Durante el acto de conmemoración de los 19 años de Justicia y Paz, en el cual participaron la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, la titular del ente investigador hizo un balance de lo que ha significado la promulgación de esta ley en la Fiscalía y puso sobre la mesa “las deudas de este modelo con la sociedad”.
De acuerdo con Camargo, algunos de los principales temas que aun no han arrojado los resultados esperados son la investigaciones de los financiadores del paramilitarismo, así como la persecución de bienes con fines de reparación a las víctimas. Así mismo, según explicó la funcionaria durante un evento llevado a cabo en el centro de convenciones de Compensar, en Bogotá, tampoco se ha logrado avanzar en el “hallazgo e identificación de las víctimas de desaparición forzada”.
“Por esta razón, esta Fiscalía está fortaleciendo, al interior de la Dirección de Justicia Transicional, los grupos de trabajo respectivos con tres objetivos centrales: judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico, a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres”. Para la fiscal general, esta estrategia podría ser efectiva para “depurar un universo de más de 700 compulsas de copias” relacionadas con la financiación de grupos paramilitares a través de terceros.
En otro de los puntos mencionados, y con el fin de resolver los problemas relacionados con la persecución de bienes pertenecientes a exparamilitares, la titular del búnker mencionó que es necesario implementar nuevas estrategias para este ejercicio, con el fin de acelerar la “recolección de recursos para la indemnización de las víctimas del accionar armado, tanto de los grupos paramilitares, como de las FARC”.
Para esos efectos, Camargo dio algunas luces sobre cómo será el proceder del ente investigador: “Mediante el apoyo de inteligencia artificial para rastrear activos y cuentas que se hallan en paraísos fiscales (...) de manera que podamos atender a esa obligación a las víctimas y que los desmovilizados cumplan con la obligación de hacerlo. Se trata de nuevas fuentes de persecución de bienes, adicionales a las que hasta ahora se han realizado”.
En su tercer objetivo, de acuerdo con Camargo, actualmente se tiene en mente redefinir las funciones del grupo de búsqueda, entrega e identificación de personas desparecidas de la Fiscalía. “Creemos que se tiene que trabajar de manera muy armónica con las entidades que hacen parte del sistema nacional de búsqueda de personas desparecidas, entre ellas: los ministerios de Justicia e Interior, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Cifras destacadas de la ley de Justicia y Paz
Al recopilar cifras sobre los resultados de la ley de Justicia y Paz en los 19 años desde su promulgación, la fiscal Luz Adriana Camargo destacó que, en este tiempo, se han emitido 86 sentencias que incluyeron a 884 condenados. Bajo la ley 1424 de 2010, fueron condenadas 13.215 personas pertenecientes a las bases de los grupos paramilitares. Además, destacó que 10.158 desmovilizados siguen en espera de sentencias ante los jueces de la República y cerca de 3.000 procesos adicionales terminaron por otras causales.
Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también hizo presencia durante la conmemoración de la ley y fue enfático en señalar que “las víctimas siguen enfrentando dificultades” respecto a la reparación y la entrega de bienes. Para él, factores como el despojo de tierras y la insuficiencia estatal son uno de los motivos principales para estos retrasos.
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