Fiscalía presentó apelación por absolución del general Iván Ramírez
Según el ente acusador existen pruebas suficientes para demostrar que el excomandante del Coici estuvo involucrado en la desaparición de la guerrillera Irma Franco.
El Espectador
Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General presentó el recurso de apelación ante la decisión del juzgado 52 penal de Bogotá que el pasado 16 de diciembre absolvió al ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, general (r) Iván Ramírez Quintero en el proceso que se le adelantaba por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según la Fiscalía, como lo argumentó en enero de este año en los alegatos finales del proceso, existen pruebas y testimonios suficientes para demostrar la participación del general Ramírez en la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco.
“El general (r) Iván Ramírez Quintero sí guarda responsabilidad frente a la desaparición forzada de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda”, de quien no se tiene noticia desde el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985, señaló el fiscal Álvaro Osorio Chacón, fiscal cuarto Delegado ante la Corte Suprema, en los alegatos de conclusión celebrados en enero de este año.
A pesar de ello Osorio Chacón advirtió que después de escuchar cientos de testimonios y pruebas no hay pruebas contundentes para acusar a Ramírez Quintero por la desaparición de otras ocho personas. “No existe responsabilidad en la desaparición de los ocho empleados de la cafetería y los tres visitantes ocasionales (de la Corte)”, quienes fueron declarados “desaparecidos” después de la toma guerrillera y la posterior retoma por parte de la Fuerza Pública.
En las pruebas presentadas por el ente acusador, el alto oficial investigado por el delito de desaparición forzada agravada, ordenó el traslado de la guerrillera del Palacio de Justicia hasta el Comando ubicado en el suroccidente de Bogotá en esos momentos con el fin de realizarle interrogatorios y torturas, las cuales habrían terminado con su vida.
Entre estos testimonios se registran los de varios exagentes del Coici, además del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega señaló en una entrevista con un medio de comunicación que conoció información oficial sobre la participación del general Ramírez en este hecho.
El ex uniformado manifestó la Escuela de Caballería, que él comandaba, nada tenía que ver con los interrogatorios a los que eran sometidos los rehenes, aduciendo que las unidades dirigidas por Ramírez y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, eran las que ejercían esa tarea.
Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General presentó el recurso de apelación ante la decisión del juzgado 52 penal de Bogotá que el pasado 16 de diciembre absolvió al ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, general (r) Iván Ramírez Quintero en el proceso que se le adelantaba por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Según la Fiscalía, como lo argumentó en enero de este año en los alegatos finales del proceso, existen pruebas y testimonios suficientes para demostrar la participación del general Ramírez en la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco.
“El general (r) Iván Ramírez Quintero sí guarda responsabilidad frente a la desaparición forzada de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda”, de quien no se tiene noticia desde el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el seis y siete de noviembre de 1985, señaló el fiscal Álvaro Osorio Chacón, fiscal cuarto Delegado ante la Corte Suprema, en los alegatos de conclusión celebrados en enero de este año.
A pesar de ello Osorio Chacón advirtió que después de escuchar cientos de testimonios y pruebas no hay pruebas contundentes para acusar a Ramírez Quintero por la desaparición de otras ocho personas. “No existe responsabilidad en la desaparición de los ocho empleados de la cafetería y los tres visitantes ocasionales (de la Corte)”, quienes fueron declarados “desaparecidos” después de la toma guerrillera y la posterior retoma por parte de la Fuerza Pública.
En las pruebas presentadas por el ente acusador, el alto oficial investigado por el delito de desaparición forzada agravada, ordenó el traslado de la guerrillera del Palacio de Justicia hasta el Comando ubicado en el suroccidente de Bogotá en esos momentos con el fin de realizarle interrogatorios y torturas, las cuales habrían terminado con su vida.
Entre estos testimonios se registran los de varios exagentes del Coici, además del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega señaló en una entrevista con un medio de comunicación que conoció información oficial sobre la participación del general Ramírez en este hecho.
El ex uniformado manifestó la Escuela de Caballería, que él comandaba, nada tenía que ver con los interrogatorios a los que eran sometidos los rehenes, aduciendo que las unidades dirigidas por Ramírez y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, eran las que ejercían esa tarea.