Fiscalía analiza apertura de investigaciones en contra de promotores de bloqueos
Así lo dio a conocer Jorge Meneses, delegado de la Fiscalía, durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) que analiza la situación del paro de transportadores.
Los bloqueos generados por el paro de transportadores, quienes rechazan el aumento de precios de combustibles por $1.904, una estrategia del Ejecutivo para cubrir un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), ha derivado en la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento a la situación y donde han participado la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Durante la supervisión del paro, Jorge Meneses, delegado del ente investigador, señaló que se están analizando hechos que podrían configurar delitos, por lo que no se descarta abrir investigaciones contra los responsables de los bloqueos.
De acuerdo con el representante del ente de control, quien hace parte del grupo de investigaciones especiales y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), “la intervención que pueda tener la Fiscalía (se da) donde esté ocurriendo la característica de un delito, el daño en bien ajeno, donde los derechos fundamentales también se vean afectados”. De acuerdo con el funcionario, se están adelantando las valoraciones con “las entidades con las que nos estamos apoyando”, como la Policía, que está en las vías principales donde ocurren los bloqueos.
Según Meneses, es un deber constitucional, soportado en el artículo 250 de la Carta Política, el hecho de abrir investigaciones cuando la situación así lo exija. “Es una obligación que tiene la Fiscalía. Entendemos la problemática que hay con el paro en sí, y la idea es entrar a hacer una intervención de manera asertiva, entonces hay que entrar con diálogo y con las fuerzas que estén para garantizar el orden”, añadió el delegado del ente investigador.
Así mismo, el investigador presente en el PMU aseguró que en la medida que se presente un delito y que a la Fiscalía “se le presente la persona a través de un informe de primer respondiente, o se abra una noticia criminal, tenemos la obligación constitucional para investigarlo”. El funcionario dejó en claro que, para avanzar en este procedimiento, es necesario adelantar una valoración conjunta de la información que se recibe respecto a acciones que puedan configurar delitos.
Fuentes del ente investigador aseguran que hasta el momento no se han recibido denuncias formales sobre vulneraciones a los derechos humanos producto de los bloqueos y que, por ahora, se tienen identificados hechos particulares en los que podrían entrar a hacer indagaciones. No se descarta que, en las próximas horas, se dé un pronunciamiento sobre las acciones que tomará la Fiscalía respecto a quienes adelantan bloqueos en vías principales.
¿En qué van las negociaciones?
El encuentro entre transportadores y el Gobierno se mantuvo activo, con reclamos y quejas de los gremios y asociaciones por el alza del precio del diésel en $1.904, mientras que la posición del Ejecutivo fue más bien de escucha. La reunión, liderada por la ministra de Transporte, María Constanza García, contó con la participación de los jefes de las carteras de Hacienda y Energía, y la Defensoría del Pueblo.
El titular de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que escucharía las distintas posiciones. Por su parte, la nueva defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que, si bien la protesta ha sido pacífica, se ha afectado la movilidad de niños, niñas, adultos mayores y, en general, personas de especial protección constitucional. Así que solicitó la garantía de los transportadores para permitir el paso.
De acuerdo con Marín, la Defensoría ha venido haciendo seguimiento al desarrollo del paro y determinó que Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Nariño, así como en Bogotá son los lugares de mayor concentración. El monitoreo ha dado una serie de resultados en los que se destacan los 35 bloqueos en todo el país, “10 de los cuales son absolutos y no permiten el paso de alimentos, medicamentos, ambulancias y buses escolares. Otros 25 sí permiten el paso intermitente de 15 minutos (como uno de los bloqueos en Popayán en el sector parque industrial), de 30 minutos (como en el eje vial Samacá – Guachetá, Boyacá) o de hasta dos horas (como es el caso de Barbosa, Santander, en el Puente La Libertad)”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Los bloqueos generados por el paro de transportadores, quienes rechazan el aumento de precios de combustibles por $1.904, una estrategia del Ejecutivo para cubrir un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), ha derivado en la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacerle seguimiento a la situación y donde han participado la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Durante la supervisión del paro, Jorge Meneses, delegado del ente investigador, señaló que se están analizando hechos que podrían configurar delitos, por lo que no se descarta abrir investigaciones contra los responsables de los bloqueos.
De acuerdo con el representante del ente de control, quien hace parte del grupo de investigaciones especiales y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), “la intervención que pueda tener la Fiscalía (se da) donde esté ocurriendo la característica de un delito, el daño en bien ajeno, donde los derechos fundamentales también se vean afectados”. De acuerdo con el funcionario, se están adelantando las valoraciones con “las entidades con las que nos estamos apoyando”, como la Policía, que está en las vías principales donde ocurren los bloqueos.
Según Meneses, es un deber constitucional, soportado en el artículo 250 de la Carta Política, el hecho de abrir investigaciones cuando la situación así lo exija. “Es una obligación que tiene la Fiscalía. Entendemos la problemática que hay con el paro en sí, y la idea es entrar a hacer una intervención de manera asertiva, entonces hay que entrar con diálogo y con las fuerzas que estén para garantizar el orden”, añadió el delegado del ente investigador.
Así mismo, el investigador presente en el PMU aseguró que en la medida que se presente un delito y que a la Fiscalía “se le presente la persona a través de un informe de primer respondiente, o se abra una noticia criminal, tenemos la obligación constitucional para investigarlo”. El funcionario dejó en claro que, para avanzar en este procedimiento, es necesario adelantar una valoración conjunta de la información que se recibe respecto a acciones que puedan configurar delitos.
Fuentes del ente investigador aseguran que hasta el momento no se han recibido denuncias formales sobre vulneraciones a los derechos humanos producto de los bloqueos y que, por ahora, se tienen identificados hechos particulares en los que podrían entrar a hacer indagaciones. No se descarta que, en las próximas horas, se dé un pronunciamiento sobre las acciones que tomará la Fiscalía respecto a quienes adelantan bloqueos en vías principales.
¿En qué van las negociaciones?
El encuentro entre transportadores y el Gobierno se mantuvo activo, con reclamos y quejas de los gremios y asociaciones por el alza del precio del diésel en $1.904, mientras que la posición del Ejecutivo fue más bien de escucha. La reunión, liderada por la ministra de Transporte, María Constanza García, contó con la participación de los jefes de las carteras de Hacienda y Energía, y la Defensoría del Pueblo.
El titular de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que escucharía las distintas posiciones. Por su parte, la nueva defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que, si bien la protesta ha sido pacífica, se ha afectado la movilidad de niños, niñas, adultos mayores y, en general, personas de especial protección constitucional. Así que solicitó la garantía de los transportadores para permitir el paso.
De acuerdo con Marín, la Defensoría ha venido haciendo seguimiento al desarrollo del paro y determinó que Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Nariño, así como en Bogotá son los lugares de mayor concentración. El monitoreo ha dado una serie de resultados en los que se destacan los 35 bloqueos en todo el país, “10 de los cuales son absolutos y no permiten el paso de alimentos, medicamentos, ambulancias y buses escolares. Otros 25 sí permiten el paso intermitente de 15 minutos (como uno de los bloqueos en Popayán en el sector parque industrial), de 30 minutos (como en el eje vial Samacá – Guachetá, Boyacá) o de hasta dos horas (como es el caso de Barbosa, Santander, en el Puente La Libertad)”.
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