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En medio de la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Fiscalía entregó sus argumentos por los cuales pide que la exfuncionaria sea enviada a prisión mientras avanza el caso en su contra.
Durante la diligencia, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, fue enfática en decirle a la jueza que atiende el caso que no se cumplen los métodos para pedir prisión domiciliaria o libertad condicional”, pues “no existe un control eficaz sobre su comunicación (de Sandra Ortiz) con quienes estuvieron (...) en el acto delictivo que no han sido procesados”.
Para la Fiscalía, “la urgencia de la imposición de la medida de aseguramiento requerida surge en este caso de la necesidad apremiante de evitar la obstrucción a la justicia (...) y proteger a la comunidad. Estamos, señoría, ante un asunto que requiere atención perentoria dadas las calidades de la investigada a su poder de influencia política, económica e, incluso, ante la opinión pública”.
Y agregó: “La gravedad y la modalidad de las conductas que desarrolló con la concurrencia de otros funcionarios y particulares del entramado de corrupción de la Ungrd y otras personas de entidades oficiales que aun no han sido vinculadas procesalmente, tornan urgente alejar a la imputada de ese entorno so pena de darle continuidad a la acción delictiva y el agravamiento del daño causado al Estado”.
Así mismo, la Fiscalía busca prevenir que la exfuncionaria destruya, modifique u oculte cualquier tipo de material de prueba en su contra o que afecte a otros funcionaros o particulares que hacen parte del entramado. Este pedido de la Fiscalía tiene que ver, principalmente, luego de que el ente investigador evidenciara los chats de Sandra Ortiz con Sneyder Pinilla, del 13 de octubre de 2023, cuando estaba previsto el encuentro entre ambos para la entrega $1.500 millones que hacían parte de la segunda cuota del soborno del cual se vería beneficiado Iván Name, entonces presidente del Senado.
Para ese día estaba pactada la segunda entrega del dinero en efectivo, con lo que se completarían los $3.000 millones que le fueron prometidos al parlamentario para que, supuestamente, agilizara el trámite de proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Entre las 2:43 y las 2:55 de la tarde, aparecen cuatro mensajes que fueron borrados por parte de la exconsejera, un hecho que para la Fiscalía es un claro ejemplo de como Sandra Ortiz habría eliminado material clave en la investigación.
“Según informó el testigo directo de los hechos, Sneyder Pinilla, los mensajes suprimidos de la conversación eran manifestaciones de la imputada respecto de la segunda entrega de los $1.500 millones (...) Lo anterior evidencia que la imputada eliminó y destruyó apartes relevantes de la conversación que permitían demostrar la exteriorización del comportamiento delictivo de ella. Este es un presupuesto que nos lleva a concluir que es altamente probable que la imputada pueda seguir destruyendo medios de conocimiento que acrediten de las conductas y la participación de terceras personas en los hechos”, aseguró la fiscal encargada del caso.
De igual manera, el ente investigador puso de presente que la exfuncionaria utilizó “lenguaje cifrado” en varios de esos mensajes. Por ejemplo, en esa misma conversación con Sneyder Pinilla cuando señala: “pendiente de las onces de hoy”, pues realmente se refería al encuentro para entregar el soborno restante correspondiente a los $3.000 millones con destino al senador Iván Name.
Para la Fiscalía también hay una alerta sobre una posible alteración en la información entregada por algunos de los testigos, como los miembros del esquema de protección de Sandra Ortiz, quienes habrían mencionado no tener conocimiento de haberse dirigido al apartamento del senador Name, en el norte de Bogotá, contrariando la información del GPS de sus vehículos, que indica que luego de las 4:00 de la tarde del 12 de octubre estuvieron en la dirección de esa residencia.
Para el ente investigador, estos hechos son determinantes para solicitar que la exfuncionaria sea enviada a prisión, pues podría entorpecer las investigaciones de la Fiscalía, la cual busca seguirle la pista a otros involucrados en el expediente. La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 11 de diciembre, cuando la jurisdicción definirá si envía o no a la exconsejera a prisión.
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