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La Fiscalía anunció la apertura de una indagación por 36 bloqueos en total que se adelantan en vías públicas en Bogotá y algunos corredores viales en la región del Magdalena Medio, así como en los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta. Como anticipó El Espectador, el ente investigador señaló que “actuará en el marco de sus competencias constitucionales y legales en los eventos en los cuales las manifestaciones sociales pierdan su naturaleza pacífica y entren a revestir la característica de delitos”.
El anuncio de la Fiscalía se da después de dos días de bloqueos instalados por parte de varios transportadores, quienes protestan por el aumento del precio de diésel en $1.904 por galón, una decisión adoptada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para hacerle frente a un posible aumento en el déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el precio del ACPM ha estado congelado por 56 meses, lo que ha generado un déficit de $1 billón mensual en promedio.
Según el ente de control dirigido por Luz Adriana Camargo, las indagaciones obedecen, principalmente, al “riesgo que puedan presentar estas acciones contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos y poblaciones que habitan estas regiones”, y quienes, además, utilizan las vías para su sustento, algunas de ellas hoy bloqueadas en razón del paro.
“La Fiscalía General de la Nación reconoce el derecho a la protesta pacífica e insta a los organizadores y participantes en estas jornadas a respetar, asimismo, los derechos fundamentales de las personas ajenas a las manifestaciones, tales como las garantías a la integridad física, la vida, la salud y a la libre locomoción (...) El derecho a protestar no autoriza la obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población”, precisó el ente investigador mediante una comunicación oficial.
Horas antes del pronunciamiento de la Fiscalía, durante la supervisión que se adelanta a la situación del paro desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño, donde han participado miembros del Ejecutivo, así como representantes de la Fiscalía, Jorge Meneses, delegado del ente investigador, dio las primeras luces de lo que podría ser la apertura de investigaciones a los transportadores que lideran los bloqueos, en caso de que sus acciones configuren algún delito.
El delegado del búnker, presente en el PMU, aseguró que en la medida en que a la Fiscalía “se le presente la persona a través de un informe de primer respondiente, o se abra una noticia criminal, tenemos la obligación constitucional para investigarlo”. El funcionario dejó en claro que, para avanzar en este procedimiento, es necesario adelantar una valoración conjunta (con autoridades con las que trabajan en el monitoreo del paro, como la Policía) de la información que se recibe respecto a acciones que puedan tratarse de delitos.
Entretanto, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, señaló que, si bien la protesta ha sido pacífica, se ha afectado la movilidad de niños, niñas, adultos mayores y, en general, personas de especial protección constitucional. Por esos motivos solicitó la garantía de los transportadores para permitir el paso.
De acuerdo con Marín, la Defensoría ha venido haciendo seguimiento al desarrollo del paro y determinó que Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Nariño, así como en Bogotá son los lugares de mayor concentración y donde la Fiscalía también puso la lupa. El monitoreo de la entidad también registró un total de 35 bloqueos en todo el país.
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