Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fiscalía le pidió al juez penal 56 de conocimiento de Bogotá que condene al exsecretario de prensa de Presidencia, César Mauricio Velásquez y al exsecretario jurídico, Edmundo del Castillo, acusados por un supuesto plan para desprestigiar a la Corte Suprema en 2007. Los hechos por los que son investigados se remontan a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, cuando hubo encontrones entre el jefe del ejecutivo y el alto tribunal por las investigaciones sobre parapolítica.
Omar Bernal, fiscal del caso, fue quien hizo la solicitud y aseguró que las pruebas demuestran que si hubo la intención de cometer acciones ilegales para desprestigiar a magistrados de la Corte. Según dijo, hubo una alianza entre exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El caso contra los exfuncionarios del gobierno Uribe se da porque, al parecer, en 2008, durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe, habrían conformado un complot contra el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez. Se trata del funcionario que coordinaba las investigaciones por parapolítica en el alto tribunal.
En el caso, se conoció la versión del exparamilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, quien en una carta aseguró estar recibiendo presiones del exmagistrado Velásquez para declarar contra Uribe. Finalmente, se descubrió que fue una mentira y el abogado de Monacada fue condenado por los hechos. Igualmente, se supo que unos días antes de que apareciera la carta, el exparamilitar Pedro Antonio López Jiménez, conocido como Job y mano derecha de Don Berna, había estado en la casa de Nariño visitando a del Castillo y al exsecretario Velásquez.
Durante la audiencia, el fiscal dijo que “se solicita al señor juez proferir sentencia condenatoria a los ciudadanos Cesar Mauricio Velásquez Ossa, quien se desempeñó como secretario de prensa de la presidencia de la República”. Al referirse a Del Castillo pidió “sentencia condenatoria contra Edmundo Del Castillo Restrepo, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, en el marco de la investigación que ahora con mucha propiedad se puede titular el acuerdo criminal para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia”.
Podría interesarle: Espaldarazo de Uribe a dos escuderos en escándalo de desprestigio a la Corte Suprema
Igualmente, el fiscal aseguró que los acusados cometieron el delito de concierto para delinquir. Dentro de las pruebas que presentó estaba el testimonio del exparamilitar Salvatore Mancuso, quien había dado una declaración en 2016, en la que aseguraba que los funcionarios del gobierno Uribe lo habían contactado para buscar supuestas pruebas de encuentros entre un exmagistrado y Giorgio Sale, conocido como el ‘hombre de los botines’.
Adicionalmente, en esa declaración, Mancuso sostuvo que detrás del supuesto plan contra la Corte, existió una alianza entre la oficina de Envigado, funcionarios de la presidencia de la República y el DAS. Según dijo, el objetivo era llegar a poder montar una Corte Ad Hoc, afectando a ese tribunal.
Otro que rindió declaración fue Bernardo Moreno, ex secretario general de la presidencia de la república en el gobierno de Uribe.
Podría interesarle: Chuzadas del DAS: condenan a siete años de prisión a exjefe de seguridad de la Corte Suprema
Por otra parte, dentro del proceso declaró el mismo Edmundo del Castillo, quien dijo que tras más de 10 años de investigaciones fue víctima de un complot, ya que las grabaciones que se hicieron con equipos del DAS a magistrados fueron antes de su llegada a la Presidencia y nadie le informó de esas actuaciones. Igualmente, sostuvo que fue un abogado quien pidió hacer un reunión en la Casa de Nariño, en la que participó el desmovilizado alias Job, para, supuestamente, presentar pruebas de un plan para dañar la imagen expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionándolo con grupos paramilitares.
Podría interesarle: El caso Uribe llega a un punto clave: hoy se empieza a definir de fondo ante jueces