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La Fiscalía General acaba de anunciar que citará a declarar al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas; el vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, y a los demás altos funcionarios, para que ratifiquen una serie de denuncias sobre irregularidades en esta entidad del gobierno que administra los bienes incautados a las mafias en Colombia.
La citación se hace para que bajo la gravedad de juramento “entreguen información frente a los hechos denunciados por el señor Rojas, con relación a presuntos hechos de corrupción al interior de la SAE, tal y como lo afirmó en la rueda de prensa del 13 de octubre de 2022. De igual manera, la Fiscalía General en el marco de sus competencias seguirá investigando los hechos denunciados en esta entidad”, señaló el ente investigador.
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En octubre de 2022, la Fiscalía y la SAE anunciaron que se iba a instalar una mesa de trabajo para adelantar las investigaciones de presunta corrupción en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad. En ese momento, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía reconstruir el inventario de propiedades a cargo de la entidad.
Tras esa petición, el fiscal general Francisco Barbosa, Petro y Rojas ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron del manejo de estos bienes y anunciaron la entrega de más de 60.000 hectáreas de tierra fértil con derechos de cambio de uso.
#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación. pic.twitter.com/Z3AP6ot7cT
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 19, 2023
El fiscal Barbosa destacó en esa oportunidad que se adelantó de una trazabilidad de bienes entregados a la institución que dirige, que según dijo son “bienes que se le han incautado y se le han impuesto medidas cautelares a la mafia”, por lo que su uso es “para beneficio de la gente”. En un primer ejercicio, destacó el fiscal, se han entregado 19.587 bienes entre rurales, urbanos, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio, dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves y embarcaciones.
“Si encontramos circunstancias que impliquen inicio de procesos penales por algún tipo de hecho que sea constitutivo de delito, nosotros adelantaremos esto en el marco este grupo especial de investigación”, manifestó el fiscal, quien estimó en $25,7 billones el monto de los bienes incautados.
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