Las delicadas investigaciones que hereda la fiscal encargada Mancera

Han pasado dos sesiones de votaciones en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados siguen indecisos en la elección de la nueva fiscal general, que reemplazará a Francisco Barbosa. Las ternadas son Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez, por quienes no se ha llegado a una mayoría en el alto tribunal. Por tanto, a partir de este martes, el encargo de la Fiscalía General quedará en manos de Martha Mancera, quien se desempeñó en los últimos años como vicefiscal general. Y entre los “chicharrones” que hereda, como jefe del búnker, están las delicadas investigaciones adelantadas por esa entidad durante años y de la cuales podrá tomar control hasta que elijan fiscal en propiedad.

Han pasado dos sesiones de votaciones en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados siguen indecisos en la elección de la nueva fiscal general, que reemplazará a Francisco Barbosa. Las ternadas son Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez, por quienes no se ha llegado a una mayoría en el alto tribunal. Por tanto, a partir de este martes, el encargo de la Fiscalía General quedará en manos de Martha Mancera, quien se desempeñó en los últimos años como vicefiscal general. Y entre los “chicharrones” que hereda, como jefe del búnker, están las delicadas investigaciones adelantadas por esa entidad durante años y de la cuales podrá tomar control hasta que elijan fiscal en propiedad.

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El árbol del caso “Petro Presidente”

La financiación de la campaña Petro Presidente es uno de los expedientes que la Fiscalía de Barbosa ha intentado deshilar en su administración. El último episodio que investiga, y por el cual la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) fue objeto de allanamiento, tiene que ver con la supuesta financiación de $500 millones de ese gremio a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aunque Fecode insiste en que ese dinero fue para el Partido Colombiana Humana, existe un documento firmado por el fiscal Domingo José Ayala que revelaría que ese aporte fue a parar directamente a la campaña. Esa financiación no habría sido registrada y, aparte, está prohibida por la ley, que reglamenta la elección del jefe de Estado (Ley 996 de 2005).

De otro lado, la Fiscalía ya se comprometió a lograr la condena de Nicolás Petro, hijo del presidente, el pasado 11 de enero. Lo hizo a través de una audiencia formal de acusación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás, señaló públicamente que su expareja recibió cientos de millones de pesos de personas con un oscuro pasado, quienes buscaban financiar la campaña Petro, a la final, los orígenes de esos dineros no serán objeto de la investigación, solo el incremento injustificado del patrimonio del exdiputado del Atlántico. El fiscal Mario Burgos, quien lleva el caso por parte del ente investigador, se delimitó a intentar probar que las cuentas de Nicolás Petro no cuadran. Que tuvo gastos como arriendos por cientos de millones de pesos y cuotas iniciales de lujosas casas, cuando su sueldo, como diputado, era de alrededor de $20 millones mensuales.

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También está el caso de Laura Sarabia, mano derecha del presidente y directora de Prosperidad Social. Está denunciada formalmente por Marelbys Meza, su antigua empleada doméstica, quien la relacionó con malos tratos al momento de presentar la prueba del polígrafo, tras ser señalada del robo de una maleta repleta de dinero en efectivo. Aunque la denuncia sigue en etapa preliminar, la Fiscalía tiene bajo proceso a policías implicados en las chuzadas con las que se intervinieron las comunicaciones de Meza, haciéndola pasar como miembro del Clan del Golfo. El subintendente Fredy Gómez, acusado de engañar a la Fiscalía para lograr la interceptación. John Fredi Morales, Alfonso Quinchanegua y Carlos Correa están en prisión preventiva, bajo la misma línea investigativa.

El criticado caso Uribe

Otro de los expedientes por los que podría ser medida la encargada Mancera, mientras se elige la nueva fiscal general, es el expediente judicial más importante de la época: la imputación contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. Barbosa fue duramente criticado por cuanto, a pesar de que la entidad cuenta con una robusta documentación recopilada por la Corte Suprema, máxima autoridad de la justicia penal, la Fiscalía ha hecho todo lo posible por cerrar el caso, que está en sus manos hace más de tres años y medio. Por el expediente han pasado cuatro fiscales. El actual es Gilberto Iván Villarreal, quien, como sus homólogos, tiene la decisión de llamar a Uribe a juicio o presentar, por tercera vez, la preclusión del caso.

El eterno caso Odebrecht

Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial por el Centro Democrático, será el siguiente enjuiciado por presuntas relaciones con la multinacional corrupta, ahora que el Tribunal Superior de Bogotá definió que un juzgado especializado adelantará la audiencia de acusación en su contra. La teoría es clara: habría, junto con su hijo y exgerente de campaña, David Zuluaga, inducido al error a las autoridades electorales que reconocieron su campaña presidencial y por la cual recibieron $25.291 millones por concepto de reposición de votos. Al parecer, no reportaron un giro por US$1,6 millones de Odebrecht, para cubrir los gastos de contratación del publicista Duda Mendoza. Zuluaga está imputado por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

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Además, la Fiscalía deberá avanzar en sus propias promesas con respecto a Odebrecht. En agosto de 2023, Barbosa anunció la imputación de 50 personas, entre ellas la exministra de Transporte del gobierno Santos, Cecilia Álvarez, por irregularidades en Ruta del Sol II, obra que se le adjudicó a la multinacional brasileña. Fue llamada a juicio, pero no ha comenzado formalmente. Además, el ente investigador prometió imputar a directivos del conglomerado que entregó sobornos a cambio de contratos entre 2008 y 2015, entre ellos el propio Marcelo Odebrecht y el presidente de la Concesión Ruta del Sol II, Eder Paolo Ferracutti. Asimismo, otros nombres de peso que habrían intentado negociar con la justicia en el pasado: Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Martorelli y o Luiz Antonio Bueno.

La Fiscalía tendrá la oportunidad de obtener resultados en el caso de Luis Fernando Andrade, uno de los presidentes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que contrató con Odebrecht. Durante toda la administración Barbosa, Andrade estuvo en juicio por Ruta del Sol II, por su presunta responsabilidad en la adjudicación del tramo entre Ocaña y Gamarra, que no estaba en los planes iniciales, concertado con lobistas del Congreso y el alto gobierno, y que costó más de $700.000 millones. Además, concretar las imputaciones que ha anunciado hace años por otros proyectos relacionados, por Barbosa, con Odebrecht, como Ruta del Sol III. Esos procesos se le han caído constantemente, como la imputación en conjunto con Germán Córdoba, jefe del Partido Cambio Radical y exvicepresidente ejecutivo de la ANI.

Por lo pronto, la Corte Suprema tiene previsto volver a votar para elegir fiscal general el próximo 22 de febrero, cuando volverá a reunirse la Sala Plena. Sin embargo, nada garantiza que ese día Colombia tenga una nueva jefa del ente investigador.