Fiscalía investiga a cerca de 800 reclutadores de jóvenes
La unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación le sigue la pista a 780 personas, la gran mayoría vinculados al paramilitarismo, por estar reclutando los jóvenes que luego son mostrados como caídos en combate para dar los resultados militares que esta semana generaron la mayor purga al interior del Ejército.
Stefanie Matiz Cortés
Fuentes consultadas por Elespectador.com revelaron que desde hace meses detectaron que, gracias los programas de incentivos que tiene el Ejército para motivar buenos resultados en contra de la guerrilla, se vienen creando verdaderas empresas delincuenciales dedicadas a buscar jóvenes con características específicas que resultan siendo falsos guerrilleros caídos en combate.
Lo que más tiene angustiados a los miembros de esa unidad de la Fiscalía es que inclusive hay familiares de los desaparecidos involucrados en esa aterradora práctica.
Se sospecha de una mujer que aseguró ser madre de uno de los desaparecidos de Soacha. Los investigadores tratan de determinar el vínculo directo con la víctima o su cercanía con la familia.
Otra de las características que han podido determinar es que los reclutadores se cuidan mucho de que los 'elegidos', en todos los casos, posean algún tipo de antecedente judicial.
Los investigados están relacionados con desapariciones en Sincelejo y Tolú Viejo en el departamento de Córdoba; Fusagasugá y Soacha en Cundinamarca y varios municipios de Antioquia.
En concreto, de esos 780 casos hay 133 investigaciones en las que coinciden la Fiscalía y los órganos de investigación del Ejército. Según se pudo establecer estos procesos se encuentran estancados porque no se ha definido si son competencia de la justicia penal militar o justicia ordinaria.
El miércoles pasado se produjo la mayor purga en la historia del Ejército, ordenada directamente por el presidente Álvaro Uribe, ante las crecientes denuncias por supuestas prácticas de desapariciones con el fin de dar falsos positivo.
En total fueron llamados a calificar servicios 27 militares, entre los cuales se cuentan tres generales, por negligencia en el manejo del respeto a los derechos humanos.
Inmediatamente el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, determinó comenzar a investigar a los militares que resulten involucrados en ese tipo de situaciones.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Almirante David Moreno, dijo este viernes que el programa de incentivos de las fuerzas armadas no contempla el pago de recompensas, sino mecanismos para mejorar el bienestar de los soldados que participan en operaciones exitosas.
En esta difícil semana para el Ejército Nacional el presidente Uribe cuestionó la labor de la VII Brigada del Ejército, con presencia en el departamento del Meta, específicamente en el caso de las acciones en contra de alias el ‘Loco Barrera' uno de los principales narcotraficantes del país en estos momentos y a quien Uribe pidió capturar desde hace tres años.
Fuentes consultadas por Elespectador.com revelaron que desde hace meses detectaron que, gracias los programas de incentivos que tiene el Ejército para motivar buenos resultados en contra de la guerrilla, se vienen creando verdaderas empresas delincuenciales dedicadas a buscar jóvenes con características específicas que resultan siendo falsos guerrilleros caídos en combate.
Lo que más tiene angustiados a los miembros de esa unidad de la Fiscalía es que inclusive hay familiares de los desaparecidos involucrados en esa aterradora práctica.
Se sospecha de una mujer que aseguró ser madre de uno de los desaparecidos de Soacha. Los investigadores tratan de determinar el vínculo directo con la víctima o su cercanía con la familia.
Otra de las características que han podido determinar es que los reclutadores se cuidan mucho de que los 'elegidos', en todos los casos, posean algún tipo de antecedente judicial.
Los investigados están relacionados con desapariciones en Sincelejo y Tolú Viejo en el departamento de Córdoba; Fusagasugá y Soacha en Cundinamarca y varios municipios de Antioquia.
En concreto, de esos 780 casos hay 133 investigaciones en las que coinciden la Fiscalía y los órganos de investigación del Ejército. Según se pudo establecer estos procesos se encuentran estancados porque no se ha definido si son competencia de la justicia penal militar o justicia ordinaria.
El miércoles pasado se produjo la mayor purga en la historia del Ejército, ordenada directamente por el presidente Álvaro Uribe, ante las crecientes denuncias por supuestas prácticas de desapariciones con el fin de dar falsos positivo.
En total fueron llamados a calificar servicios 27 militares, entre los cuales se cuentan tres generales, por negligencia en el manejo del respeto a los derechos humanos.
Inmediatamente el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, determinó comenzar a investigar a los militares que resulten involucrados en ese tipo de situaciones.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Almirante David Moreno, dijo este viernes que el programa de incentivos de las fuerzas armadas no contempla el pago de recompensas, sino mecanismos para mejorar el bienestar de los soldados que participan en operaciones exitosas.
En esta difícil semana para el Ejército Nacional el presidente Uribe cuestionó la labor de la VII Brigada del Ejército, con presencia en el departamento del Meta, específicamente en el caso de las acciones en contra de alias el ‘Loco Barrera' uno de los principales narcotraficantes del país en estos momentos y a quien Uribe pidió capturar desde hace tres años.