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Este miércoles se lleva a cabo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una audiencia para hacerle seguimiento a las medidas de protección que se han tomado para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc. Durante la diligencia, la vicefiscal, Martha Mancera, pidió mayor articulación para frenar el asesinato de excombatientes. A la diligencia también asiste el comisionado de paz, Danilo Rueda, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria ,Cuartas.
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El punto central de la audiencia busca dar a conocer como avanzan las medidas de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. En ese contexto, la vicefiscal Mancera reiteró que la mayoría de estos crímenes fueron cometidos por grupos armados, en un contexto en el que la violencia ha aumentado en el país. Alertó además sobre que actualmente tienen 431 órdenes de captura por violencia contra excombatientes que no se han hecho efectivas, por lo que pidió mayor articulación del Estado.
“Cada una de las dependencias del Estado debería venir a esta audiencia a decir cuál es su articulación para poder decir si realmente le estamos dando la garantía de acceso efectivo a los derechos que tiene cada firmante de paz, sobre garantías de no repetición”, dijo la vicefiscal.
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Durante la diligencia también intervino el comisionado de paz Danilo Rueda. Lo hizo de manera virtual porque se encuentra en Suárez, Cauca, reunido con las delegaciones del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las FARC-EP, en el marco de los acercamientos de paz de ambas partes.
Dijo que desde el 8 de agosto de 2022, una de las prioridades fue la reactivación del mecanismo que propiciaría la discusión del desmantelamiento de estructuras criminales. Explicó que reelaboraron un diagnóstico de las dinámicas de violencia existente. “Un diagnóstico que coincide en algunos elementos con lo que había implementado el comité de la Cruz Roja sobre la existencia de seis conflictos armados”.
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En ese contexto, según el comisionado de paz, y sumado a la labor, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz se ha logrado realizar un plan de protección, que contiene acciones para garantizar la protección de los excombatientes y sus familias y articula las medidas. “La Fiscalía puede dar fe de la construcción de consenso en medio de las diferencias, pero sí de los aciertos por asuntos que son preocupación de todos”.
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