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La atleta olímpica y exministra de Deportes, María Isabel Urrutia Ocoró, vuelve a estar bajo la lupa de las autoridades. Esta vez, por un proceso de contratación que, al parecer, fue corrupto. La Fiscalía acaba de vincularla a un proceso penal, luego de imputarle los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos públicos. Según la investigación, Urrutia habría direccionado un contrato por $4.950 millones, destinado a implementar un sistema de validación nacional para controlar el ingreso a los estadios de fútbol.
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El proceso, regulado por el Decreto 1622 de agosto de 2022, buscaba asociar las boletas de ingreso a los documentos de identidad de los hinchas, verificar antecedentes y hacer efectivas las restricciones de admisión. Sin embargo, la exfuncionaria habría violado las normas de contratación, adjudicando el contrato de manera directa, pese a que el decreto exigía garantizar la participación de múltiples oferentes.
De acuerdo con la Fiscalía, Urrutia intentó en dos ocasiones entregar el proyecto a intermediarios, condicionándolos a subcontratar a una persona previamente seleccionada. Además, ignoró advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las irregularidades del proceso, y firmó un convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022, avalado por funcionarios que no participaron en la estructuración del contrato.
El trámite precontractual presentó serias deficiencias: no se realizaron estudios de mercado ni se justificó la contratación directa, y el objeto contratado difería del estipulado en el decreto. En lugar de implementar el sistema de validación, el contrato se centró en el análisis de su posible implementación.
Los hechos incluyen la supuesta alteración de documentos para justificar el contrato, configurando el delito de falsedad ideológica. La Fiscalía presentó el caso ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, en su función de control de garantías, y continuará con el proceso judicial para esclarecer las responsabilidades de la exministra.
En noviembre de 2023, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Urrutia por posibles irregularidades en la firma de 95 contratos de prestación de servicios. Según el ente disciplinario, dichos contratos habrían sido utilizados para garantizar que varias personas continuaran trabajando en el Ministerio hasta el 31 de diciembre de 2023, poco después de que el presidente Gustavo Petro le solicitara su renuncia.
El Ministerio Público señaló que Urrutia canceló los contratos argumentando razones personales de los contratistas y, en un lapso de 24, 48 o 72 horas, volvió a firmar acuerdos con las mismas personas y los mismos objetos contractuales, extendiendo únicamente los plazos hasta el final del año. Según la Procuraduría, estas acciones ignoraron las funciones esenciales del Ministerio y priorizaron intereses particulares, afectando la misión institucional. La conducta de la exministra fue catalogada como gravísima y cometida con dolo.
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A estas acusaciones se suma una investigación penal por parte de la Fiscalía, relacionada con los mismos hechos. De acuerdo con el ente investigador, la noche del 28 de febrero, tras ser informada por el presidente Petro sobre su salida del cargo, Urrutia firmó en tiempo récord una serie de contratos que, en conjunto, alcanzarían un monto aproximado de $21.000 millones.
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