Fiscalía ordena detención del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

Foto: Archivo El Espectador - Archivo El Espectador

La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en contra del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en un proceso por supuestas irregularidades en contratación. El caso está relacionado con las mejoras hechas en la vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio -más conocida como la Troncal de La Paz- que le representaron al erario una inversión de más de $41.000 millones y que tuvo dos adiciones que juntas suman $28.000 millones.

Aníbal Gaviria había rendido indagatoria el pasado 16 de abril. Ahora, un fiscal delegado le resolvió la situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La Fiscalía afirmó en una declaración de prensa que "la decisión fue comunicada al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el Jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento".

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Este proceso se remonta a cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia por primera vez entre 2004 y 2007. Según la Fiscalía, “el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”.

La Fiscalía afirma que Gaviria, como gobernador, era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía vigilar este proceso. En este caso, se asegura que el anticipo habría sido pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. "Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos", dijo la entidad.

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El fiscal del caso advirtió que las dos adiciones al contrato inicial tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una que representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal y otra, mediante un otro sí, que se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia). “Este último asunto, que comprometió más de $16 mil millones debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original”, agregó la Fiscalía.