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Un nuevo capítulo se cerró en el escándalo de corrupción que golpea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, fue imputada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, debido a su presunta participación en el entramado de desvío de recursos públicos. La exfuncionaria, quien ha reiterado que es inocente, negó los cargos en su contra. La también excongresista del partido Alianza Verde es la séptima persona que pasa por los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, pues allí ya se habían sentado Olmedo López, exdirector de la entidad, y su mano derecha, Sneyder Pinilla. También lo hicieron otros extrabajadores de la Unidad que se apropiaron de recursos de contratación pública y el abogado Edgar Riveros, defensor Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la entidad, también imputado.
“Esta diligencia es para comunicarle la calidad de imputada debido a la existencia razonable de un hecho delictivo”, con esas palabras inició su intervención la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lidera la investigación de la Ungrd. En concreto, la Fiscalía señala a Ortiz, con base en documentos, audios y testimonios de los exdirectivos de la entidad encargada de atender desastres, de ser el enlace entre los exfuncionarios de esa Unidad y el expresidente del Senado, Iván Name, para la entrega de un soborno en efectivo de $3.000 millones. Esos recursos, menciona el ente investigador, serían producto del sobrecosto del contrato firmado para llevar 40 carrotanques con agua a La Guajira.
Según las pesquisas adelantadas por la Fiscalía, las cuales ha sustentado en gran parte teniendo en cuenta de los testimonios de López y Pinilla, la orden principal era entregar contratos por $60.000 millones al entonces presidente del Senado, y otros por más de $10.000 millones para Andrés Calle, quien para ese momento ocupaba la presidencia de la Cámara de Representantes. Esa instrucción, señala el ente de control, fue entregada a Olmedo López por Carlos Ramón González, exdirector nacional de Inteligencia, y quien para el momento de los hechos fungía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). De hecho, según conoció este diario, el exfuncionario, junto a César Manrique, exdirector de Función Pública, son los próximos en la lista en ser llamados por la Fiscalía a una imputación de cargos.
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De acuerdo con las averiguaciones de la Fiscalía, ambos congresistas que se verían beneficiados, presionaron para que se adjudicaran estos convenios lo más pronto posible. Sin embargo, para frenar la premura de los presidentes del Congreso, “Carlos Ramón González y Olmedo López variaron la oferta, ofreciendo a Name a una suma en efectivo de $3.000 millones, y a Calle de $1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la Ungrd”, indicó la fiscal Patiño. Es en esta parte del entramado cuando sale a relucir el nombre de Sandra Ortiz. El ente investigador agregó que, el 21 de septiembre de 2023, antes de iniciar un consejo de ministros, “Ortiz abordó a Olmedo López y le preguntó si había hablado con González, aclarándole que ‘solo era lo de Name’”, haciendo referencia a los $3.000 millones.
Tanto Name como Calle han reiterado su inocencia y señalan a Olmedo López y Sneyder Pinilla de mentirle a la justicia. Ambos expresidentes del Legislativo asistieron a indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, más precisamente en el despacho del magistrado Francisco Farfán. Las diligencias de ambos congresistas duraron más de siete horas, en las que respondieron las preguntas del togado, a fin de esclarecer los hechos que los involucran con el escándalo de la Ungrd. “En el camino he sido calumniado e injuriado, y también me he sentido crucificado, pero alguien nos enseñó que luego viene la resurrección”, dijo el investigado expresidente del Senado al salir del tribunal.
Pero los ofrecimientos no pararon ahí. La fiscal Patiño enfatizó que, además, la exconsejera del gobierno de Gustavo Petro le pidió al entonces director de la Ungrd adicionar cerca de $11.000 millones a un contrato que la Unidad gestionaba en Atlántico. En ese convenio, estableció la Fiscalía, tenía intereses el senador Iván Name. “Valiéndose de su posición prevalente (...) usted ejerció influencias indebidas, producto de su importante cargo, sobre el director de la Ungrd, entidad funcionalmente dependiente del Dapre, influencias con las cuales usted transgredió los parámetros de comportamiento que le exigían anteponer el interés general por el particular”, señaló la fiscal del caso antes de imputar a la exconsejera como coautora del delito de tráfico de influencias.
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Acto seguido, la Fiscalía recordó un episodio clave dentro del entramado: la supuesta entrega del soborno a Iván Name. El ente de control precisó que, entre el 12 y 13 de octubre de 2023, Sandra Ortiz habría movido los $3.000 millones desde el Hotel Tequendama, en Bogotá, hasta la residencia del senador Name, en el norte de la capital. La plata, al parecer, se habría entregado en unas maletas negras y habría sido llevada en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al servicio de la exconsejera. El dinero, señaló la fiscal, habría sido contado previamente entre la exfuncionaria y Sneyder Pinilla, quien inicialmente entregó el soborno en el hotel en dos días: cada día entregó una suma de $1.500 millones. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos, en calidad de autora a título de dolo (con plena intención).
Todos estos elementos llevaron a que el ente investigador le solicitara a la jueza tercera de control de garantías, que lleva el caso, que a la exfuncionaria le sea “impuesta medida cautelar de detención preventiva privativa de la libertad en establecimiento de reclusión”. El siguiente paso en la audiencia de imputación sería la presentación de algunas de las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder y con las cuales sustenta la imputación contra la exconsejera presidencial. Según la fiscal encargada, entre ese material se encuentran documentos, audios y videos. Sin embargo, debido a problemas de conexión en el juzgado, la audiencia fue reprogramada para el martes 3 de diciembre a las 8:00 de la mañana. En ese momento, la jurisdicción determinará si la exconsejera debe ir a prisión mientras culmina el proceso en su contra.
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