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La defensa del general en retiro, Miguel Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), apeló la condena de 30 años que se le dio al militar por su participación en el asesinato de Luis Carlos Galán (candidato presidencial), Julio Cesar Peñalosa (concejal de Soacha) y Santiago Cuervo Jiménez (escolta); así como por heridas causadas al escolta Pedro Nel Angulo Bonilla, el 18 de agosto de 1989. Ante esta petición, la Fiscalía se manifestó en contra.
Para el ente investigador, la decisión tomada por la Corte Suprema de condenar al exdirector del DAS, fue la correcta. Por eso, mediante un fiscal delegado, presentó una solicitud a la Sala Penal del alto tribunal, en la cual pide que se rechace el recurso de impugnación presentado por los abogados de Maza Márquez y que se ratifique la condena.
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Igualmente, manifestó la Fiscalía, que “la declaración de lesa humanidad a las conductas atribuidas a Maza Márquez fue correcta y responde a los criterios internacionales, legales y jurisprudenciales en la materia”. De la misma manera, el ente investigador recalcó la responsabilidad del general (r) en los hechos y en los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tentativa de homicidio, los dos últimos, según la Fiscalía, con fines terroristas.
Así mismo, el ente investigador manifestó que en el fallo dictado por la Corte Suprema para condenar a Maza Márquez, “no se detectan errores o vulneraciones y, por el contrario, hay evidencia de que se surtió un proceso con abundantes indicios y una valoración racional de todos los elementos”. Con esto, pide la Fiscalía, se mantenga la condena.
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Maza Márquez se encuentra desde 2013 privado de su libertad y hace cinco años la Sala Penal de la Corte lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio con fines terroristas. Además del crimen de Galán Sarmiento, el general (r) Maza fue sentenciado por las muertes, Julio César Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, quienes también fueron asesinados en Soacha (Cundinamarca) el 18 de agosto de 1989.
En su momento, la Corte Suprema encontró que el oficial en retiro participó activamente en la ejecución del crimen de Galán Sarmiento, en alianza con el Cartel de Medellín y las Autodefensas del Magdalena Medio, grupos criminales que declararon objetivo militar al fundador del Nuevo Liberalismo por su discurso sobre la extradición. En el fallo condenatorio se detalla cómo tuvo un rol central en debilitar el esquema de seguridad que el DAS le proveía a Galán Sarmiento para hacerlo vulnerable al ataque que sufrió en la plaza de Soacha, donde fue asesinado.