Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En manos del fiscal Gabriel Jaimes está un informe de 155 páginas, solicitado el 18 de febrero pasado, que tiene información pormenorizada del testigo Juan Guillermo Monsalve. Sus declaraciones son pilares en la investigación que el expresidente Álvaro Uribe tiene en su contra por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.
En contexto: Caso Uribe: audiencia de preclusión se suspendió sin que Fiscalía argumentara
De acuerdo con el documento, en poder de este diario, Jaimes recurrió a expertos del Centro Estratégico de Valoración Probatoria de la Fiscalía (CEVAP), especializado en construir patrones de grupos criminales y, de tal forma, detallar eventuales hipótesis delictivas. El documento, al parecer, será usado por el fiscal en la audiencia de solicitud de preclusión, que se suspendió hasta mañana 9 de abril por orden de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz.
El perfil de Juan Guillermo Monsalve hace parte del arsenal probatorio que, se espera, exhiba el fiscal Jaimes sostener ante la jueza Ortiz por qué la investigación contra el exmandatario debe archivarse. Durante la audiencia se abordarán documentos, entrevista a testigos y demás posibles pruebas que ha venido develando en las últimas semanas El Espectador, en alianza con Blu Radio, y que demostrarían que Uribe Vélez no ha intentado conseguir testigos a su favor por vías ilegales.
Entre tanto, la construcción del perfil de Juan Guillermo Monsalve buscó “identificar, describir y analizar las variables sociodemográficas, políticas y psicológicas” del testigo estrella, quien habló por primera vez ante la Corte Suprema el 9 de noviembre de 2011 y, desde entonces, ha sostenido que Álvaro Uribe Vélez fue crucial en la creación del Bloque Metro de las AUC. Monsalve ha señalado que en la Hacienda Guacharacas, donde trabajó su padre y propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, se reunieron “paras” de la región antioqueña.
Le puede interesar: Reflectores del caso Uribe se posaron sobre Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve
Entre las conclusiones que entregó el CEVAP está la caracterización de Monsalve como un sujeto “asocial y ostentoso”. De acuerdo con el informe, esa conducta es el resultado de la actividad delictiva a la cual ha estado sometido desde su juventud. Monsalve desarrolló una antipatía a la ley, lo cual lo llevó a cometer los delitos por los cuales está condenado como excomandante del grupo armado Los Rastrojos, en 2008: concierto para delinquir, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.
La Fiscalía encontró que Juan Guillermo Monsalve tiene una mala relación con su padre, un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas durante la década del noventa. De acuerdo con el documento, el testigo aún guarda una estrecha relación con su madre y sus hermanas, sin embargo, su situación judicial “ha afectado la esfera intima, laboral, económica y aumentado el nivel de riesgo de todos los integrantes del grupo familiar”.
Lea también: Caso Uribe: la duda del reloj grabadora que habría resuelto el exabogado de Monsalve
Entre los datos que Jaimes tiene en su poder está una reseña histórica de la Hacienda Guacharacas, vendida en 1996 por la familia Uribe Vélez, “un año antes de la existencia del Bloque Metro de las AUC”, aunque no se hace mención de los grupos paramilitares que ya hacían presencia en la zona para la época. Incluso, el CEVAP habría encontrado que las primeras acciones paramilitares se le adjudican a ese grupo en 1998, cuando el exmandatario y su familia vivían en Oxford (Inglaterra). Para esas fechas, el líder del Centro Democrático cursó su posgrado allí.
El informe añade que no hay evidencia que permita demostrar que Juan Guillermo Monsalve perteneció al Bloque Metro de las AUC. Como advirtió la alianza de El Espectador y Blu Radio, el fiscal Jaimes solicitó documentación del Alto Comisionado para la Paz, en la cual no hay registro alguno de que el testigo Monsalve haya participado en un proceso de desmovilización, en el marco de la Ley de Justicia y Paz implementada en el primer gobierno del expresidente Uribe.
Por otro lado, la Fiscalía añadió pronunciamientos de la Procuraduría, la cual durante los últimos años se negó a que el testigo Monsalve fuera admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La última vez fue el 10 de abril de 2019, cuando la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz negó una impugnación propuesta por la defensa de Monsalve, que buscaba el sometimiento de su cliente a la justicia transicional.
Como se lee en el fallo de la JEP, Juan Guillermo Monsalve defiende a capa y espada que fue paramilitar del Bloque Metro y Caquetá de las Autodefensas, así como del grupo armado Los Rastrojos. El testigo intentó someterse a la justicia transicional, pues sus delitos se habrían cometido en el marco del conflicto armado, sin embargo, ese despacho no acepta ni a exparamilitares ni a exintegrantes de grupos de delincuencia común.
Lo cierto es que Juan Guillermo Monsalve está condenado por secuestrar, desde el 5 hasta el 8 de enero de 2008, a los ciudadanos Sandro Aranda Dulce, Édgar Amaya Castro y Leonardo Fabio Triviño. Monsalve perpetró el crimen como integrante de Los Rastrojos, en alrededores del municipio de Valparaíso (Caquetá), para intentar ganarse entre $30 y $40 millones.
En contexto: Cepeda y Montealegre denuncian al fiscal Jaimes por “buscar la impunidad” de Uribe.
El senador Iván Cepeda, quien es víctima acreditada en el expediente, reaccionó al informe solicitado por Jaimes, explicando que “ninguno de los actos investigativos -de la Fiscalía- busca ahondar en la presunta responsabilidad penal del imputado Uribe Vélez, en su condición de determinador, en los hechos materias de investigación”.
“La labor investigativa continúa centrada en obtener información relacionada con el testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve Pineda, su excompañera Deyanira Gómez Sarmiento -quien solicitó el pasado 6 de abril ser reconocida como víctima-, así como con las víctimas en el proceso. Esta labor investigativa no guarda relación con el objeto del mismo y, por consiguiente, no debe ser materia que sustente ninguna solicitud concerniente al imputado”, concluyó el político.