El nuevo fiscal del caso contra el expresidente Álvaro Uribe tomó la primera decisión desde que recibió el expediente esta semana: citó al líder natural del Centro Democrático a interrogatorio. Además, ordenó 26 nuevas entrevistas a diferentes testigos y siete inspecciones, con las que busca llenar los vacíos que encontró la jueza penal 28 de conocimiento, cuando negó la petición de cerrar la investigación a favor de Uribe por presunta manipulación de testigos.
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En la decisión con la que la jueza negó la solicitud de preclusión, cuestionó que el fiscal Gabriel Jaimes, uno de los hombres de mayor confianza del fiscal general Francisco Barbosa, hubiera omitido la “sencilla, pero muy útil” tarea de interrogar a Álvaro Uribe. Según el documento, esa labora habría servido “para indagar sobre todas las inconsistencias, reales o aparentes, entre las múltiples versiones de hechos que han brindado testigos a lo largo del proceso”.
Sin embargo, el propio Gabriel Jaimes le dijo a la Fiscalía que se le vencieron los términos para practicar nuevas evidencias o seguir la investigación. Es decir, así quisiera él mismo continuar con el caso Uribe, no podría. Ante la advertencia de Jaimes, esta misma semana, en el ente investigador pusieron al frente del expediente a otro funcionario: el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Fernando Cárdenas.
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Si bien las víctimas del caso han pedido que Álvaro Uribe sea llamado a juicio, en el comunicado que la Fiscalía anunció el cambio del fiscal del caso, dejó entrever que la decisión de la Fiscalía sería continuar investigando. En concreto, porque sustentaron el cambio de fiscal en que, con los términos vencidos, Jaimes no puede “emprender los actos de investigación sugeridos por la juez 28 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al momento de negar la solicitud de (preclusión)”.
Álvaro Uribe es investigado por soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le atribuyó por, supuestamente, intentar influenciar a testigos para que hablaran a su favor. Al parecer, ofreciendo dádivas, beneficios judiciales y hasta entregando dinero, Uribe y personas cercanas a él, como el abogado Diego Cadena o el excongresista Álvaro Hernán Prada habrían intentado torcer a testigos.
Cuando Uribe renunció al Senado, en agosto de 2020, el caso en su contra pasó a la Fiscalía y, luego de tres meses de investigación, el fiscal Gabriel Jaimes pidió cerrar el proceso. Según le explicó a la jueza 28, el expresidente no cometió delitos, donde sí hubo delitos en el caso él no participó directamente y había agotado todas las pruebas que podría practicar sin encontrar mérito para llevarlo a juicio. El despacho de la jueza Carmen Ortiz halló un panorama totalmente distinto.
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Reprochó, por ejemplo, que Jaimes omitió en sus argumentos pruebas valiosas que había tenido en cuenta la Corte Suprema, que no llamó a varios testigos y, principalmente, que no hizo lo primero que suele hacer un fiscal cuando tiene indicios de que alguien cometió un delito: llamar al investigado a interrogatorio. En la decisión de la jueza se lee: “es dable sostener que aún le asiste a la fiscalía la posibilidad de llamar en interrogatorio al exsenador Álvaro Uribe Vélez, para validar, por lo menos afirmaciones probatorias que fueron transversales a la solicitud de preclusión”.
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