La Fiscalía General de la Nación le pidió al juzgado 62 de conocimiento de Bogotá, precluir la investigación que se adelanta en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, por considerar la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal dado que la ley exige la prohibición de doble incriminación hacia un procesado.
El ente acusador expuso que dos jueces no pueden juzgar a un ciudadano por un mismo delito, dado que se incurriría en la doble incriminación por presuntos hechos que ya el exdirector de la ANI está enfrentando en un juicio que se adelanta ante el juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá, donde el delito de interés indebido en la celebración de contratos hace parte de la acusación.
Dentro de los elementos materiales probatorios que tuvo en cuenta la Fiscalía, está el escrito de formulación de imputación del otro proceso judicial, por el cual se pide precluir la investigación, para que la justicia pueda concentrarse en el juicio que se adelanta en contra de Andrade desde ese despacho.
El artículo octavo señala que a nadie se le podrá imputar más de una vez una misma conducta cualquiera que sea la denominación jurídica que se le de o se le haya dado.
Marcia Rodríguez, Fiscal
La Fiscalía vinculó formalmente a un proceso penal al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura por presunta corrupción y reclamación contractual por la firma de ocho otrosíes adicionales al contrato, para la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, en donde empresas como Odebrecht, según la Fiscalía, habrían resultado beneficiarias de las mega obras nacionales.
Según la investigación de la Fiscalía, en el ejercicio de su cargo, Andrade aprobó y firmó los otrosíes 1,2,4,5,7,8,9 y 10, los cuales modificaron y ajustaron las condiciones financieras y técnicas del proyecto vial, sin que hubiesen existido estudios serios y completos para ello. De tal manera que se habría beneficiado injustificadamente al consorcio Consol, integrada por Episol, CSS Constructores y la constructora Norberto Odebrecht.
“Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía indican que los otrosíes cuestionados permitieron: Disminuir el grosor de la huella asfáltica en un trayecto, lo que causó un bajón en la calidad técnica del proyecto; Alterar las fechas de inicio de las obras y otorgar prórrogas en el tiempo para mejorar el flujo de caja del contratista”, señaló la Fiscalía durante la imputación de cargos, en noviembre de 2023.
El abogado defensor de Luis Fernando Andrade, Héctor Escobar, le comunicó a El Espectador que el exdirector de la ANI es víctima de una persecución por parte de “poderosos” del país, dentro de los que mencionó están Néstor Humberto Martínez, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo Aval, Banco Bogotá, a quienes hace responsable de encubrir a los “brasileños” y de hacer acuerdos con privilegio de silencio con Estados Unidos todo por haber negado ante la reclamación de Odebrecht, que actuó como concesionaria del tramo investigado en la audiencia, de entregar más de un billón de pesos.
El caso de Luis Fernando es una verdadera persecución. Néstor Humberto Martínez ha sido el abogado de la concesionaria y abogado de Sarmiento Angulo; Martínez cuando se convierte en Fiscal General de la Nación le lanza todos los cargos a Luis Fernando Andrade para sacarlo de la ANI como venganza por no haber entregado el billón de pesos al banquero.
Héctor Escobar
La defensa del exdirector de la ANI manifestó además que era “contra fáctica” la argumentación del ente acusador, es decir, que este nuevo proceso al que se ve sometido Andrade Moreno incurre a una doble incriminación de un mismo delito en dos procesos judiciales diferentes, que daba paso para precluir la investigación como lo había expresado en la audiencia de imputación de cargos, ante un juez de control de garantías.
El país conoció hoy en la audiencia de acusación en contra de Andrade que la Fiscalía pidió precluir la investigación a pesar de argumentar que los hechos que ha investigado demostrarían que terceros habrían sido los beneficiarios en la ejecución de contratos y agregó, que las acciones cometidas por el exdirector de la ANI en “el fraccionamiento de contratos genera un interés desdibujado de lo que es la función pública. En este caso primaron los intereses de un extranjero que se benefició en la ejecución de una obra con tantas inconsistencias y ventajas”.
Así mismo, la fiscal delegada argumentó que siendo Colombia un Estado social de derecho y a pesar de tratarse del interés indebido, mal se haría continuar con “esta acusación de tal ilícito que fue imputado y acusado en otro radicado”, y que además el delito no está delimitado con intereses fraccionados que den evidencia para que pueda continuar con la diligencia.
El juzgado 62 de conocimiento por su parte le pidió a la Fiscalía remitir todos los elementos materiales probatorios que tuvo en cuenta para la solicitud de preclusión y que, mientras todas las partes reciben dichos documentos, la audiencia se suspenderá hasta septiembre 12 cuando la defensa, Procuraduría y los representantes de víctimas podrán exponer sus argumentos.
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