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La Fiscalía General investigará si en los más de 260 contratos que firmó la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, hubo irregularidades. El ente investigador delegó un grupo de fiscales de unidad anticorrupción para determinar si los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, de suscribir varios contratos hubo “indelicadezas”. Así lo afirmó el primer mandatario la semana pasada cuando argumentó la salida del cargo de la medallista olímpica junto a los exministros Alejandro Gaviria y Patricia Ariza.
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El 7 de marzo pasado, el presidente declaró como insubsistente a la exministra Urrutia, luego de conocerse que en el momento en que fue notificada sobre su salida de la cartera del Deporte, firmó una serie de contratos en tiempo récord, los cuales sumarían 21.000 millones de pesos. Andres Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, señaló que Urrutia pretendía dejar vinculadas a varias personas hasta diciembre de 2023 y que tenían contrato hasta abril de este año.
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En sus declaraciones a Caracol Radio el secretario Idárraga señaló que desde el primer día de 2023 y hasta el 6 de marzo del mismo año, la exministra del Deporte firmó contratos por un valor de 21 mil millones de pesos, y en la última semana se habrían adjudicado cerca de 16 mil millones, repartidos en 25 contratos.
“El Ministerio de Deporte desperdició dos meses de presupuesto, duplicando los objetos contractuales sobre la misma cantidad de contratistas (...) Eso podría tener a la luz de la norma un posible interés ilícito en la celebración de contratos y también podría originar una responsabilidad penal para quien ordenó el gasto y para todos los que participaron en la celebración del contrato”, mencionó el secretario.
Urrutia tiene una versión distinta de los hechos. Ella dice que “en el periodo comprendido entre el primero al cinco de marzo no hubo pronunciamiento alguno por parte de la Presidencia de la República relacionada con la renuncia presentada. Por lo tanto, fungí y ejercí las funciones de ministra del Deporte tanto administrativas y financieras, incluidas la de ordenadora de gastos. Toda vez que la administración pública, en este caso inherente al Ministerio, no se podía paralizar”.
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