Fiscalía imputa cargos a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez por 'chuzadas'
El ente investigador aseguró que el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo obtuvo de primera mano la información recolectada por el DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Redacción Judicial
Para la Fiscalía General existen pruebas suficientes que permiten inferir la activa participación del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo y el jefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez en la obtención y publicación de información reservada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para el ente investigador, en diversas reuniones se ordenó la obtención de datos reservados con el fin de iniciar una campaña de desprestigio en contra de los magistrados acusándolos de aceptar invitaciones de personas relacionadas con el narcotráfico. Dichos datos fueron filtrados inescrupulosamente a los medios de comunicación.
Diferentes testigos aseguraron que en diversas reuniones en la Casa de Nariño se dieron instrucciones claras y precisas para obtener la información reservada. Ante esto se conformó un equipo con agentes del DAS para infiltrar la Corte Suprema para grabar las Salas Penales y obtener documentos que tenían reserva.
Además se le pidió a la UIAF un informe financiero sobre los magistrados que habían sido invitados a un viaje a Neiva por parte del polémico empresario Ascencio Reyes. Todos los reportes y la información obtenida era socializada en las reuniones en las que participaban Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez.
Igualmente hacían presencia la directora del DAS, María del Pilar Hurtado –condenada a 14 años de prisión por las ‘chuzadas’-el asesor presidencial José Obdulio Gaviria; el funcionario de presidencia Jorge Mario Eastman y delegados de la Uiaf. En las mismas se daban instrucciones para obtener otros datos.
Igualmente se buscó afectar la credibilidad de los magistrados auxiliares Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo de ofrecer beneficios judiciales a excomandantes paramilitares a cambio de vincular al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en un plan para asesinar al jefe de las AUC conocido con el alias de ‘Rene’. Para esto se presentaron denuncias y fueron publicados comunicados de prensa de la Presidencia sobre esta situación.
Tanto Del Castillo como Velásquez participaron en la reunión en la casa de Nariño a la que asistió el excomandante paramilitar Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’. En dicho encuentro se presentaron inquietudes sobre los acuerdos firmados en el proceso de desmovilización de las AUC y el posible plan de extraditar a los comandantes paramilitares.
El origen de dicho plan se dio tras la apertura de una investigación preliminar en contra del senador Mario Uribe Escobar –primo de Álvaro Uribe Vélez- por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Desde la presidencia se habría ordenado la obtención de manera ilícita de dicho proceso.
Por estos hechos la Fiscalía General les imputará los delitos de concierto para delinquir, peculado y violación ilícita de comunicaciones a Edmundo del Castillo. Mientras que César Mauricio Velásquez –quien participa en la diligencia vía teleconferencia- tendrá que responder por los cargos de concierto para delinquir y peculado.
Igualmente se les imputan cargos al abogado Diego Álvarez Betancour –abogado de alias ‘Don Berna’- y al jurista Sergio Augusto González quien ya fue sentenciado por el delito de calumnia por su participación en el complot en contra de la Corte. La Fiscalía General le solicitará al juez de garantías que los cobije con medida de aseguramiento en cnetro carcelario.
Para la Fiscalía General existen pruebas suficientes que permiten inferir la activa participación del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo y el jefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez en la obtención y publicación de información reservada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para el ente investigador, en diversas reuniones se ordenó la obtención de datos reservados con el fin de iniciar una campaña de desprestigio en contra de los magistrados acusándolos de aceptar invitaciones de personas relacionadas con el narcotráfico. Dichos datos fueron filtrados inescrupulosamente a los medios de comunicación.
Diferentes testigos aseguraron que en diversas reuniones en la Casa de Nariño se dieron instrucciones claras y precisas para obtener la información reservada. Ante esto se conformó un equipo con agentes del DAS para infiltrar la Corte Suprema para grabar las Salas Penales y obtener documentos que tenían reserva.
Además se le pidió a la UIAF un informe financiero sobre los magistrados que habían sido invitados a un viaje a Neiva por parte del polémico empresario Ascencio Reyes. Todos los reportes y la información obtenida era socializada en las reuniones en las que participaban Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez.
Igualmente hacían presencia la directora del DAS, María del Pilar Hurtado –condenada a 14 años de prisión por las ‘chuzadas’-el asesor presidencial José Obdulio Gaviria; el funcionario de presidencia Jorge Mario Eastman y delegados de la Uiaf. En las mismas se daban instrucciones para obtener otros datos.
Igualmente se buscó afectar la credibilidad de los magistrados auxiliares Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo de ofrecer beneficios judiciales a excomandantes paramilitares a cambio de vincular al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en un plan para asesinar al jefe de las AUC conocido con el alias de ‘Rene’. Para esto se presentaron denuncias y fueron publicados comunicados de prensa de la Presidencia sobre esta situación.
Tanto Del Castillo como Velásquez participaron en la reunión en la casa de Nariño a la que asistió el excomandante paramilitar Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’. En dicho encuentro se presentaron inquietudes sobre los acuerdos firmados en el proceso de desmovilización de las AUC y el posible plan de extraditar a los comandantes paramilitares.
El origen de dicho plan se dio tras la apertura de una investigación preliminar en contra del senador Mario Uribe Escobar –primo de Álvaro Uribe Vélez- por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Desde la presidencia se habría ordenado la obtención de manera ilícita de dicho proceso.
Por estos hechos la Fiscalía General les imputará los delitos de concierto para delinquir, peculado y violación ilícita de comunicaciones a Edmundo del Castillo. Mientras que César Mauricio Velásquez –quien participa en la diligencia vía teleconferencia- tendrá que responder por los cargos de concierto para delinquir y peculado.
Igualmente se les imputan cargos al abogado Diego Álvarez Betancour –abogado de alias ‘Don Berna’- y al jurista Sergio Augusto González quien ya fue sentenciado por el delito de calumnia por su participación en el complot en contra de la Corte. La Fiscalía General le solicitará al juez de garantías que los cobije con medida de aseguramiento en cnetro carcelario.