La Fiscalía tomó una decisión crucial acerca del expediente que cursaba contra dos funcionarios de la misma entidad por el presunto ocultamiento de información en el caso de la extradición a Estados Unidos de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. El ente investigador decidió archivar el proceso en contra de Ana Fabiola Castro, quien fuese directora de asuntos internacionales del ente de control, y del investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Javier Cárdenas, por estos hechos.
El caso tuvo su génesis tras una solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que pedía investigar a los ahora exfuncionarios por, al parecer, haber ocultado información de valor del caso del jefe guerrillero, lo que habría frenado en seco su extradición hacia el país norteamericano. Según lo expuesto por esa instancia de justicia transicional, la información requerida se pidió durante al menos ocho meses (entre el 26 de abril al 3 de diciembre de 2018), pero nunca se obtuvo una respuesta.
La JEP, para entonces, denunció que funcionarios de la Fiscalía omitieron “dar cumplimiento a órdenes judiciales que le exigían hacer entrega de información específica, incluidas las actas de legalización de interceptaciones y grabaciones, registros de cadena de custodia y órdenes de trabajo para el recaudo de las mismas”. En su momento, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción, aseguró que estas acciones minaron la credibilidad de la JEP.
Aun con todos estos elementos en mano, el ente investigador decidió dar por terminado el proceso contra los funcionarios Castro y Cárdenas. Para el ente de control, la exdirectora de asuntos internacionales “no podía disponer de la entrega de los elementos materiales probatorios que insistentemente reclamaba la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP, pues estos hacían parte de la investigación penal que adelantaban las autoridades norteamericanas” contra Jesús Santrich.
“La doctora Castro cumplió todos los requerimientos hechos por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz de la JEP y la Corte Constitucional con base en las normas nacionales e internacionales que la regulaban, así como del material con el que ella contaba en el expediente de extradición referido”, precisó el ente investigador. Respecto al investigador Javier Cárdenas, la Fiscalía señaló que, efectivamente, dio trámite a los requerimientos de la JEP, más precisamente en octubre de 2018.
La Fiscalía fue más allá, en el caso de Castro, y señaló que la funcionaria “no contaba con la facultad legal de hacer entrega de los elementos materiales probatorios obtenidos en virtud de la asistencia judicial solicitada por el Agregado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, pues estos estaban bajo la disposición y custodia del país requirente”.
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