Fiscalía ocupa bienes del exmagistrado Malo, condenado por cartel de la toga
La Fiscalía intervino los bienes, en proceso de extinción de dominio, del condenado exmagistrado Gustavo Malo y los avaluó en $1.107 millones. Según el ente investigador, los bienes habrían sido adquiridos con dineros ilícitos.
La Fiscalía General, apoyada por el Ejército Nacional, impuso medidas cautelares sobre cuatro inmuebles propiedad del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo Fernández, condenado por su participación en el cartel de la toga, un entramado de corrupción que permeó el alto tribunal para torcer procesos contra congresistas a cambio de millonarias sumas de dinero. Según el ente investigador, los bienes, avaluados en $1.107 millones, habrían sido adquiridos con dineros ilícitos.
El magistrado Malo fue condenado el pasado 13 de agosto a nueve años de prisión por el entramado de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia y este 26 de octubre le fueron incautados algunos de sus bienes: un apartamento y dos parqueaderos ubicados en Bogotá, además del 50% de otro inmueble en Cartagena (Bolívar). La Fiscalía dice que Malo, quien fue encontrado responsable de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir y prevaricato por omisión, habría adquirido los bienes con las ganancias de sus turbios negocios.
Lea también: Gustavo Malo, condenado a nueve años de prisión por el cartel de la toga
En su investigación, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, evidenció que para la época en que el magistrado adquirió los bienes “realizó pagos anticipados sobre un inmueble que luego vendió a otra persona, al parecer, para burlar la acción de las autoridades sobre el referido predio”. Sobre el 50% del bien en Cartagena, el ente investigador determinó que Malo Fernández “habría realizado una maniobra fraudulenta al enajenar su parte a un familiar para así evitar la persecución de la propiedad”.
El togado enfrenta la condena de nueve años y medio de prisión impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, por ser una de las piezas del engranaje de corrupción denominado cartel de la toga. Malo es el segundo condenado que no aceptó cargos por el escándalo, luego del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. La Sala concluyó que Malo se aprovechó de su toga para intentar torcer procesos contra congresistas, por lo cual negoció millonarios sobornos. Adicionalmente, fue multado con $85 millones y no podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.
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Según una investigación adelantada por la Comisión de Acusación de la Cámara, Gustavo Malo hizo una alianza corrupta con abogados y el exmagistrado Francisco Ricaurte para abordar congresistas y, conociendo detalles exclusivos de sus expedientes penales, favorecerlos con decisiones o impidiendo aperturas formales de investigación, a cambio de altas sumas de dinero. Entre quienes habrían pagado, estarían el exsenador Musa Abraham Besaile, que habría dado $2.000 millones para dilatar la apertura de una investigación en su contra.
En la sentencia del alto tribunal contra Malo, se menciona al exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas”. Ambos políticos aceptaron entregar esas millonarias sumas de dineros. Según la sentencia, los acercamientos a los políticos los hicieron los abogados Luis Gustavo Moreno, antiguo fiscal anticorrupción, y Leonardo Pinilla, quienes a su vez obtenían información confidencial entregada por el exmagistrado Ricaurte.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fiscalía General, apoyada por el Ejército Nacional, impuso medidas cautelares sobre cuatro inmuebles propiedad del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo Fernández, condenado por su participación en el cartel de la toga, un entramado de corrupción que permeó el alto tribunal para torcer procesos contra congresistas a cambio de millonarias sumas de dinero. Según el ente investigador, los bienes, avaluados en $1.107 millones, habrían sido adquiridos con dineros ilícitos.
El magistrado Malo fue condenado el pasado 13 de agosto a nueve años de prisión por el entramado de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia y este 26 de octubre le fueron incautados algunos de sus bienes: un apartamento y dos parqueaderos ubicados en Bogotá, además del 50% de otro inmueble en Cartagena (Bolívar). La Fiscalía dice que Malo, quien fue encontrado responsable de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir y prevaricato por omisión, habría adquirido los bienes con las ganancias de sus turbios negocios.
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En su investigación, la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, evidenció que para la época en que el magistrado adquirió los bienes “realizó pagos anticipados sobre un inmueble que luego vendió a otra persona, al parecer, para burlar la acción de las autoridades sobre el referido predio”. Sobre el 50% del bien en Cartagena, el ente investigador determinó que Malo Fernández “habría realizado una maniobra fraudulenta al enajenar su parte a un familiar para así evitar la persecución de la propiedad”.
El togado enfrenta la condena de nueve años y medio de prisión impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, por ser una de las piezas del engranaje de corrupción denominado cartel de la toga. Malo es el segundo condenado que no aceptó cargos por el escándalo, luego del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. La Sala concluyó que Malo se aprovechó de su toga para intentar torcer procesos contra congresistas, por lo cual negoció millonarios sobornos. Adicionalmente, fue multado con $85 millones y no podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.
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En la sentencia del alto tribunal contra Malo, se menciona al exsenador Álvaro Ashton, que habría entregado $1.200 millones con el fin de que se archivara una indagación preliminar en su contra, “adelantada por sus relaciones con el Bloque Norte de las Autodefensas”. Ambos políticos aceptaron entregar esas millonarias sumas de dineros. Según la sentencia, los acercamientos a los políticos los hicieron los abogados Luis Gustavo Moreno, antiguo fiscal anticorrupción, y Leonardo Pinilla, quienes a su vez obtenían información confidencial entregada por el exmagistrado Ricaurte.
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