Fiscalía anuncia investigación por presuntas irregularidades en dineros de salud

Luego de una extensa reunión, en la que participaron los organismos de control, citados por la Contraloría, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por los presuntos manejos irregulares de los recursos públicos de la salud en algunas EPS. El ente investigador anunció la conformación de un equipo de fiscales y peritos con el fin de conocer a profundidad qué ha pasado con los dineros.

Este equipo, asegura el ente investigador, estará conformado por un equipo especial de fiscales, expertos y peritos de la delegada para las Finanzas Criminales, delegada contra la Criminalidad Organizada y delegada para la Seguridad Territorial. Este grupo se encargará de adelantar una indagación sobre posibles inconsistencias en el manejo de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC) por parte de algunas entidades promotoras de salud. Este es el dinero que gira el Estado a las EPS para garantizar el Plan de Beneficios en Salud.

La reunión, en principio, se dio luego de la revisión que hizo la Contraloría sobre los estados financieros de las EPS en el país. Entre los hallazgos del ente de control fiscal, los cuales decidió socializar primero con los demás entes de control, se encontró que, al parecer, los dineros de la UPC se habrían gastado en otros asuntos y no en la atención de salud. De acuerdo con las pesquisas, entre 2020 y 2021, 18 EPS de 26 que hay en funcionamiento en Colombia, habrían gastado cerca de $9 billones en pagar multas, honorarios, compra de inmuebles y hasta uniformes.

“La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República”, añadió el ente investigador, al tiempo que anunció un trabajo articulado con la Contraloría y la Defensoría para hacer un seguimiento a la ruta de los recursos y en qué fueron utilizados.

El viernes pasado, durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para aclarar las dudas sobre la financiación del sector salud, el alto tribunal le cuestionó al gobierno Petro su aparente ineficiencia contra la corrupción que se estaría presentando al interior de este sistema. Así mismo, también consideran que ha faltado claridad en la información que han entregado. En la reunión se pusieron sobre la mesa las cifras y argumentos con los que en este momento se está distribuyendo el dinero del Estado para las EPS.

Para la Corte, no es claro cómo el Gobierno hace sus cálculos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la que definen el dinero que reparten para atender la salud de los colombianos. Aunque el Ejecutivo insiste en que el dinero alcanza para prestar el servicio y que el problema ha sido la administración de esos recursos por parte de las EPS, el ministro Jaramillo le dio la razón al alto tribunal de que es necesario que se revise la UPC e insistió en que los recursos estatales han sido destinados de manera correcta.

Sumado a esto, el magistrado José Fernando Reyes, quien se encargó de liderar la mesa técnica, aseguró que la Fiscalía y la Contraloría no estarían haciendo bien su trabajo a la hora de investigar irregularidades y posibles hechos de corrupción dentro del sistema, un problema que, según Reyes, es de vieja data. El llamado de atención fue tanto para el Gobierno como para los entes de control, lo cual se estaría viendo reflejado en los pocos avances judiciales que se están teniendo para castigar los posibles actos de corrupción.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Luego de una extensa reunión, en la que participaron los organismos de control, citados por la Contraloría, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por los presuntos manejos irregulares de los recursos públicos de la salud en algunas EPS. El ente investigador anunció la conformación de un equipo de fiscales y peritos con el fin de conocer a profundidad qué ha pasado con los dineros.

Este equipo, asegura el ente investigador, estará conformado por un equipo especial de fiscales, expertos y peritos de la delegada para las Finanzas Criminales, delegada contra la Criminalidad Organizada y delegada para la Seguridad Territorial. Este grupo se encargará de adelantar una indagación sobre posibles inconsistencias en el manejo de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC) por parte de algunas entidades promotoras de salud. Este es el dinero que gira el Estado a las EPS para garantizar el Plan de Beneficios en Salud.

La reunión, en principio, se dio luego de la revisión que hizo la Contraloría sobre los estados financieros de las EPS en el país. Entre los hallazgos del ente de control fiscal, los cuales decidió socializar primero con los demás entes de control, se encontró que, al parecer, los dineros de la UPC se habrían gastado en otros asuntos y no en la atención de salud. De acuerdo con las pesquisas, entre 2020 y 2021, 18 EPS de 26 que hay en funcionamiento en Colombia, habrían gastado cerca de $9 billones en pagar multas, honorarios, compra de inmuebles y hasta uniformes.

“La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República”, añadió el ente investigador, al tiempo que anunció un trabajo articulado con la Contraloría y la Defensoría para hacer un seguimiento a la ruta de los recursos y en qué fueron utilizados.

El viernes pasado, durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para aclarar las dudas sobre la financiación del sector salud, el alto tribunal le cuestionó al gobierno Petro su aparente ineficiencia contra la corrupción que se estaría presentando al interior de este sistema. Así mismo, también consideran que ha faltado claridad en la información que han entregado. En la reunión se pusieron sobre la mesa las cifras y argumentos con los que en este momento se está distribuyendo el dinero del Estado para las EPS.

Para la Corte, no es claro cómo el Gobierno hace sus cálculos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la que definen el dinero que reparten para atender la salud de los colombianos. Aunque el Ejecutivo insiste en que el dinero alcanza para prestar el servicio y que el problema ha sido la administración de esos recursos por parte de las EPS, el ministro Jaramillo le dio la razón al alto tribunal de que es necesario que se revise la UPC e insistió en que los recursos estatales han sido destinados de manera correcta.

Sumado a esto, el magistrado José Fernando Reyes, quien se encargó de liderar la mesa técnica, aseguró que la Fiscalía y la Contraloría no estarían haciendo bien su trabajo a la hora de investigar irregularidades y posibles hechos de corrupción dentro del sistema, un problema que, según Reyes, es de vieja data. El llamado de atención fue tanto para el Gobierno como para los entes de control, lo cual se estaría viendo reflejado en los pocos avances judiciales que se están teniendo para castigar los posibles actos de corrupción.

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