Fiscalía y Contraloría anuncian sanciones a EPS que no presten atención médica por COVID-19

En una declaración conjunta, el fiscal general, Francisco Barbosa y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, hicieron una serie de anuncios (advertencias) frente a la actual de salud pública generada por la contingencia del COVID-19, nuevo coronavirus. Las dos cabezas del ente investigador y contralor pidieron actuar de manera rápida y contundente para contener los efectos que la emergencia sanitaria está generando en todo el territorio nacional. Además, señalaron que actuarán implacablemente con quienes incumplan los mecanismos y protocolos para evitar que el brote de origen asiático se expanda. 

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Entre esos anuncios claves, el fiscal señaló que tendrán responsabilidad penal los presidentes de las EPS (Empresas Prestadoras de Salud), "quienes son responsables del aseguramiento de cada uno de nuestros ciudadanos y reciben recursos públicos por ello. Estos particulares deben cumplir adecuadamente los protocolos de prevención y atención de sus afiliados”. Además, advirtió que la Fiscalía estará alerta a las denuncias presentadas por la ciudadanía respecto a la no oportuna prestación de servicios de salud relacionados con el coronavirus, entre ellos la entrega de diagnósticos médicos, el suministro de medicamentos y la atención de ambulancias. 

La Fiscalía General también hizo un llamado a las autoridades migratorias para realizar un trabajo articulado que permita identificar y judicializar a viajeros nacionales y extranjeros como posibles infractores, por los delitos de violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia. 

Igualmente,  con la Contraloría  General de la República, se  adoptarán medidas para monitorear y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la contención de la emergencia, para evitar posibles hechos de corrupción que defrauden el sistema de salud. “No es el momento de discursos y discusiones normativas. Es el momento de actuar en favor  de los ciudadanos que requieren apoyo. El coronavirus no es un juego, es una realidad, no nos rendiremos en la tarea que nos corresponde, esta entidad seguirá actuando por ustedes y para ustedes”, concluyó el fiscal Barbosa.

El jefe del ente investigador señaló que junto al contralor esperan que el Gobierno Nacional ejecute con prontitud y eficacia la política pública de salud en Colombia. "A los gobernadores, alcaldes distritales y especiales, y a sus secretarías de salud, ustedes son responsables de la salud en sus territorios por un mandato legal y constitucional. Ustedes son los ordenadores del gasto y ejecutan los presupuestos de la salud; por eso,deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente y acordes a la ley. De no hacerlo, podrían incurrir en los delitos de prevaricato por omisión y omisión de socorro”,enfatizó el jefe del ente acusador.

Por su parte, el contralor le pidió al ministro de Salud, al superintendente de Salud y al director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) que ayuden a liberar los recursos, alrededor de $4 billones, que van a ser necesarios para tener más y mejores camas. “Si bien se ha sabido, con el decreto de emergencia expedido por el presidente de la República, que serán alrededor de 4 millones de colombianos los infectados, tendremos necesidad de quintuplicar las camas de Unidad de Cuidados Intensivos para cada uno de los colombianos”, indicó el alto funcionario.

En una declaración conjunta, el fiscal general, Francisco Barbosa y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, hicieron una serie de anuncios (advertencias) frente a la actual de salud pública generada por la contingencia del COVID-19, nuevo coronavirus. Las dos cabezas del ente investigador y contralor pidieron actuar de manera rápida y contundente para contener los efectos que la emergencia sanitaria está generando en todo el territorio nacional. Además, señalaron que actuarán implacablemente con quienes incumplan los mecanismos y protocolos para evitar que el brote de origen asiático se expanda. 

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Entre esos anuncios claves, el fiscal señaló que tendrán responsabilidad penal los presidentes de las EPS (Empresas Prestadoras de Salud), "quienes son responsables del aseguramiento de cada uno de nuestros ciudadanos y reciben recursos públicos por ello. Estos particulares deben cumplir adecuadamente los protocolos de prevención y atención de sus afiliados”. Además, advirtió que la Fiscalía estará alerta a las denuncias presentadas por la ciudadanía respecto a la no oportuna prestación de servicios de salud relacionados con el coronavirus, entre ellos la entrega de diagnósticos médicos, el suministro de medicamentos y la atención de ambulancias. 

La Fiscalía General también hizo un llamado a las autoridades migratorias para realizar un trabajo articulado que permita identificar y judicializar a viajeros nacionales y extranjeros como posibles infractores, por los delitos de violación de medidas sanitarias y propagación de epidemia. 

Igualmente,  con la Contraloría  General de la República, se  adoptarán medidas para monitorear y vigilar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la contención de la emergencia, para evitar posibles hechos de corrupción que defrauden el sistema de salud. “No es el momento de discursos y discusiones normativas. Es el momento de actuar en favor  de los ciudadanos que requieren apoyo. El coronavirus no es un juego, es una realidad, no nos rendiremos en la tarea que nos corresponde, esta entidad seguirá actuando por ustedes y para ustedes”, concluyó el fiscal Barbosa.

El jefe del ente investigador señaló que junto al contralor esperan que el Gobierno Nacional ejecute con prontitud y eficacia la política pública de salud en Colombia. "A los gobernadores, alcaldes distritales y especiales, y a sus secretarías de salud, ustedes son responsables de la salud en sus territorios por un mandato legal y constitucional. Ustedes son los ordenadores del gasto y ejecutan los presupuestos de la salud; por eso,deben adoptar las medidas sanitarias que se requieran de carácter urgente y acordes a la ley. De no hacerlo, podrían incurrir en los delitos de prevaricato por omisión y omisión de socorro”,enfatizó el jefe del ente acusador.

Por su parte, el contralor le pidió al ministro de Salud, al superintendente de Salud y al director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) que ayuden a liberar los recursos, alrededor de $4 billones, que van a ser necesarios para tener más y mejores camas. “Si bien se ha sabido, con el decreto de emergencia expedido por el presidente de la República, que serán alrededor de 4 millones de colombianos los infectados, tendremos necesidad de quintuplicar las camas de Unidad de Cuidados Intensivos para cada uno de los colombianos”, indicó el alto funcionario.