Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En medio de una serie de anuncios por parte de las cabezas del ente investigador, la vicefiscal Marta Mancera anunció que luego de que las autoridades capturaran a siete miembros del Ejército que violaron a niña indígena embera, el ente investigador recopiló nueva información sobre el crimen que fue aceptado por los uniformados. A raíz de esas nuevas pruebas, Mancera señaló que se indaga sobre más implicados en el crimen contra la menor de esa comunidad nativa.
Asimismo, Mancera señaló que se está revisando si con esta información se modifica el tipo de delito que se imputó en su momento: acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La semana pasada, este hecho suscitó un gran debate y rechazo en la opinión pública ya que la Fiscalía, al endilgarles ese cargo, señalaba que no hubo un carácter violento en los hechos.
“Un acceso carnal abusivo es un caso en el que un menor de edad está explorando su sexualidad y alguien con mucha más experiencia lo convence de tener relaciones. En el acceso carnal violento lo que se resalta es un componente de violencia, que puede ser a manera de coacción, no necesariamente debe haber daños físicos en el cuerpo de una niña o un niño, pero es accedido carnalmente con violencia”, señaló la abogada Viviana Benavides a este diario hace una semana.
Le podría interesar: Abogada de familia Samboní reprocha delito imputado en caso de niña embera
La Fiscalía ahora evalúa que esta nueva adecuación en el delito no afecte la aceptación de cargos de los siete violadores: Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández. A todos se les imputó el mismo delito, pero a seis de ellos en calidad de autores y al otro como cómplice.
La Fiscalía indicó que se realizaron más de 40 acciones investigativas para poner en evidencia a los siete soldados suscritos al Batallón de Alta Montaña de Genova (Quindío), que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo ubicado en Pereira (Risaralda). “Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario”, señaló el fiscal general en su momento.