Fiscalía confirma que hay bandas criminales buscando someterse a la justicia

Gran revuelo ha generado la propuesta del fiscal general Eduardo Montealegre de un proyecto para facilitar el sometimiento a la justicia de bandas criminales. Sobre todo porque trae a la memoria ese capítulo –aún sin esclarecer– de la propuesta de sometimiento que en 2011 le hicieron los jefes de varias de estas estructuras delincuenciales al presidente Juan Manuel Santos. En entrevista con este diario, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo se refirió a este proyecto y a la necesidad de tener una estrategia unificada de lucha contra el crimen organizado para hacerle frente no solo a estos grupos delincuenciales sino también a la posibilidad de que, tras un acuerdo de paz con las Farc, algunos guerrilleros decidan no desmovilizarse y pasen a alguna banda criminal.

¿Cuál es el denominado proyecto para el sometimiento de las bandas criminales?

Estamos pensando en una estrategia unificada de lucha contra el crimen organizado. Creemos que es necesario que el Estado y la Fiscalía tengan un plan de lucha pensado a cinco años. Esto resulta del posible proceso de paz. Si lo hay, puede pasar lo que sucedió con la desmovilización de los paramilitares, que entre el 10% y 20% se rearmen en bandas delincuenciales que hoy llamamos bacrim. No sabemos si todos los guerrilleros se desmovilicen. La experiencia internacional dice que hasta un 20% se dedica a delinquir. Tenemos que esta preparados con suficiencia para estas luchas.

¿Pero eso no se había pensado desde que empezaron a aparecer las bacrim y la Fiscalía planteó una estrategia?

Con la desmovilización de los paramilitares se empezaron a estructurar 33 bandas criminales. Ya todas desarticuladas menos los Urabeños –hoy Clan Úsuga–, Rastrojos y Erpac. La lucha contra éstas ha sido exitosa porque desde los dos años y medio que llevamos en la Fiscalía se han capturado y judicializado más de 2.000 integrantes de bandas criminales. Pero hemos advertido que nos faltan instrumentos jurídicos porque el sistema penal está montado sobre la base de la judicialización individual. Cuando un proceso se da con más de 10 personas –como el caso Interbolsa– se convierte en un galimatías que nadie entiende. Las audiencias se demoran tres semanas. Eso aplicado al crimen organizado es sumamente complicado.

¿Qué los llevó a pensar en esta situación?

La experiencia que nos abrió los ojos fue la desmovilización y sometimiento de las Erpac. Siguen siendo una banda criminal. Pero, en el 2011, 270 personas quisieron someterse a la justicia. Al final de cuentas, si se mira el balance es realmente pobre porque pocos quedaron privados de la libertad. Muchos salieron libres porque ni siquiera teníamos información de que pertenecían a bandas criminales y eran desconocidos. Los instrumentos del Código de Procedimiento Penal no permiten que tengamos herramientas para judicializar colectivamente miembros de las bacrim.

¿Cuáles son las nuevas herramientas que proponen?

Queremos aprovechar que desde hace dos años hemos venido pensando una reforma a la Ley 906 (Código Penal) y queremos tener un capítulo que se dedique al sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. No se trata de una negociación ni justicia transicional, ni del reconocimiento de esas organizaciones como actores políticos o insurgentes. Es el sometimiento del crimen organizado y de la delincuencia común. Necesitamos que el Código tenga herramientas que nos permitan someter colectivamente.

Eso no existe…

Exacto. Hoy en día, por ejemplo, cuando se captura a una persona se tienen 36 horas para legalizarla. Pero si se capturan 250 personas tendría ese tiempo y eso no sería posible. Eso ya pasó con las Erpac porque no se les legalizó a tiempo la captura. Cuando llegaron a muchos no los conocían y en el sistema actual no es suficiente que alguien diga que es delincuente para judicializarlo. Se necesitan las pruebas y la investigación porque la sola confesión no sirve.

¿Cómo articular esta propuesta?

Son dos etapas. Una es el acercamiento y la otra la de judicialización. En la primera se trata que las organizaciones delincuenciales tendrán que solicitárselo por escrito al fiscal general, quien valorará la conveniencia jurídica y política de ese sometimiento, porque es posible que al Estado no le interese sino que los quiere acabar militarmente.

Es para evitar la situación que se presentó con el presidente Juan Manuel Santos y algunos de sus asesores a quienes les llegó la propuesta de que unos narcotraficantes querían someterse a la justicia…

Ellos se lo presentaron al gobierno y no a la Fiscalía, el ente que los investiga y procesa. La idea es que ellos se acerquen a través del fiscal general, quien delegará en un funcionario o en una comisión la potestad para realizar las conversaciones. Esto tiene una logística muy grande porque no sólo son acercamientos sino que hay sometimiento bajo condiciones. Por ejemplo, ser recluidos en determinados sitios y condiciones específicas. No es negociación sino sometimiento, pero obvio se tendrán que llegar acuerdos sobre la forma en la que se debe hacer el proceso.

¿Qué funciones va a tener el fiscal delegado?

Para adelantar el proceso se debe identificar plenamente la estructura, cuántos hombres se van a someter, conocer su identidad y confirmar si no son personas que se quieran colar en un proceso de sometimiento como un narcotraficante. No será un solo fiscal sino una delegación. Se quiere regular que se puedan suspender, por ejemplo, ordenes de captura para que se hagan los acercamientos con las personas que las organizaciones deleguen. También está previsto que se conozca cuáles son las víctimas, identificarlas y puedan participar en estos procesos.

Pero, ¿cómo identificar si un narcotraficante va a desmontar su estructura o es un colado?

No necesariamente tiene que haber diferencia, porque un narcotraficante se puede someter. De hecho eso es lo que hacen los norteamericanos en sus investigaciones es someterlos a todos. Esos acercamientos tienen como objetivo los delitos que sean aceptados colectivamente por los miembros de la organización. Podríamos llegar a encontrar que estas personas nos digan que son culpables de delitos que nosotros no teníamos investigados. También, esto va a implicar beneficios pero solo son los que contempla la ley, no vamos a proponer ninguno nuevo. Esos son principios de oportunidad y preacuerdos si ayudan a desvertebrar otras organizaciones. Es hacer procesos macro en los que un fiscal pueda reunirse con estas personas con herramientas jurídicas que se lo permitan, porque actualmente eso es ilegal.

¿Qué delitos van a contemplar?

Todos. Siempre se puede negociar. Nosotros nos preparamos porque a la Fiscalía ha llegado información de que hay interés de algunos paramilitares de entregar grupos de bacrim. Hay que ser ingeniosos para solventar problemas que ya tuvimos con el Erpac y porque es una estrategia a futuro. Si hay proceso de paz hay que estar fortalecidos porque todo se va a convertir en crimen organizado.

¿Qué falta para formalizar el proceso?

Hay que establecer mecanismos de cooperación interinstitucional para lograr las judicializaciones porque habrá que tener defensores de oficio, procuradores, seguridad para todos los implicados en el proceso. Se prevé la posibilidad de hacer audiencias colectivas.

Pero esas audiencias colectivas y las macro sentencias son las que han rechazado corporaciones como los Tribunales de justicia y Paz porque no hay responsabilidades individuales…

Es que esto es un proceso normal, la idea es que un solo abogado pueda tener la representación de 200 personas y que esa audiencia colectiva no implique la presencia de todas las procesadas. Es un tema hasta de logística. Sería muy importante que en tres días se pudiera realizar una imputación en tres días y someter a 200 personas. En estos momentos es imposible porque nos demoraríamos hasta cinco meses.

¿Cuáles serían las penas de estas personas?

Las que están en el código. Sólo tendrán las rebajas de ley. Es decir, si usted acepta cargos tiene rebaja hasta del 50%.

Pero qué tan viable es que una persona se someta a la justicia si sabe que se expone a penas de varios años de prisión...

Eso es precisamente lo que pasó con las Erpac. Ellos se sometieron porque los tenemos acorralados. Las grandes bacrim están acorraladas. Este año nos propusimos desarticular cuatro y ya van dos. Eso no significa que vaya a acabar el crimen organizado, pero si nos permite tener estrategias de judicialización colectivas. Es sometimiento.

Y el tema de la extradición…

Es un tema complicado políticamente pero no jurídicamente por la forma en que funciona la extradición. Cuando una persona está solicitada, no significa que vaya a ser extraditada inmediatamente. La Corte Suprema de Justicia conceptúa sobre si debe irse o no y quien decide es el presidente. Y en ningún caso es vinculante la decisión de la Corte con la del presidente.

¿Qué costo político tendría esta ley a nivel internacional?

Ninguno.

¿Qué piensa el gobierno de EE.UU.?

Está totalmente informado y de acuerdo con que existan estas herramientas. Han hecho algunas recomendaciones porque esto es lo que ellos hacen. Es como nosotros salimos de la idea de la negociación individual. Va a ser lo mismo pero esto nos permitirá identificar a personas que aún estén en la clandestinidad y que la Fiscalía no supiera que estaban delinquiendo.

¿Esto abriría la puerta para debatir sobre la extradición en Colombia?

No, porque no se sabe si estén pedidos en extradición. En tal caso, eso podría llegar a ser parte de las conversaciones. Ya será el Estado el que decida si se va o no.

¿Cómo evitar que grandes capos terminen negociando con EE.UU y reciban penas más laxas que las colombianas?

Eso es lo que se busca. Aquí no estamos acostumbrados a la negociación y para hacernos la vida más fácil, se los entregamos a otros países para que negocien ellos, cando los problemas están acá. Queremos fomentar la cultura de la justicia negociada y concertada.

¿Cómo enfrentar las alianzas entre bacrim y guerrilla?

No se puede decir que la delincuencia organizada se circunscriba a bandas criminales, narcotráfico o al terrorismo. Está comprobado que hay unión de formas de delincuencia y por eso, no vale la pena caracterizarla porque al final de cuentas muchos grupos guerrilleros trabajan con paramilitares y las bacrim se aprovechan de las redes de narcotráfico. Aquí la idea es facilitarle a la justicia el sometimiento de grandes grupos.

¿Cómo quitarle bienes y reparar a las víctimas? ¿Eso será una obligación?

La idea es que cuando se sometan estas estructuras, se pueda hablar del desmantelamiento económico ya sea con información o entrega de bienes. Es posible que después de estos acercamientos la Fiscalía diga que no le interesa porque ellos lo pueden ver como una negociación y no un sometimiento. Hay que establecer los instrumentos para evitar que se mande una carta al presidente y él se valga de un alto consejero para realizar esta acción. También para evitar que aparezcan personas con intereses. Por eso es que se tiene que acudir a la Fiscalía para evitar que personas terminen enredadas en temas políticos y no jurídicos.

¿Cómo lograr desmantelar toda la estructura?

Por ejemplo en el caso del Clan Úsuga a nosotros no nos interesa que nos entreguen 2.000 o 2.500 personas. Tal vez si cogemos a cinco se acaba la cosa. Esos cinco son importantes y tal vez ellos quieran entrar en un proceso e sometimiento concertado. Una cosa es que lo capturen, otra que se entregue y otra que digan que se van a entregar bajo una serie de condiciones. Por eso hay que armar un marco legal. Si se entregan esos cinco o diez se acaba la cosa.

¿Hay propuesta de sometimiento en este momento?

Sí.

¿De qué Bacrim?

No sé pueden decir.

Gran revuelo ha generado la propuesta del fiscal general Eduardo Montealegre de un proyecto para facilitar el sometimiento a la justicia de bandas criminales. Sobre todo porque trae a la memoria ese capítulo –aún sin esclarecer– de la propuesta de sometimiento que en 2011 le hicieron los jefes de varias de estas estructuras delincuenciales al presidente Juan Manuel Santos. En entrevista con este diario, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo se refirió a este proyecto y a la necesidad de tener una estrategia unificada de lucha contra el crimen organizado para hacerle frente no solo a estos grupos delincuenciales sino también a la posibilidad de que, tras un acuerdo de paz con las Farc, algunos guerrilleros decidan no desmovilizarse y pasen a alguna banda criminal.

¿Cuál es el denominado proyecto para el sometimiento de las bandas criminales?

Estamos pensando en una estrategia unificada de lucha contra el crimen organizado. Creemos que es necesario que el Estado y la Fiscalía tengan un plan de lucha pensado a cinco años. Esto resulta del posible proceso de paz. Si lo hay, puede pasar lo que sucedió con la desmovilización de los paramilitares, que entre el 10% y 20% se rearmen en bandas delincuenciales que hoy llamamos bacrim. No sabemos si todos los guerrilleros se desmovilicen. La experiencia internacional dice que hasta un 20% se dedica a delinquir. Tenemos que esta preparados con suficiencia para estas luchas.

¿Pero eso no se había pensado desde que empezaron a aparecer las bacrim y la Fiscalía planteó una estrategia?

Con la desmovilización de los paramilitares se empezaron a estructurar 33 bandas criminales. Ya todas desarticuladas menos los Urabeños –hoy Clan Úsuga–, Rastrojos y Erpac. La lucha contra éstas ha sido exitosa porque desde los dos años y medio que llevamos en la Fiscalía se han capturado y judicializado más de 2.000 integrantes de bandas criminales. Pero hemos advertido que nos faltan instrumentos jurídicos porque el sistema penal está montado sobre la base de la judicialización individual. Cuando un proceso se da con más de 10 personas –como el caso Interbolsa– se convierte en un galimatías que nadie entiende. Las audiencias se demoran tres semanas. Eso aplicado al crimen organizado es sumamente complicado.

¿Qué los llevó a pensar en esta situación?

La experiencia que nos abrió los ojos fue la desmovilización y sometimiento de las Erpac. Siguen siendo una banda criminal. Pero, en el 2011, 270 personas quisieron someterse a la justicia. Al final de cuentas, si se mira el balance es realmente pobre porque pocos quedaron privados de la libertad. Muchos salieron libres porque ni siquiera teníamos información de que pertenecían a bandas criminales y eran desconocidos. Los instrumentos del Código de Procedimiento Penal no permiten que tengamos herramientas para judicializar colectivamente miembros de las bacrim.

¿Cuáles son las nuevas herramientas que proponen?

Queremos aprovechar que desde hace dos años hemos venido pensando una reforma a la Ley 906 (Código Penal) y queremos tener un capítulo que se dedique al sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. No se trata de una negociación ni justicia transicional, ni del reconocimiento de esas organizaciones como actores políticos o insurgentes. Es el sometimiento del crimen organizado y de la delincuencia común. Necesitamos que el Código tenga herramientas que nos permitan someter colectivamente.

Eso no existe…

Exacto. Hoy en día, por ejemplo, cuando se captura a una persona se tienen 36 horas para legalizarla. Pero si se capturan 250 personas tendría ese tiempo y eso no sería posible. Eso ya pasó con las Erpac porque no se les legalizó a tiempo la captura. Cuando llegaron a muchos no los conocían y en el sistema actual no es suficiente que alguien diga que es delincuente para judicializarlo. Se necesitan las pruebas y la investigación porque la sola confesión no sirve.

¿Cómo articular esta propuesta?

Son dos etapas. Una es el acercamiento y la otra la de judicialización. En la primera se trata que las organizaciones delincuenciales tendrán que solicitárselo por escrito al fiscal general, quien valorará la conveniencia jurídica y política de ese sometimiento, porque es posible que al Estado no le interese sino que los quiere acabar militarmente.

Es para evitar la situación que se presentó con el presidente Juan Manuel Santos y algunos de sus asesores a quienes les llegó la propuesta de que unos narcotraficantes querían someterse a la justicia…

Ellos se lo presentaron al gobierno y no a la Fiscalía, el ente que los investiga y procesa. La idea es que ellos se acerquen a través del fiscal general, quien delegará en un funcionario o en una comisión la potestad para realizar las conversaciones. Esto tiene una logística muy grande porque no sólo son acercamientos sino que hay sometimiento bajo condiciones. Por ejemplo, ser recluidos en determinados sitios y condiciones específicas. No es negociación sino sometimiento, pero obvio se tendrán que llegar acuerdos sobre la forma en la que se debe hacer el proceso.

¿Qué funciones va a tener el fiscal delegado?

Para adelantar el proceso se debe identificar plenamente la estructura, cuántos hombres se van a someter, conocer su identidad y confirmar si no son personas que se quieran colar en un proceso de sometimiento como un narcotraficante. No será un solo fiscal sino una delegación. Se quiere regular que se puedan suspender, por ejemplo, ordenes de captura para que se hagan los acercamientos con las personas que las organizaciones deleguen. También está previsto que se conozca cuáles son las víctimas, identificarlas y puedan participar en estos procesos.

Pero, ¿cómo identificar si un narcotraficante va a desmontar su estructura o es un colado?

No necesariamente tiene que haber diferencia, porque un narcotraficante se puede someter. De hecho eso es lo que hacen los norteamericanos en sus investigaciones es someterlos a todos. Esos acercamientos tienen como objetivo los delitos que sean aceptados colectivamente por los miembros de la organización. Podríamos llegar a encontrar que estas personas nos digan que son culpables de delitos que nosotros no teníamos investigados. También, esto va a implicar beneficios pero solo son los que contempla la ley, no vamos a proponer ninguno nuevo. Esos son principios de oportunidad y preacuerdos si ayudan a desvertebrar otras organizaciones. Es hacer procesos macro en los que un fiscal pueda reunirse con estas personas con herramientas jurídicas que se lo permitan, porque actualmente eso es ilegal.

¿Qué delitos van a contemplar?

Todos. Siempre se puede negociar. Nosotros nos preparamos porque a la Fiscalía ha llegado información de que hay interés de algunos paramilitares de entregar grupos de bacrim. Hay que ser ingeniosos para solventar problemas que ya tuvimos con el Erpac y porque es una estrategia a futuro. Si hay proceso de paz hay que estar fortalecidos porque todo se va a convertir en crimen organizado.

¿Qué falta para formalizar el proceso?

Hay que establecer mecanismos de cooperación interinstitucional para lograr las judicializaciones porque habrá que tener defensores de oficio, procuradores, seguridad para todos los implicados en el proceso. Se prevé la posibilidad de hacer audiencias colectivas.

Pero esas audiencias colectivas y las macro sentencias son las que han rechazado corporaciones como los Tribunales de justicia y Paz porque no hay responsabilidades individuales…

Es que esto es un proceso normal, la idea es que un solo abogado pueda tener la representación de 200 personas y que esa audiencia colectiva no implique la presencia de todas las procesadas. Es un tema hasta de logística. Sería muy importante que en tres días se pudiera realizar una imputación en tres días y someter a 200 personas. En estos momentos es imposible porque nos demoraríamos hasta cinco meses.

¿Cuáles serían las penas de estas personas?

Las que están en el código. Sólo tendrán las rebajas de ley. Es decir, si usted acepta cargos tiene rebaja hasta del 50%.

Pero qué tan viable es que una persona se someta a la justicia si sabe que se expone a penas de varios años de prisión...

Eso es precisamente lo que pasó con las Erpac. Ellos se sometieron porque los tenemos acorralados. Las grandes bacrim están acorraladas. Este año nos propusimos desarticular cuatro y ya van dos. Eso no significa que vaya a acabar el crimen organizado, pero si nos permite tener estrategias de judicialización colectivas. Es sometimiento.

Y el tema de la extradición…

Es un tema complicado políticamente pero no jurídicamente por la forma en que funciona la extradición. Cuando una persona está solicitada, no significa que vaya a ser extraditada inmediatamente. La Corte Suprema de Justicia conceptúa sobre si debe irse o no y quien decide es el presidente. Y en ningún caso es vinculante la decisión de la Corte con la del presidente.

¿Qué costo político tendría esta ley a nivel internacional?

Ninguno.

¿Qué piensa el gobierno de EE.UU.?

Está totalmente informado y de acuerdo con que existan estas herramientas. Han hecho algunas recomendaciones porque esto es lo que ellos hacen. Es como nosotros salimos de la idea de la negociación individual. Va a ser lo mismo pero esto nos permitirá identificar a personas que aún estén en la clandestinidad y que la Fiscalía no supiera que estaban delinquiendo.

¿Esto abriría la puerta para debatir sobre la extradición en Colombia?

No, porque no se sabe si estén pedidos en extradición. En tal caso, eso podría llegar a ser parte de las conversaciones. Ya será el Estado el que decida si se va o no.

¿Cómo evitar que grandes capos terminen negociando con EE.UU y reciban penas más laxas que las colombianas?

Eso es lo que se busca. Aquí no estamos acostumbrados a la negociación y para hacernos la vida más fácil, se los entregamos a otros países para que negocien ellos, cando los problemas están acá. Queremos fomentar la cultura de la justicia negociada y concertada.

¿Cómo enfrentar las alianzas entre bacrim y guerrilla?

No se puede decir que la delincuencia organizada se circunscriba a bandas criminales, narcotráfico o al terrorismo. Está comprobado que hay unión de formas de delincuencia y por eso, no vale la pena caracterizarla porque al final de cuentas muchos grupos guerrilleros trabajan con paramilitares y las bacrim se aprovechan de las redes de narcotráfico. Aquí la idea es facilitarle a la justicia el sometimiento de grandes grupos.

¿Cómo quitarle bienes y reparar a las víctimas? ¿Eso será una obligación?

La idea es que cuando se sometan estas estructuras, se pueda hablar del desmantelamiento económico ya sea con información o entrega de bienes. Es posible que después de estos acercamientos la Fiscalía diga que no le interesa porque ellos lo pueden ver como una negociación y no un sometimiento. Hay que establecer los instrumentos para evitar que se mande una carta al presidente y él se valga de un alto consejero para realizar esta acción. También para evitar que aparezcan personas con intereses. Por eso es que se tiene que acudir a la Fiscalía para evitar que personas terminen enredadas en temas políticos y no jurídicos.

¿Cómo lograr desmantelar toda la estructura?

Por ejemplo en el caso del Clan Úsuga a nosotros no nos interesa que nos entreguen 2.000 o 2.500 personas. Tal vez si cogemos a cinco se acaba la cosa. Esos cinco son importantes y tal vez ellos quieran entrar en un proceso e sometimiento concertado. Una cosa es que lo capturen, otra que se entregue y otra que digan que se van a entregar bajo una serie de condiciones. Por eso hay que armar un marco legal. Si se entregan esos cinco o diez se acaba la cosa.

¿Hay propuesta de sometimiento en este momento?

Sí.

¿De qué Bacrim?

No sé pueden decir.