Fiscalía ratifica: Carlos Caicedo no irá a juicio por vínculos con paramilitares

La Fiscalía se mantuvo en su decisión: archivar la investigación contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntos vínculos con paramilitares y por tres homicidios de líderes de la Universidad del Magdalena perpetrados entre 2000 y 2002, mientras él era rector. A juicio del ente investigador, los testigos que acusan a Caicedo se contradicen y no han aportado una sola evidencia que lo incrimine, más allá de su dicho. En cambio, los excomandantes paramilitares han dicho que nunca autorizaron acuerdos con el exrector y exalcalde de Santa Marta.

(En contexto: No hay certeza de que Carlos Caicedo participó en tres asesinatos: Fiscalía)

El 3 de febrero de 2023, la Fiscalía decidió precluir la investigación. Actuando con funciones de juez, la fiscal Mónica Cifuentes concluyó que no había certeza de que Carlos Caicedo se hubiera aliado con grupos paramilitares otorgándoles la contratación de la Universidad del Magdalena, como decían algunos testigos. Y que, en el mismo sentido, persistían dudas sobre su vinculación con los tres homicidios de los que era señalado: el del estudiante Hugo Maduro en el 2000; del vicerrector Julio Otero, en 2001; y del decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002.

Sin embargo, el abogado de las víctimas, Julián Quintana, apeló la decisión de la Fiscalía, pues a su juicio había declaraciones muy puntuales de exmiembros de las Autodefensas, como José Gelves Albarracín, alias el Canoso, quien ha dicho que él mismo convenció a sus comandantes de no matar a Caicedo, y, en cambio, llenarse los bolsillos con los contratos de la Universidad. Tras estudiar los argumentos del abogado, la fiscal concluyó que “hizo un análisis parcializado, dejando de lado la apreciación del conjunto de las versiones de cada testigo y a su vez confrontando las diferentes declaraciones”.

(Lea también: El expediente contra Carlos Caicedo por posibles nexos con paramilitares)

En el proceso, por ejemplo, fue testigo Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien fungió como comandante del Bloque Norte de las autodefensas. La fiscal explicó que con su testimonio se esclareció que las cosas no podrían haber ocurrido como dijo el Canoso: “La organización tenía una estructura vertical y, Jorge 40 fue claro al deprecar la inexistencia de acuerdos del procesado con la organización, así como que, dentro de esa estructura jerarquizada, no era posible la celebración de acuerdos económicos a título personal, acto que implicaba sanciones duras a quienes infringieran esa regla”.

Otro exjefe paramilitar que declaró en el proceso fue Hernán Giraldo, comandante del frente Resistencia Tayrona, con presencia en Santa Marta. Supuestamente, según había dicho otro exmiembro de las Auc llamado Luis Carlos López, alias Orejas, Giraldo tenía conocimiento de que, por ejemplo, el homicidio del estudiante Hugo Maduro fue ordenado por el gobernador Caicedo. La fiscal escribió: “Giraldo Serna, en declaración rendida ante esta delegada, indicó que nunca le dijeron que Carlos Caicedo fuera determinador de los homicidios aquí investigados”.

(Lea también: Adán Rojas y sus versiones en el caso contra Carlos Caicedo)

Asimismo, se habló mucho en el proceso de una “lista” con nombres de personas que fueron declaradas objetivo militar de las autodefensas en la época. En esta lista, que le entregó el exparamilitar Adán Rojas a Justicia y Paz, estaba el nombre del decano Roque Morelli. Según algunos testimonios que citó el abogado de las víctimas, esa lista la había entregado Caicedo, pero el propio Rojas le contó a la justicia que quien le entregó el listado fue un antiguo agente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Así las cosas, la Fiscalía se mantuvo en que no hay méritos para llevar a juicio a Carlos Caicedo por vínculos con paramilitares. Por el contrario, con la decisión de este 23 de febrero queda en firme la preclusión de comienzos de este mes en la que el ente investigador había escrito: “Finalmente, ante el vencimiento del término de instrucción (investigación) y la subsistencia de dudas, estas deben resolverse a favor de Caicedo, profiriendo resolución de preclusión (...) no obra prueba nueva ni diferente que indique responsabilidad del acusado”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Fiscalía se mantuvo en su decisión: archivar la investigación contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntos vínculos con paramilitares y por tres homicidios de líderes de la Universidad del Magdalena perpetrados entre 2000 y 2002, mientras él era rector. A juicio del ente investigador, los testigos que acusan a Caicedo se contradicen y no han aportado una sola evidencia que lo incrimine, más allá de su dicho. En cambio, los excomandantes paramilitares han dicho que nunca autorizaron acuerdos con el exrector y exalcalde de Santa Marta.

(En contexto: No hay certeza de que Carlos Caicedo participó en tres asesinatos: Fiscalía)

El 3 de febrero de 2023, la Fiscalía decidió precluir la investigación. Actuando con funciones de juez, la fiscal Mónica Cifuentes concluyó que no había certeza de que Carlos Caicedo se hubiera aliado con grupos paramilitares otorgándoles la contratación de la Universidad del Magdalena, como decían algunos testigos. Y que, en el mismo sentido, persistían dudas sobre su vinculación con los tres homicidios de los que era señalado: el del estudiante Hugo Maduro en el 2000; del vicerrector Julio Otero, en 2001; y del decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002.

Sin embargo, el abogado de las víctimas, Julián Quintana, apeló la decisión de la Fiscalía, pues a su juicio había declaraciones muy puntuales de exmiembros de las Autodefensas, como José Gelves Albarracín, alias el Canoso, quien ha dicho que él mismo convenció a sus comandantes de no matar a Caicedo, y, en cambio, llenarse los bolsillos con los contratos de la Universidad. Tras estudiar los argumentos del abogado, la fiscal concluyó que “hizo un análisis parcializado, dejando de lado la apreciación del conjunto de las versiones de cada testigo y a su vez confrontando las diferentes declaraciones”.

(Lea también: El expediente contra Carlos Caicedo por posibles nexos con paramilitares)

En el proceso, por ejemplo, fue testigo Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien fungió como comandante del Bloque Norte de las autodefensas. La fiscal explicó que con su testimonio se esclareció que las cosas no podrían haber ocurrido como dijo el Canoso: “La organización tenía una estructura vertical y, Jorge 40 fue claro al deprecar la inexistencia de acuerdos del procesado con la organización, así como que, dentro de esa estructura jerarquizada, no era posible la celebración de acuerdos económicos a título personal, acto que implicaba sanciones duras a quienes infringieran esa regla”.

Otro exjefe paramilitar que declaró en el proceso fue Hernán Giraldo, comandante del frente Resistencia Tayrona, con presencia en Santa Marta. Supuestamente, según había dicho otro exmiembro de las Auc llamado Luis Carlos López, alias Orejas, Giraldo tenía conocimiento de que, por ejemplo, el homicidio del estudiante Hugo Maduro fue ordenado por el gobernador Caicedo. La fiscal escribió: “Giraldo Serna, en declaración rendida ante esta delegada, indicó que nunca le dijeron que Carlos Caicedo fuera determinador de los homicidios aquí investigados”.

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Asimismo, se habló mucho en el proceso de una “lista” con nombres de personas que fueron declaradas objetivo militar de las autodefensas en la época. En esta lista, que le entregó el exparamilitar Adán Rojas a Justicia y Paz, estaba el nombre del decano Roque Morelli. Según algunos testimonios que citó el abogado de las víctimas, esa lista la había entregado Caicedo, pero el propio Rojas le contó a la justicia que quien le entregó el listado fue un antiguo agente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Así las cosas, la Fiscalía se mantuvo en que no hay méritos para llevar a juicio a Carlos Caicedo por vínculos con paramilitares. Por el contrario, con la decisión de este 23 de febrero queda en firme la preclusión de comienzos de este mes en la que el ente investigador había escrito: “Finalmente, ante el vencimiento del término de instrucción (investigación) y la subsistencia de dudas, estas deben resolverse a favor de Caicedo, profiriendo resolución de preclusión (...) no obra prueba nueva ni diferente que indique responsabilidad del acusado”.

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