Fiscalía imputará a militares por masacre en Alto Remanso, Putumayo

La Fiscalía General se tardó más un año en investigar los hechos que rodearon la muerte de civiles en una operación del Ejército y la Armada Nacional, ejecutada en marzo de 2022 en Puerto Leguízamo, Putumayo. El ente investigador ya tiene certeza que los uniformados que participaron de acción militar terminaron ejecutando una masacre en la vereda Alto Remanso. El Espectador conoció que el fiscal del caso ordenará la captura de 25 uniformados (un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales) para imputarles el delito de homicidio en persona protegida y pedirá que sean enviados a una cárcel de manera preventiva, mientras el proceso avanza.

La Fiscalía General se tardó más un año en investigar los hechos que rodearon la muerte de civiles en una operación del Ejército y la Armada Nacional, ejecutada en marzo de 2022 en Puerto Leguízamo, Putumayo. El ente investigador ya tiene certeza que los uniformados que participaron de acción militar terminaron ejecutando una masacre en la vereda Alto Remanso. El Espectador conoció que el fiscal del caso ordenará la captura de 25 uniformados (un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales) para imputarles el delito de homicidio en persona protegida y pedirá que sean enviados a una cárcel de manera preventiva, mientras el proceso avanza.

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Los hechos que investigó la Fiscalía sucedieron el 28 de marzo de 2022 por hombres que hacían parte del Batallón contra el Narcotráfico No. 3. En la mañana de ese día, el Ejército llegó a la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo y ejecutaron una operación militar en la que once personas resultaron muertas y al menos cuatro más heridas. El entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que se trató de una operación planeada por más de 15 días, dentro del respeto a todos los protocolos, y que además tenía un blanco identificado, que eran los líderes de la estructura 48 de la ‘Segunda Marquetalia’ (Comandos de la Frontera), conocidos como alias ‘Bruno’ y ‘Managua’.

Incluso, aseguró que el lugar donde se adelantó la operación era un centro de acopio, en donde se estaba negociando base de coca, y las personas muertas, incluido un menor de 16 años de edad, eran miembros del grupo ilegal. Sin embargo, pobladores, organizaciones de derechos humanos y posteriormente una investigación de El Espectador, quien estuvo en el lugar de los hechos, así como enviados de Vorágine y Cambio Colombia, demostraron que en ese lugar se estaba llevando a cabo un bazar o un festival, en el que, se calcula, había más de un centenar de personas y que los fallecidos en realidad pertenecían a la comunidad.

En enero pasado, El Espectador reveló cuáles fueron las movidas al interior del Ejército luego de que el escándalo apareció en medios de comunicación. Este diario contó como los altos estamentos de las Fuerzas Militares siempre defendieron a los uniformados de la cuestionada operación, pese a las denuncias de excesos, los papeles confirman una serie de señalamientos que hizo la comunidad de posibles irregularidades en la operación y revelan detalles desconocidos sobre los objetivos por los que se iba.

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Entre los documentos conocidos por este diario hay correos, radiogramas, análisis operacionales y cartas que se cruzaron el entonces comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro; el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMCO), Jorge León González; el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y otros altos oficiales. Todos, de alguna manera, se sumaron a la narrativa de que lo que ocurrió en la vereda Alto Remanso el 28 de marzo estuvo ajustado a lo que los militares llaman “derecho operacional”. Incluso, entre los documentos filtrados hay un oficio en el que se recomienda premiar a los militares que participaron de la operación.

Los 22 uniformados a los que se refiere en el documento, pertenecientes a la Armada Nacional son el mayor Luis Carlos Barajas Franco, el subteniente Juan José López Merchán, los cabos primeros Davisson Steack Yáñez Vanegas, Jeison Vega Méndez, Manuel Alfonso Brand Perea y Liber Antonio Perdomo Olaya. También los infantes de marina profesional Saider Calle Rivera, Donaldo Escorcia Cabarcas, Nelson Farid Pardo Achicué, Tomás Alberto Campo Díaz, Luis Felipe Olaya Abello, Rafael Felipe Paternina Mendoza, Camilo Andrés López Acevedo, José David Pérez Atencio, Joel de Jesús Ceballos Otero, Ever Enrique Narváez Guzmán, Carlos Javier Betancour Cuéllar, Rodrigo Arroyo Bravo, Elber Becerra Contreras, Rafael Quiroz Hernández, Yeferson Rosas Londoño y José Samier Salgado Navarro.

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Entre ellos Pablo Panduro Coquinche (48 años), el gobernador indígena. Entre las víctimas que se pudieron identificar también al presidente de la Junta de Acción Comunal de la verera Divier Hernández (35 años), su esposa, Ana María Sarrias Barrera (24 años); Brayan Santiago Pama Pianda (16 años); Rubén Peña (21 años); Óscar Oliva (40 años); Luis Guerrero (32 años); Enuar Ojeda (23 años); José Peña (40 años); Alexander Peña (30 años) y Jhon Jairo Silva (34 años). Este último era firmante de Paz y según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación.

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El pasado mes de mayo la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios oficiales del Ejército Nacional, por las presuntas irregularidades en que incurrieron durante este operativo. La investigación de la Entidad incluyó al brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez, al coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.

La Sala de Instrucción Disciplinaria adujo que, al parecer, durante esta operación militar, se disparó de manera indiscriminada y se produjo la muerte de 11 civiles y se hirió a cinco más, enfrentamiento tras el que habrían modificado la escena, previo a su estudio por parte de la policía judicial. De igual manera, el Ministerio Público investigará el material de guerra que supuestamente se agregó de forma posterior, como armas y chalecos, y el traslado de varios de los cuerpos de las víctimas.

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