Santos y Zuluaga: Fiscalía pidió testigos a Brasil y Perú sobre sus campañas en 2014

El próximo 13 de febrero de 2023 Francisco Barbosa cumplirá tres años como fiscal general. En todo ese tiempo, tres cuartas partes de su período como cabeza del ente investigador, no hubo decisiones de fondo sobre el expediente de corrupción más importante en Colombia durante las últimas dos décadas: el caso Odebrecht. El escándalo de la multinacional brasileña, que entregó millones de dólares en sobornos para quedarse con grandes obras en el país, solo tocó algunas de sus fichas que facilitaron la mano corrupta de la compañía en Colombia, pero nunca se llegó a los protagonistas de esa trama corrupta, que en otros países logró tumbar a poderosos políticos y empresarios.

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Precisamente, una de las deudas pendientes de la Fiscalía de Barbosa, y la de Néstor Humberto Martínez, era determinar cómo y quiénes fueron los mayores responsables para que los dineros de Odebrecht llegaran a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Tras el reciente hackeo a la Fiscalía General, en el que quedaron expuestas más de 38.000 carpetas, El Espectador tuvo acceso a esa masiva filtración y encontró correos de funcionarios del ente investigador que dan cuenta de las pocas acciones que la administración Barbosa ordenó para esclarecer el capítulo de las campañas presidenciales de 2014 y Odebrecht en Colombia.

Se trata de dos solicitudes a las autoridades de Brasil y Perú, con el fin de que siete personas, entre ellas dos antiguos ejecutivos de Odebrecht, declaren ante la Fiscalía sobre qué conocieron sobre estos hechos y qué empresas participaron para que la plata financiara las campañas reeleccionista de Santos y la del candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga. Esas solicitudes fueron enviadas en agosto de 2021 a la Fiscalía peruana, y en noviembre de ese mismo año a la de Brasil. Los correos dan cuenta de que las solicitudes del ente investigador colombiano a sus homólogos en Perú y Brasil estaban en trámite para que los testigos requeridos declararan de manera virtual y lo más pronto posible.

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El cerebro de los sobornos

El 26 de noviembre de 2021, Liliana Calle, fiscal jefa del grupo de tareas especiales para el caso Odebrecht, envió una solicitud “urgente” de colaboración a la Fiscalía brasileña para que facilitara la declaración de seis personas sobre la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, en el marco de una investigación por el delito de fraude procesal. Dentro de ese listado de testigos se destaca el nombre de un ejecutivo de Odebrecht señalado de ser el cerebro de los grandes sobornos que la compañía entregó en Latinoamérica y África. Se trata de Fernando Migliaccio da Silva, tesorero de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, oficina encargada de girar las millonarias coimas.

Lo que han podido establecer las autoridades en Brasil, Panamá y Perú, países que han logrado enjuiciar a presidentes, el papel de Migliaccio da Silva fue clave en la compleja red de sobornos, ya que era el encargado de realizar los movimientos de dineros en bancos de distintas partes del mundo con el fin de darles apariencia de legalidad. Migliaccio, quien también ha sido mencionado por las autoridades de Argentina y México, manejaba las cuentas bancarias de Odebrecht en Suiza y Panamá. Además, en los organigramas de la compañía solo había dos personas por encima de él: Hilberto Mascarenhas, el coordinador de la oficina de sobornos, y el presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht.

Además de Migliaccio, la Fiscalía solicitó la declaración del publicista Eduardo de Matos Freiha, quien fue socio de Duda Mendoza, un reconocido asesor político brasileño al que Odebrecht le habría pagado sus servicios para que asesorara la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Incluso, el expresidente Iván Duque ha sido mencionado en este episodio, pues habría participado de esas reuniones con Duda Mendoza cuando era precandidato al Senado por el Centro Democrático. Otras dos personas del círculo de Duda Mendoza fueron citadas por la Fiscalía: Aline Waxman Caetano y Alexandre Martins, de quienes no se conoce mayor información públicamente.

Otro de los testigos solicitados es Augusto Fonseca, encargado del marketing político de Lula da Silva en las recientes elecciones presidenciales de 2022 y que lleva más de 20 años asesorando campañas en Brasil. Sin embargo, no es claro qué información podría tener Fonseca sobre la campaña de Zuluaga en 2014. Los correos obtenidos por este diario muestran que, en enero de 2022, la Fiscalía de Brasil le pidió a la colombiana suscribir un documento en el que se compromete a que las declaraciones de Migliaccio da Silva “no podrán ser utilizadas para procesar a dicha empresa y a sus ejecutivos” en Colombia, pues el exdirectivo de Odebrecht es colaborador de la justicia brasileña.

La firma de ese documento y su posterior cumplimiento es crucial. Un ejemplo de ello es que esta semana la Fiscalía de Brasil suspendió su cooperación judicial con Perú, luego de que la justicia de este último, aparentemente, incumpliera ese pacto. Esto generó que el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala se interrumpiera, ya que estaba previsto que cinco exdirectivos de Odebrecht, entre ellos el propio Migliaccio da Silva, testificaran contra el exmandatario, señalado de recibir dineros de la multinacional. Aunque los correos no permiten determinar si ese acuerdo fue firmado por la Fiscalía colombiana, lo que sí es claro es que esta pidió tomar las declaraciones el 14, 15 y 16 de febrero de 2022.

No obstante, el 9 de febrero de 2022, la Fiscalía brasileña le contestó a la administración de Francisco Barbosa que en esos tres días no podían realizarse las declaraciones y que podían establecer nuevas fechas para adelantar esas diligencias. Por supuesto, después de que la Fiscalía colombiana firmara el acuerdo de no abrir procesos contra sus colaboradores. Dos fuentes en el interior de la Fiscalía le confirmaron a este diario que la fiscal Liliana Calle fue removida de este expediente por Gabriel Ramón Jaimes, el antiguo fiscal del caso Uribe, quien además de ser el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, coordina las investigaciones del caso Odebrecht.

El peruano de Odebrecht

El 9 agosto de 2021, el fiscal William Hernández, uno de los fiscales destacados para el caso Odebrecht, envió a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía un requerimiento a las autoridades peruanas sobre un ciudadano de ese país que participó en el entramado de corrupción de la multinacional en Colombia. Se trata de Ricardo Paredes Reyes, un alto ejecutivo de Odebrecht que firmó un contrato de $4.000 millones con la empresa Gistic Soluciones, del cuestionado empresario Andrés Sanmiguel -procesado penalmente junto a los empresarios Estaban Moreno y David Portilla- y que habrían financiado la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014.

Los correos filtrados dejan ver que la solicitud fue tramitada rápidamente por la Fiscalía peruana y se acordó que el testigo declarara el 26 de agosto de 2021. Los documentos incluyen un listado de empresas que habrían sido usadas para consignar pagos corruptos de Odebrecht y que, en algunos casos, ya estaban en el radar de la Fiscalía en investigaciones que se adelantan por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Además de Gistic Soluciones, la Fiscalía menciona a la sociedad Presoam, mencionada por el senador Bernardo el Ñoño Elías, condenado por Odebrecht, como una de las empresas usadas para sobornar a funcionarios de la ANI.

Según el exsenador del Partido de la U, esos dineros pretendían agilizar los trámites para que Odebrecht y sus socios se quedaran con la adición del tramo Ocaña-Gamarra, de la Ruta del Sol 2. Otras dos empresas mencionadas en la solicitud de la Fiscalía, y que habrían movido sobornos sobre esta obra, son Salazar Ferro Ingenieros y Grupo Mundial de Ingenieros, del empresario Andrés Salazar Ferro, quien además de ser condenado, aceptó que puso a disposición sus empresas con el fin de mover los sobornos que envió la empresa brasileña para resultar beneficiada en la adjudicación de la adición vial Ocaña-Gamarra.

Las otras dos sociedades mencionadas, y que iban a ser consultadas con el exejecutivo de Odebrecht Ricardo Paredes, son Torrosa, del empresario barranquillero Javier Torres -ficha del clan político Char-, y la Constructora Collins, del reconocido ingeniero Carlos Collins, quien estuvo a cargo de la construcción del túnel de La Línea y la vía Bogotá-Girardot. Aunque aún no se sabe con exactitud cuál fue su papel en el caso Odebrecht, El Espectador contó en octubre de 2021 que estas dos empresas están involucrados en la fallida construcción del Ocean Towers en Cartagena, un proyecto hotelero en el que cientos de personas perdieron su dinero.

A finales de octubre de 2022, este diario recibió respuesta a un derecho de petición al juzgado que adelantó la fallida imputación de cargos contra Javier Torres por Odebrecht. El acta de la audiencia, fechada el 9 de agosto de 2019, da cuenta que la audiencia no se pudo adelantar por petición de la defensa del empresario, encabezada por el abogado Iván Cancino. El entonces fiscal del caso, Daniel Hernández, le dijo a El Espectador que intentó imputarle cargos a Torres en otras tres oportunidades, pero que la defensa de Torres nunca se presentó. Actualmente, ese proceso está en manos de Javier Cárdenas, también a cargo del caso contra Álvaro Uribe.

Los correos filtrados de la Fiscalía, como contó este diario, muestran que el ente investigador está negociando con los ejecutivos de Odebrecht para que entreguen información. Incluso otro fiscal que, como Liliana Calle, fue removido de las investigaciones le comentó a este diario que la administración de Francisco Barbosa no tiene la voluntad de ir hasta el fondo del caso. Aunque en febrero de 2020, cuando Barbosa se posesionó como fiscal general, anunció que el caso Odebrecht iba a ser una de sus prioridades, a un año y dos meses del final de su período parece que será recordado como un asunto que se quedó varado durante su administración.