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La Fiscalía General citará al asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago para que amplíe las denuncias que ha presentado en los últimos días frente a las amenazas que han recibido excomandante de dicho grupo guerrillero y otros integrantes del movimiento subversivo que suscribieron el acuerdo de paz.
El director de fiscalías seccionales, Luis González León explicó que es necesario que el abogado explique el origen de las denuncias que ha presentado en los medios de comunicación y redes sociales. Por el momento, el ente investigador no ha podido confirmar la veracidad de dicha información.
“Hemos estado recopilando las manifestaciones que los miembros de las Farc han dado sobre estas amenazas, hacen parte ya del proceso, y nos estaría por conocer de dónde Enrique Santiago sacó esa información para poder orientar la misma”, precisó González León sobre las declaraciones hechas días anteriores por el asesor jurídico de las Farc.
La Fiscalía General abrió una investigación de oficio tras las denuncias presentadas por el jurista español, pero hasta el momento ninguno de los miembros del Secretariado de las Farc se ha referido a la presunta existencia de un plan para acabar con su vida. Enrique Santiago aseguró en entrevista con medios radiales que ofrecen un millón de dólares para asesinar a los integrantes del Secretariado.
El pasado martes, el fiscal General Néstor Humberto Martínez explicó que los excomandantes de las Farc ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’ y el abogado Diego Martínez aseguraron que no tenían información sobre estos hechos. Por lo que estaba esperando que Enrique Santiago se comunicara con ellos para que presentara sus pruebas.
Sin embargo, la llamada que esperaban del asesor de las Farc nunca llegó. “Vamos a tomar contacto con el señor Santiago porque él echó a volar este globito y creo que no está en Colombia, entonces vamos a ver cómo lo ubicamos y lo invitamos a que colabore en la identificación de circunstancias de modo, tiempo y lugar que le permitan a la autoridad actuar”, dijo el fiscal.
“El Estado no va a permitir que se afecte la integridad de un solo miembro del Secretariado o de los desmovilizados. Es una de nuestras principales responsabilidades y desafíos”, precisó en ese momento Martínez Neira.