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La Fiscalía perfiló su investigación a futuro por la grave emergencia ocasionada durante la construcción de Hidroituango en 2018. La entidad anunció la investigación contra altos funcionarios involucrados en el proyecto que se supone ya debería estar generando el 17% de la energía del país, pero que ocasionó millonarias pérdidas tanto económicas como ambientales. Entre los imputados están el condenado por parapolítica Luis Alfredo Ramos, quien fue gobernador de Antioquia (2008-2011).
Antecedentes: Hidroituango tardaría 35 años en ser rentable y otros hallazgos de la Contraloría
Según explicó la Fiscalía, las imputaciones son el resultado de presuntas irregularidades halladas en la contratación y el manejo del proyecto Hidroituango. La investigación, hasta el momento, vincula a nueve personas, entre exfuncionarios y particulares, y se desarrolla en tres frentes. El primero tiene que ver con la contratación del megaproyecto, que según datos de la Contraloría, será rentable en 32 años.
La contratación data de marzo de 2011, cuando Hidroituango SA y EPM Ituango celebraron un acuerdo de financiación, construcción, operación, mantenimiento y transferencia final de la generadora eléctrica. La Gobernación y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) participaron directamente del acuerdo, el cual fue entregado mediante negociación directa a la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM). Desde entonces habría comenzado las irregularidades.
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“Esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas. En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada”, señaló la Fiscalía.
Además, la investigación está enfocada en la licencia ambiental para la desviación temporal del Río Cauca. Según el ente investigador, en junio de 2015, EPM inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del potente afluente y la construcción de un tercer túnel para ello. Sin embargo, no se habría siquiera tramitado la autorización de modificación a la licencia ambiental que le había sido otorgada, como se lo exigió el Ministerio de Ambiente.
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Al parecer, con información falsa, EPM presentó la primera petición de ampliación a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en diciembre de 2015, la cual fue negada. Luego de ello, se presentó una nueva solicitud en julio de 2016, que sí tuvo luz verde. La Fiscalía argumenta que la entidad encargada de conseguir la ampliación de la licencia habría presentado información falsa, para ocultar que existían obras sin el aval ambiental. Por ello, se le imputará falsedad en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y de Hidroituango SA ante la ANLA, Jesús Ignacio Echavarría. También al entonces profesional de la Dirección Ambiental del Proyecto, Hernán Sánchez Cruz.
En el último eje de investigación, la Fiscalía dio detalles de la contratación del Sistema Auxiliar de Desviación del Río Cauca. En la Galería Auxiliar de Desviación, en 2018, se presentó el colapso que provocó la desaparición del puente que comunicaba la vía terrestre con el municipio de Ituango y la inundación de la casa de máquinas del proyecto, que tenía casi un 90% de avance. Una terrible derrota en el proyecto energético más ambicioso del país, por el cual la Contraloría calculó pérdidas de $4,3 billones.
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La contratación del Sistema Auxiliar de Desviación, cuyo origen fue la demora en la entrada en operación del proyecto, costó más de $127.000 millones. “Se hizo mediante modificaciones bilaterales al contrato original, en diciembre de 2015. Este proceso contractual, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones”, señaló la Fiscalía.
Por esta línea de investigación, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros al entonces vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez. También iniciará un proceso formal contra el exvicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera. Y, por último, será imputado el entonces director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina.
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