La Fiscalía General llamó a juicio al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por el presunto direccionamiento de la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) para favorecer a particulares. Según el ente investigador, estos últimos se habrían comprometido a pagar dádivas por las presuntas adjudicaciones ilegales.
Le podría interesar: Fiscalía capturó a dos presuntos implicados en el caso de Richard Aguilar
La Fiscalía explicó ante la Corte Suprema de Justicia que Aguilar Villa y funcionarios de la Gobernación de Santander pactaron porcentajes para la adjudicación de contratos. Las investigaciones señalaron posibles irregularidades en seis contratos, entre ellos, uno destinado al reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.
“Con relación a este contrato, el exgobernador Aguilar Villa, la entonces secretaria de Infraestructura, el esposo de ésta última, así como el director de Proyectos de Infraestructura de la Gobernación, se apropiaron de aproximadamente $9.886′000.000. • Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación del Corredor Agroforestal y Energético, contrato celebrado el 29 diciembre de 2014. Este contrato fue entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario”, señaló la Fiscalía.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Las otras obras que estarían bajo la lupa de la Fiscalía son el corredor vial San Gil – Charalá (Santander), contrato suscrito el 24 de septiembre de 2014; construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga – Floridablanca (Santander), suscrito el 30 de septiembre de 2014 y el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios del departamento, convenio suscrito el 26 de agosto de 2014 del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Hace una semana, El CTI de la Fiscalía capturó al contratista Octavio Reyes Sarmiento y a Julián Jaramillo, asesor de confianza de Richard Aguilar, por presunta irregularidad en contratos celebrados durante el mandato del exgobernador de Santander. Octavio Reyes Sarmiento es el representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, empresa que se quedó con la licitación para reforzar la estructura del Estadio Alfonso López en la administración de Aguilar.
Según la información de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, al igual que en otras licitaciones, el equipo de Richard Aguilar trabajó para que el contrato de las obras del estadio, cuyo valor ascendía los $22.000 millones, incluyendo las adiciones, le fuera adjudicado a Octavio Reyes, quien sería amigo personal del también exgobernador Hugo Aguilar, padre de Richard. Aguilar, quien fue mandatario departamental entre 2012 y 2015, es hijo del coronel (r) de la Policía y exgobernador del departamento Hugo Aguilar, quien también ha sido condenado por sus nexos con el paramilitarismo.