Fiscal tenía derecho a pensión de invalidez, pero renunció a ella

En el marco de un proceso legal por demostrar al fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir que sufría de una discapacidad superior al 50 por ciento, por lo que tenía derecho a que se le restituyera la pensión de invalidez que le habían entregado años antes, la excongresista Viviane Morales fue elegida por el presidente de la República, Juan Manuel Santos para que hiciera parte de la terna fiscal.

Esto ocurrió a inicios de noviembre de 2010, en ese momento Morales Hoyos hacía el trámite de una apelación a Porvenir con el fin de que se revisará la decisión en la que se había “rectificado” su situación de discapacidad, la cual había ganado luego de que en 2002 se le diera la razón sobre su invalidez luego de perder su ojo izquierdo en una calamidad quirúrgica sufrida un año antes.

En esa solicitud, Morales Hoyos señalaba que la Junta Regional de Invalidez había certificado que sufría de una invalidez superior al 50 por ciento, hecho por el cual era merecedora por ley de una pensión la cual se tasaba teniendo en cuenta su sueldo y otros factores.

Sin embargo, en 2009 “en la Junta Regional de Invalidez recalificaron su situación y determinaron que sufría discapacidad del 38 por ciento y que no tenía ahora derecho a la pensión adquirida justamente años atrás. Ella apeló y se determinó que su invalidez era del 48 por ciento”, lo que afectaba todo el proceso de la pensión, reveló este viernes Gustavo Gómez en Caracol Radio.

Este hecho inició la disputa legal y técnica entre Morales Hoyos y la caja de compensación, sin embargo en ese momento ingresó a la terna para la Fiscalía General y Morales Hoyos se centró en la carrera para llegar a la dirección del ente acusador e investigador en Colombia.

El primero de diciembre de 2010 fue elegida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acto seguido Morales Hoyos renunció a la solicitud de revisión de su pensión de invalidez, pese a que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional en diferentes sentencias en la que manifestaban que aquellas personas que hubieran recibido certificado de invalidez superior al 50 por ciento, “podían recibir pensión de invalidez, a la que tienen derecho, y continuar trabajando”.

Y es que todo este hecho se desprende de los cuestionamientos presentados por el exministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos en un programa radial, en el que señaló que Morales Hoyos en 1996 “se hizo pagar una pensión de invalidez total y permanente con el sueldo de congresista”.

En 2010, señaló Hoyos valiéndose en una columna de opinión publicada el pasado martes en un diario nacional, en el cual se señalaba que Porvenir ganó la disputa legal que había presentado al momento de conocer la decisión jurídica que le daba dicha indemnización a Morales Hoyos.

“La doctora Morales pidió reposición en la junta, pero cuando le salió el nombramiento, milagrosamente, perdió su condición de inválida, sanó y renuncio a la reposición”, citó el exministro del Interior cuestionando seriamente la posición y la actuación legal de la Fiscal General en este caso.  

En el marco de un proceso legal por demostrar al fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir que sufría de una discapacidad superior al 50 por ciento, por lo que tenía derecho a que se le restituyera la pensión de invalidez que le habían entregado años antes, la excongresista Viviane Morales fue elegida por el presidente de la República, Juan Manuel Santos para que hiciera parte de la terna fiscal.

Esto ocurrió a inicios de noviembre de 2010, en ese momento Morales Hoyos hacía el trámite de una apelación a Porvenir con el fin de que se revisará la decisión en la que se había “rectificado” su situación de discapacidad, la cual había ganado luego de que en 2002 se le diera la razón sobre su invalidez luego de perder su ojo izquierdo en una calamidad quirúrgica sufrida un año antes.

En esa solicitud, Morales Hoyos señalaba que la Junta Regional de Invalidez había certificado que sufría de una invalidez superior al 50 por ciento, hecho por el cual era merecedora por ley de una pensión la cual se tasaba teniendo en cuenta su sueldo y otros factores.

Sin embargo, en 2009 “en la Junta Regional de Invalidez recalificaron su situación y determinaron que sufría discapacidad del 38 por ciento y que no tenía ahora derecho a la pensión adquirida justamente años atrás. Ella apeló y se determinó que su invalidez era del 48 por ciento”, lo que afectaba todo el proceso de la pensión, reveló este viernes Gustavo Gómez en Caracol Radio.

Este hecho inició la disputa legal y técnica entre Morales Hoyos y la caja de compensación, sin embargo en ese momento ingresó a la terna para la Fiscalía General y Morales Hoyos se centró en la carrera para llegar a la dirección del ente acusador e investigador en Colombia.

El primero de diciembre de 2010 fue elegida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acto seguido Morales Hoyos renunció a la solicitud de revisión de su pensión de invalidez, pese a que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional en diferentes sentencias en la que manifestaban que aquellas personas que hubieran recibido certificado de invalidez superior al 50 por ciento, “podían recibir pensión de invalidez, a la que tienen derecho, y continuar trabajando”.

Y es que todo este hecho se desprende de los cuestionamientos presentados por el exministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos en un programa radial, en el que señaló que Morales Hoyos en 1996 “se hizo pagar una pensión de invalidez total y permanente con el sueldo de congresista”.

En 2010, señaló Hoyos valiéndose en una columna de opinión publicada el pasado martes en un diario nacional, en el cual se señalaba que Porvenir ganó la disputa legal que había presentado al momento de conocer la decisión jurídica que le daba dicha indemnización a Morales Hoyos.

“La doctora Morales pidió reposición en la junta, pero cuando le salió el nombramiento, milagrosamente, perdió su condición de inválida, sanó y renuncio a la reposición”, citó el exministro del Interior cuestionando seriamente la posición y la actuación legal de la Fiscal General en este caso.