayor número de bajas. Salgado dijo que esa no era la práctica habitual para derogar directivas, ni la prevista en las normas vigentes. También dijo estar “seguro” de que la orden provino del general Montoya, porque como comandante del Ejército era el único autorizado a derogar esa directiva.

El general Rodríguez Clavijo señaló que en 2008, cuando estaba al frente de la Brigada XVII, recibió la orden del general Pico Hernández de incinerar una directiva, aparentemente la misma que mencionó el general Salgado. Clavijo dijo que la orden le impactó, porque no cumplía con los “parámetros normales y de los reglamentos”. En marzo de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que había tenido acceso a un oficio militar reservado que evidenciaba que un “comandante del Ejército” había dado la orden de incinerar una directiva que establecía premios para los soldados que informaran altos números de muertes en combate.