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La Fiscalía informó, a través de un comunicado, que en un operativo de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico en conjunto con la DIJÍN de la Policía Nacional, fue impactada una red de tráfico de estupefacientes que se dedicaba a enviar cocaína en las lanchas rápidas con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica. En el operativo fueron incautados 85 millones de pesos en efectivo, 12 cartuchos, un arma de fuego y pasta base de coca.
En el procedimiento se logró la captura de nueve integrantes de la organización ilegal, en Medellín, Bello y San Rafael (Antioquia). Los sindicatos, también, serían los responsables de distribuir grandes cargamentos de cocaína en Medellín que adquirían en Cauca y Nariño. Gran parte de los narcóticos eran trasladadas a las costas del Golfo de Urabá para luego trasladarse a Costa Rica y Estados Unidos.
La institución también informó que la red era la encargada de abastecer a los grupos delincuenciales ‘Los Chatas’, ‘Robledo’ y ‘El Mesa’, que se disputan el control territorial en Antioquia con la banda criminal Los Pachelly. En Bello, la banda El Mesa dejó sin vida a 236 personas entre el 10 de febrero de 2019 y el 2 de octubre de 2020 y ha consolidado su poder en Bogotá, Soacha y Tunja.
“Estas personas pertenecen a una organización delincuencial que desde el 22 de marzo hasta el 23 de mayo de 2024 se vienen concertando para adquirir base de cocaína en los municipios de Nóvita (Chocó), Suárez (Cauca) y Palmar (Nariño), los cuales transportan en vía terrestre en motocicletas de alto cilindraje hacia los municipios de Doradal, El Peñon y Medellín, donde en laboratorios clandestinos se procesa a clorhidrato de cocaína para distribuir localmente y trasnacional”, informó la fiscal del caso.
De acuerdo con la Fiscalía, esta estructura criminal se encargaba de coordinar la producción y transporte de la cocaína, hasta la articulación de la comercialización interna y a destinos internacionales. Por ende, se toma la decisión de imputar los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos.
Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 34 bienes muebles e inmuebles, que pertenecerían a integrantes de la estructura criminal y que ascienden al valor de 8.407 millones de pesos.
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