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30 soldados, dos suboficiales y un oficial pertenecientes a la Décima Primera Brigada del Ejército serán llamados a interrogatorio por la Fiscalía, dentro de la investigación que adelanta el ente fiscal por las denuncias que se conocieron sobre la presencia de hombres armados que intimidaron a la población de Tierralta, Córdoba, los cuales no serían miembros de las disidencias de las FARC, como se dijo inicialmente, sino militares del Ejército.
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Así lo dio a conocer este miércoles el fiscal Francisco Barbosa, quien además rechazó el ataque a la aeronave en la que viajaban más de 20 funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía, quienes se dirigían al municipio de Tierralta para verificar las denuncias. El ataque ocurrió a pocos metros del lugar de aterrizaje con armas de fuego de largo alcance, por lo que el piloto cambió su destino y se dirigió hasta el Cantón Militar de Carepa, Antioquia.
“El ataque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército no le da garantías de seguridad a la justicia, a la Fiscalía”, dijo Barbosa y agregó que los actos urgentes se van a adelantar “a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores”.
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En este contexto, el fiscal anunció que habló con la Procuradora Margarita Cabello y que en las próximas horas entregarán una carta al Presidente Gustavo Petro, en la que manifestarán esa preocupación de ambas entidades porque sus funcionarios “no puedan cumplir adecuadamente con sus funciones en el territorio nacional”.
Por otro lado, el fiscal criticó nuevamente las declaraciones del presidente Gustavo Petro. “El presidente señaló que era el mismo Ejército quien debía hacer las investigaciones y su propio Gobierno. Quiero decirle de nuevo al Gobierno y al presidente Petro que las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación (...) y no vamos a permitir tampoco que la Justicia Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en Colombia”, concluyó.
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Minutos antes de esta declaración, la Procuradora Margarita Cabello pidió garantías plenas para realizar las investigaciones respectivas en la zona. “Muy preocupada por los hechos ocurridos el día de hoy, conversé con el Comandante del Ejército, el general Ospina, para exigir garantías de seguridad para la comisión que se encuentra en la zona y para las investigaciones que se continuarán realizando”.
La denuncia surgió luego de que en videos que fueron grabados en la vereda y que circularon por redes sociales se ve al grupo con armas de corto y largo alcance, amenazando a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas. Algunas denuncias de testigos indicaron, además, que los hombres habrían intentado abusar de una mujer indígena.
Por esos hechos, la Fiscalía ya anunció que fue conformado un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio. Por su parte, la Procuraduría informó que una comisión especial de la entidad se desplazó hasta la vereda Bocas de Manso, de Tierralta.
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