Fiscalía llama a juicio a Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal
El ente investigador asegura que tiene suficientes pruebas para acusar al expresidente en el caso que arrancó hace seis años la Corte Suprema de Justicia. La decisión de llamarlo a juicio se conoce luego de que la administración de Francisco Barbosa en la Fiscalía pidiera cerrar la investigación en dos ocasiones.
La Fiscalía acaba de radicar el escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso que lo tiene ante los estrados judiciales desde hace seis años.
Según el ente investigador, en el expediente hay suficientes pruebas para que el exalto mandatario Uribe Vélez vaya a juicio por los delitos de fraude procesal y soborno.
Con esta decisión de la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, Álvaro Uribe Vélez se convierte, de manera oficial, en el primer expresidente de Colombia en ser llamado a juicio. La movida de la fiscal se conoce solo seis días antes de que a la Fiscalía se le vencieran los términos para acusar al expresidente.
“La Fiscalía garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”, explicó el ente investigador en un comunicado de prensa en el que agregó que ahora las partes del proceso podrán pedir nuevas pruebas.
El caso tiene su génesis en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por presentar testimonios de exparamilitares que supuestamente lo vinculaban con las autodefensas.
Sin embargo, en febrero de 2018, el proceso tuvo un giro inesperado cuando el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles faltas en la defensa del exmandatario.
En ese momento, empezó una larga batalla judicial en la Corte Suprema de Justicia. Para febrero de 2020, el expediente volvió a dar noticia, cuando Uribe renunció a su curul como congresista, en una estrategia que fue catalogada por las víctimas como dilatoria. En ese momento, la alta corte ya había ordenado su arresto.
Su salida del Congreso significó que la Corte perdiera la jurisdicción para investigarlo y, en consecuencia, no le quedó de otra que enviar el expediente a la Fiscalía. En específico, al ente investigador dirigido por Francisco Barbosa.
En cabeza del fiscal Gabriel Jaimes, el ente investigador decidió revisar lo hecho por la Corte Suprema y, contra toda evidencia recopilada por el alto tribunal, pidió que el caso se cerrara.
Esa misma petición se mantuvo durante toda la administración de Francisco Barbosa. Sin embargo, cinco jueces (dos juezas y tres magistrados) le negaron la solicitud y, por el contrario, reiteraron en más de una ocasión que el ente investigador no hizo su tarea.
Lo último que se sabía es que el fiscal Gilberto Villareal estaba estudiando qué hacer con tamaño expediente entre sus manos. Que le quedaban apenas días para que se le vencieran los términos y, contrario a fiscales antecesores, llamó a juiciopor primera vez en la historia de Colombia a un expresidente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fiscalía acaba de radicar el escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el caso que lo tiene ante los estrados judiciales desde hace seis años.
Según el ente investigador, en el expediente hay suficientes pruebas para que el exalto mandatario Uribe Vélez vaya a juicio por los delitos de fraude procesal y soborno.
Con esta decisión de la administración de la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, Álvaro Uribe Vélez se convierte, de manera oficial, en el primer expresidente de Colombia en ser llamado a juicio. La movida de la fiscal se conoce solo seis días antes de que a la Fiscalía se le vencieran los términos para acusar al expresidente.
“La Fiscalía garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”, explicó el ente investigador en un comunicado de prensa en el que agregó que ahora las partes del proceso podrán pedir nuevas pruebas.
El caso tiene su génesis en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por presentar testimonios de exparamilitares que supuestamente lo vinculaban con las autodefensas.
Sin embargo, en febrero de 2018, el proceso tuvo un giro inesperado cuando el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles faltas en la defensa del exmandatario.
En ese momento, empezó una larga batalla judicial en la Corte Suprema de Justicia. Para febrero de 2020, el expediente volvió a dar noticia, cuando Uribe renunció a su curul como congresista, en una estrategia que fue catalogada por las víctimas como dilatoria. En ese momento, la alta corte ya había ordenado su arresto.
Su salida del Congreso significó que la Corte perdiera la jurisdicción para investigarlo y, en consecuencia, no le quedó de otra que enviar el expediente a la Fiscalía. En específico, al ente investigador dirigido por Francisco Barbosa.
En cabeza del fiscal Gabriel Jaimes, el ente investigador decidió revisar lo hecho por la Corte Suprema y, contra toda evidencia recopilada por el alto tribunal, pidió que el caso se cerrara.
Esa misma petición se mantuvo durante toda la administración de Francisco Barbosa. Sin embargo, cinco jueces (dos juezas y tres magistrados) le negaron la solicitud y, por el contrario, reiteraron en más de una ocasión que el ente investigador no hizo su tarea.
Lo último que se sabía es que el fiscal Gilberto Villareal estaba estudiando qué hacer con tamaño expediente entre sus manos. Que le quedaban apenas días para que se le vencieran los términos y, contrario a fiscales antecesores, llamó a juiciopor primera vez en la historia de Colombia a un expresidente.
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