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Por presuntas irregularidades en un contrato con la carbonífera Prodeco, la Fiscalía le imputó cargos por corrupción a dos exdirectivos del entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), ahora conocido como la Agencia Nacional de Minería (ANM). Se trata del exdirector general de Ingeominas, Mario Ballesteros Mejía y a José Fernando Ceballos, ex director del Servicio Minero en esta entidad. Ante el Juzgado 46 con función de Control de Garantías de Bogotá, el ente investigador les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos luego de que las investigaciones arrojaran una supuesta manipulación en un acuerdo que benefició a Prodeco.
(En contexto: El Estado se salvó de pagarle $2,5 billones a la multinacional Glencore)
Los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2008 y enero de 2010 cuando, según la Fiscalía, ambos directivos “se interesaron ‘indebidamente’ en la suscripción de un otrosí al Contrato No.044-89”, acuerdo firmado con el Grupo Prodeco, un consorcio minero dedicado a la exportación de carbón en minas de El Cerrejón (La Guajira) y Cesar. Según un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción, las investigaciones arrojaron que “se modificaron las condiciones que regulan el régimen de contraprestaciones económicas que el contratista debía pagar al Estado, generando graves lesiones al erario”.
Ballesteros y Ceballos no aceptaron las acusaciones por haber supuestamente beneficiado a la multinacional. Asimismo, el ente investigador se abstuvo de solicitarle al juez alguna medida de aseguramiento “teniendo en cuenta que no se cumplía el principio de urgencia de la medida”, indicó en un comunicado.
Según las investigaciones de la Fiscalía, las supuestas manipulaciones realizadas por los dos exdirectivos al documento original cambiaron los términos del contrato reduciendo significativamente las regalías y contraprestaciones económicas que el consorcio minero debía pagarle al Estado colombiano. La Fiscalía ratificó que se trataría de un importante detrimento patrimonial debido a que con las nuevas clausulas, Prodeco aumentó su producción de carbón. El pago de las regalías es una vieja discusión para el consorcio carbonífero que, incluso, los ha llevado a disputas legales.
Por ejemplo, en 2019, la Contraloría le puso los ojos a la compañía minera y produjo un fallo fiscal que determinó que la compañía y otros involucrados debían compensar al Estado $60.023 millones por un daño patrimonial. Todo comenzó en 2015, cuando Prodeco, una filial de la minera Glencore, después de 20 años de extraer el carbón, propuso cambiar las reglas del contrato. Una de sus principales propuestas consistía en modificar la forma en que se calculaba el pago las regalías por su trabajo de extracción.
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Pese a que la autoridad encargada de los temas mineros en ese entonces, Ingeominas, no aceptó los cambios, Prodeco insistió en que las cosas debían ser manejadas bajo sus parámetros. El resultado: Prodeco decidió interpretar el cálculo de las regalías a su manera y el asunto se traslado a los estrados internacionales en donde en agosto de 2019, concluyó. La decisión exoneró al Estado colombiano de pagarle $2.5 billones a la multinacional Glencore.
Por otro lado, la carbonífera fue salpicada en 2014 por sus presuntos nexos con paramilitares entre 1996 y 2006. De acuerdo con el informe presentado ese año en Berlín (Alemania) por la organización holandesa PAX litulado El lado Oscuro del carbón, “las empresas mineras se han aprovechado de esa cooperación hasta el día de hoy y los paramilitares han expulsado a decenas de miles de habitantes de zonas concedidas a Drummond y Prodeco para la explotación de carbón”.
De acuerdo con el informe de PAX, Prodeco está detrás de la compra de tierras en la vereda El Prado ubicada el el municipio de La Jagua del Ibirico (Cesar), ocupada por testaferros paramilitares después de que desplazaron a sus propietarios originales en 2002. Por su parte, en un comunicado la minera indicó no ser propietarios “ni poseen formal ni materialmente, el predio rural denominado “El Prado”, y no tienen ningún interés en convertirse en propietarios de dicho inmueble”.