Fiscalía congela 11 propiedades del gobernador Carlos Caicedo y exalcalde Rafael Martínez

La Fiscalía inició un proceso extinción de dominio contra 11 propiedades del gobernador del Magdalena y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez. Según informó el ente investigador, por el proceso que se adelanta contra ambos por el presunto delito de peculado, se impusieron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los bienes. Esto quiere decir que ni Caicedo ni Martínez podrán vender sus predios, apartamentos y locales porque se presume que fueron comprados con dineros públicos que, al parecer, se apropiaron de manera ilegal.

(Lea también: “Es una canallada”: Carlos Caicedo sobre investigación por homicidio de estudiante)

A Caicedo y Martínez, además, se les suspendió el poder de disponer sobre estos bienes, avaluados, dice la Fiscalía, en unos $766 millones. Se trata de dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad (Atlántico); así como dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena), aseguró el ente investigador en un comunicado. Al parecer, todos fueron adquiridos por los líderes regionales con dineros que se habrían apropiado mientras Caicedo fue alcalde (2012 y 2015) y luego cuando Martínez lo sucedió (2016-2019).

La Fiscalía en este caso reprocha contratos que suscribieron ambos desde esos cargos y que les habrían representado una renta ilícita de $4.129 millones. Esta cuantiosa suma sería “producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, sólo uno fue terminado”, señaló el ente investigador. Y, si bien ya se impusieron las medidas cautelares sobre los bienes de Caicedo y Martínez ante Oficina de Instrumentos Públicos, los bienes “serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del COVID-19”.

(Le puede interesar: Tumban sanción contra exalcalde Carlos Caicedo, pero proceso sigue abierto)

Además de este caso, Caicedo y Martínez tienen otros problemas judiciales en los que siempre se han declarado inocentes y atribuyen a ataques políticos. Por ejemplo, en abril del año pasado, la Procuraduría sancionó al hoy gobernador del Magdalena y le prohibió ejercer cargos públicos por 12 años por irregularidades en la adjudicación de un contrato de pozos profundos de agua en Santa Marta. Esa decisión luego la tumbó en segunda instancia el propio Ministerio Público en marzo de este año, pero advirtió que el proceso sigue en una etapa de calificación y valoración.

Asimismo, Martínez fue suspendido por la Procuraduría en 2017 por participar en política luego de que el Ministerio Público reprochara una serie de tweets en los que el entonces alcalde de Santa Marta apoyaba las aspiraciones presidenciales de Caicedo. Pero quizá el caso más grave contra el gobernador es una investigación penal por su supuesta participación del homicidio del estudiante de la Universidad del Magdalena, Hugo Elías Maduro Rodríguez, ocurrido en mayo del 2000. El homicidio por la muerte del joven, perpetrado por miembros del grupo de los “Urbanos de Santa Marta” de las Autodefensas Unidas de Colombia, “habría sido ordenado (por Caicedo) como consecuencia de las denuncias por corrupción al interior de la institución educativa interpuestas por Maduro Rodríguez”, asegura la Fiscalía.

El abogado de Caicedo y Martínez en este caso, Iván Cancino, se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía, que llamó “una irregularidad más”. Anunció, por ejemplo, que va a demostrar que sus clientes no infringieron la ley y que “los pocos bienes” de los líderes políticos han sido adquiridos por medios lícitos y llamó un “contrasentido” el anuncio del ente investigador porque el delito que les imputó a los exalcaldes es el de peculado en favor de terceros. Es decir, que según con las pesquisas ellos no se quedaron con el dinero que ahora la entidad asegura que utilizaron para comprar propiedades.

La Fiscalía inició un proceso extinción de dominio contra 11 propiedades del gobernador del Magdalena y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Martínez. Según informó el ente investigador, por el proceso que se adelanta contra ambos por el presunto delito de peculado, se impusieron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre los bienes. Esto quiere decir que ni Caicedo ni Martínez podrán vender sus predios, apartamentos y locales porque se presume que fueron comprados con dineros públicos que, al parecer, se apropiaron de manera ilegal.

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A Caicedo y Martínez, además, se les suspendió el poder de disponer sobre estos bienes, avaluados, dice la Fiscalía, en unos $766 millones. Se trata de dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad (Atlántico); así como dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena), aseguró el ente investigador en un comunicado. Al parecer, todos fueron adquiridos por los líderes regionales con dineros que se habrían apropiado mientras Caicedo fue alcalde (2012 y 2015) y luego cuando Martínez lo sucedió (2016-2019).

La Fiscalía en este caso reprocha contratos que suscribieron ambos desde esos cargos y que les habrían representado una renta ilícita de $4.129 millones. Esta cuantiosa suma sería “producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales, sólo uno fue terminado”, señaló el ente investigador. Y, si bien ya se impusieron las medidas cautelares sobre los bienes de Caicedo y Martínez ante Oficina de Instrumentos Públicos, los bienes “serán ocupados una vez termine el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional con motivo del COVID-19”.

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Asimismo, Martínez fue suspendido por la Procuraduría en 2017 por participar en política luego de que el Ministerio Público reprochara una serie de tweets en los que el entonces alcalde de Santa Marta apoyaba las aspiraciones presidenciales de Caicedo. Pero quizá el caso más grave contra el gobernador es una investigación penal por su supuesta participación del homicidio del estudiante de la Universidad del Magdalena, Hugo Elías Maduro Rodríguez, ocurrido en mayo del 2000. El homicidio por la muerte del joven, perpetrado por miembros del grupo de los “Urbanos de Santa Marta” de las Autodefensas Unidas de Colombia, “habría sido ordenado (por Caicedo) como consecuencia de las denuncias por corrupción al interior de la institución educativa interpuestas por Maduro Rodríguez”, asegura la Fiscalía.

El abogado de Caicedo y Martínez en este caso, Iván Cancino, se pronunció sobre la decisión de la Fiscalía, que llamó “una irregularidad más”. Anunció, por ejemplo, que va a demostrar que sus clientes no infringieron la ley y que “los pocos bienes” de los líderes políticos han sido adquiridos por medios lícitos y llamó un “contrasentido” el anuncio del ente investigador porque el delito que les imputó a los exalcaldes es el de peculado en favor de terceros. Es decir, que según con las pesquisas ellos no se quedaron con el dinero que ahora la entidad asegura que utilizaron para comprar propiedades.