Fiscalía pide medida de aseguramiento contra militares por contratación irregular

Irregularidades en un contrato para adquirir 52 equipos de visión nocturna de última generación norteamericana para las fuerzas especiales del Ejército Nacional, suscrito el 27 de septiembre de 2017, entre la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana (Acofa) y la empresa extranjera Aviacpol USA Corp. fue la razón que llevó a la Fiscalía General a solicitar la medida de aseguramiento contra 11 personas entre los que se encuentran cuatro militares activos, cinco retirados y dos civiles. El convenio se contrajo por más de $2.400 millones.

Los detenidos son el coronel en retiro Gustavo Adolfo Valbuena, quien para la época de los hechos fue el director de la Acofa; coronel en retiro Ariel Ortiz, director de la Central Administrativa y contable (Cenac); coronel activo Abdías Capera Tovar, gerente del proyecto; el teniente coronel activo William Miranda, supervisor del contrato; sargento primero activo Ervin Riaño Gómez, miembro del comité estructurador; sargento mayor en retiro Carlos Castaño, estructurador de ficha técnica; sargento mayor en retiro Julio Ñustes, miembro del comité evaluador; mayor activo Edwin Martín Campo, asesor contractual; sargento en retiro José William Bustos y el intendente de la Policía en retiro Kendry Caro Sandoval, inspectores técnicos del contrato; y Harold Bocanegra, contratista representante legal de Aviacpol USA Corp.

En audiencia virtual realizada este lunes 9 de noviembre, la delegada de la Fiscalía señaló que la medida de aseguramiento es necesaria, para evitar que “en el futuro los imputados obstruyan el debido ejercicio de la justicia, en algunos casos; que los imputados constituyen un peligro para la sociedad, en otros; como también resulta probable que los imputados no comparecerán al proceso o no cumplan la sentencia”. Agregó la representante de la Fiscalía 46 seccional que gracias a los elementos materiales probatorios se logró evidenciar que hay claras irregularidades en el proceso de contratación desde su gestación.

La fiscal del caso agregó que en la fase precontractual se vulneraron requisitos legales y los principios de transparencia e igualdad. “Se observaron irregularidades en la designación del personal, falsificación de firmas y el personal del comité técnico no era idóneo. Se escribió un contrato con una persona diferente a la que definitivamente debía ejecutarlo”, explicó la delegada de la Fiscalía quien les imputó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción.

“El contrato se evidenció viciado, con documentos falsos y el contrato está en inglés y nunca hubo una copia en español”, dijo. El contrato se firmó, pero los binoculares no fueron entregados en el plazo estimado para ello (diciembre de 2017). “Se generaron alternativas modificatorias del término y del objeto del contrato cuando ya estaba en etapa de ejecución. Los aparatos de visión nocturna que se recibieron de manera parcial el 28 de diciembre de 2017 no cumplieron con lo establecido en la ficha técnicas acordadas y fueron devueltos por garantía”, agregó la fiscal del caso.

Añadió que, inclusive, hubo problemas con la entrega de los visores pues el contratista no entregó a tiempo, luego no entregó la cantidad completa sino 49 (faltando tres). De esa cantidad, 30 estaban sin estuche y a todos les faltaban los kit de calibrado, el certificado para cada uno y el manual de mantenimiento. La entrega se pospuso y, finalmente, cuando se hizo efectiva, resultó que los aparatos no tenían la altura adecuada y no eran compatibles con los cascos que utilizan los militares y no se sostenían con la estabilidad requerida, es decir, no resultaron útiles para las operaciones. Así las cosas, estableció la Fiscalía que los visores no cumplían con las especificaciones plasmadas en el contrato.

“(La investigación) provino el 30 de mayo del 2018 del Ejército Nacional, a través del mayor Jhon Fredy Mosquera Mora quien fungió como funcionario instructor de la investigación disciplinaria número 27 de 2017. Y puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación unas presuntas irregularidades presentadas en todas las etapas de contratación en virtud del contrato suscrito el 27 de septiembre de 2017”, informó la fiscal. El pasado 21 de octubre, la institución anunció la captura de 11 personas, entre las cuales se encontraban los militares activos y retirados, y dos particulares. El operativo conjunto se dio en las ciudades de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Bucaramanga.

“Este comando ratifica una vez más su política de cero tolerancias con la corrupción y el fortalecimiento de sus mecanismos de prevención, al igual que no se tolerará actuación alguna de sus integrantes que sea contraria a la Constitución, la Ley, los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”, anunció el Ejército en ese momento. Además, la institución se comprometió a apoyar las autoridades para darle celeridad al proceso. Tras los argumentos de la fiscal, se espera que el juez resuelva la situación jurídica de los imputados.

Irregularidades en un contrato para adquirir 52 equipos de visión nocturna de última generación norteamericana para las fuerzas especiales del Ejército Nacional, suscrito el 27 de septiembre de 2017, entre la Agencia de Compras de la Fuerza Aérea Colombiana (Acofa) y la empresa extranjera Aviacpol USA Corp. fue la razón que llevó a la Fiscalía General a solicitar la medida de aseguramiento contra 11 personas entre los que se encuentran cuatro militares activos, cinco retirados y dos civiles. El convenio se contrajo por más de $2.400 millones.

Los detenidos son el coronel en retiro Gustavo Adolfo Valbuena, quien para la época de los hechos fue el director de la Acofa; coronel en retiro Ariel Ortiz, director de la Central Administrativa y contable (Cenac); coronel activo Abdías Capera Tovar, gerente del proyecto; el teniente coronel activo William Miranda, supervisor del contrato; sargento primero activo Ervin Riaño Gómez, miembro del comité estructurador; sargento mayor en retiro Carlos Castaño, estructurador de ficha técnica; sargento mayor en retiro Julio Ñustes, miembro del comité evaluador; mayor activo Edwin Martín Campo, asesor contractual; sargento en retiro José William Bustos y el intendente de la Policía en retiro Kendry Caro Sandoval, inspectores técnicos del contrato; y Harold Bocanegra, contratista representante legal de Aviacpol USA Corp.

En audiencia virtual realizada este lunes 9 de noviembre, la delegada de la Fiscalía señaló que la medida de aseguramiento es necesaria, para evitar que “en el futuro los imputados obstruyan el debido ejercicio de la justicia, en algunos casos; que los imputados constituyen un peligro para la sociedad, en otros; como también resulta probable que los imputados no comparecerán al proceso o no cumplan la sentencia”. Agregó la representante de la Fiscalía 46 seccional que gracias a los elementos materiales probatorios se logró evidenciar que hay claras irregularidades en el proceso de contratación desde su gestación.

La fiscal del caso agregó que en la fase precontractual se vulneraron requisitos legales y los principios de transparencia e igualdad. “Se observaron irregularidades en la designación del personal, falsificación de firmas y el personal del comité técnico no era idóneo. Se escribió un contrato con una persona diferente a la que definitivamente debía ejecutarlo”, explicó la delegada de la Fiscalía quien les imputó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción.

“El contrato se evidenció viciado, con documentos falsos y el contrato está en inglés y nunca hubo una copia en español”, dijo. El contrato se firmó, pero los binoculares no fueron entregados en el plazo estimado para ello (diciembre de 2017). “Se generaron alternativas modificatorias del término y del objeto del contrato cuando ya estaba en etapa de ejecución. Los aparatos de visión nocturna que se recibieron de manera parcial el 28 de diciembre de 2017 no cumplieron con lo establecido en la ficha técnicas acordadas y fueron devueltos por garantía”, agregó la fiscal del caso.

Añadió que, inclusive, hubo problemas con la entrega de los visores pues el contratista no entregó a tiempo, luego no entregó la cantidad completa sino 49 (faltando tres). De esa cantidad, 30 estaban sin estuche y a todos les faltaban los kit de calibrado, el certificado para cada uno y el manual de mantenimiento. La entrega se pospuso y, finalmente, cuando se hizo efectiva, resultó que los aparatos no tenían la altura adecuada y no eran compatibles con los cascos que utilizan los militares y no se sostenían con la estabilidad requerida, es decir, no resultaron útiles para las operaciones. Así las cosas, estableció la Fiscalía que los visores no cumplían con las especificaciones plasmadas en el contrato.

“(La investigación) provino el 30 de mayo del 2018 del Ejército Nacional, a través del mayor Jhon Fredy Mosquera Mora quien fungió como funcionario instructor de la investigación disciplinaria número 27 de 2017. Y puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación unas presuntas irregularidades presentadas en todas las etapas de contratación en virtud del contrato suscrito el 27 de septiembre de 2017”, informó la fiscal. El pasado 21 de octubre, la institución anunció la captura de 11 personas, entre las cuales se encontraban los militares activos y retirados, y dos particulares. El operativo conjunto se dio en las ciudades de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Bucaramanga.

“Este comando ratifica una vez más su política de cero tolerancias con la corrupción y el fortalecimiento de sus mecanismos de prevención, al igual que no se tolerará actuación alguna de sus integrantes que sea contraria a la Constitución, la Ley, los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”, anunció el Ejército en ese momento. Además, la institución se comprometió a apoyar las autoridades para darle celeridad al proceso. Tras los argumentos de la fiscal, se espera que el juez resuelva la situación jurídica de los imputados.