Fiscalía llamó a juicio a exministra María Isabel Urrutia
La exministra del Deporte es investigada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Al parecer, hubo irregularidades en la firma de al menos 100 contratos en esa cartera, luego de que el presidente Petro tomó la decisión de sustituirla del cargo.
La Fiscalía presentó escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, quien es investigada por supuestas irregularidades en 106 contratos de prestación de servicios que firmó en un corto tiempo, luego de que fue despedida como jefe de esa cartera, entre el 2 y 6 de marzo de 2023. Será acusada formalmente ante este alto tribunal en los próximos días.
En contexto: Las contrataciones “caprichosas” que la Fiscalía le reprochó a María Isabel Urrutia
La investigación revela que la noche del 28 de febrero Urrutia fue notificada sobre su salida de la cartera del Deporte por el presidente Gustavo Petro. Tal parece que después del anuncio, firmó una serie de contratos en tiempo récord, los cuales sumarían alrededor de $21.000 millones. La Fiscalía ha explicado que fueron un total de 106 contratos finalizados bajo mutuo acuerdo por solicitud de las personas contratadas, quienes justificaban su salida en motivos personales que nunca existieron. Sin embargo, en cuestión de cuatro días, y por orden de la entonces ministra, habían sido contratados de nuevo y por un término superior hasta el 31 de diciembre de 2023.
El ente investigador detalla que lo que supuestamente sucedió fue que Urrutia, por “inclinaciones subjetivas y caprichosas”, emitió nuevos contratos para beneficiar a estas mismas personas con las que tenía alguna amistad o colaboración.
Lea además: Fiscalía abrió investigación contra la exministra María Isabel Urrutia
En paralelo a la investigación de la Fiscalía, la Procuraduría también indaga sobre la presunta responsabilidad de Urrutia en la firma de los contratos. El órgano de control también ordenó la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, con el propósito de establecer las conductas disciplinarias irregulares, porque al parecer los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fiscalía presentó escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, quien es investigada por supuestas irregularidades en 106 contratos de prestación de servicios que firmó en un corto tiempo, luego de que fue despedida como jefe de esa cartera, entre el 2 y 6 de marzo de 2023. Será acusada formalmente ante este alto tribunal en los próximos días.
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La investigación revela que la noche del 28 de febrero Urrutia fue notificada sobre su salida de la cartera del Deporte por el presidente Gustavo Petro. Tal parece que después del anuncio, firmó una serie de contratos en tiempo récord, los cuales sumarían alrededor de $21.000 millones. La Fiscalía ha explicado que fueron un total de 106 contratos finalizados bajo mutuo acuerdo por solicitud de las personas contratadas, quienes justificaban su salida en motivos personales que nunca existieron. Sin embargo, en cuestión de cuatro días, y por orden de la entonces ministra, habían sido contratados de nuevo y por un término superior hasta el 31 de diciembre de 2023.
El ente investigador detalla que lo que supuestamente sucedió fue que Urrutia, por “inclinaciones subjetivas y caprichosas”, emitió nuevos contratos para beneficiar a estas mismas personas con las que tenía alguna amistad o colaboración.
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En paralelo a la investigación de la Fiscalía, la Procuraduría también indaga sobre la presunta responsabilidad de Urrutia en la firma de los contratos. El órgano de control también ordenó la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, con el propósito de establecer las conductas disciplinarias irregulares, porque al parecer los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública.
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