Fiscalía y Corte Suprema respaldaron propuesta de rebajas a delitos contra menores
El nuevo proyecto de reforma a la justicia plantea la posibilidad de reducción de penas por delitos contra niños, niñas y adolescentes. Han surgido diferentes opiniones frente a la propuesta, la cual retoma gran relevancia tras el reciente feminicidio de Sofía Delgado, de 12 años.
En el marco de la discusión sobre la reforma a la justicia (proyecto 281 de 2024) que avanza en el Congreso, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia defendieron el artículo séptimo, que propone reducir las penas para ciertos delitos graves, incluyendo violaciones y asesinatos de menores. La fiscal Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, expusieron sus argumentos ante la Comisión Primera del Senado en una audiencia pública.
En contexto: Este es el proyecto consolidado de reforma a la justicia: beneficios por reparación
Durante su intervención, la fiscal Camargo destacó que, aunque la violencia sexual contra menores es un problema grave, la reducción de penas mediante acuerdos judiciales tiene beneficios para el sistema judicial. “No somos indiferentes al dolor de los niños víctimas de violencia sexual, pero esas rebajas de pena vía allanamiento son muy útiles”, afirmó. Además, subrayó que la negociación y los preacuerdos no deben ser vistos como una pérdida, sino como un mecanismo racional que favorece a todas las partes involucradas.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, coincidió con esta postura, argumentando que penas extremadamente altas no necesariamente disuaden a los delincuentes. “Lo que disuade al delincuente, históricamente se ha demostrado, no son las penas de 50 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es tener la seguridad de que esa pena, por alta que sea, no se le va a aplicar”, explicó. Chaverra también abogó por fortalecer los mecanismos de allanamiento y preacuerdos como una forma de mejorar la efectividad de la justicia en el país.
El proyecto de ley —construido, radicado e impulsado por Fiscalía, Corte Suprema y Ministerio de Justicia—, incluye un total de 13 puntos clave, entre los cuales se destaca el fomento de mecanismos para la terminación temprana de procesos y un mayor énfasis en las negociaciones dentro del proceso penal, con el objetivo de evitar llegar a juicio y reducir la acumulación de expedientes. No obstante, el artículo séptimo del proyecto ha generado controversia en diversos sectores, ya que permite la aplicación de estos mecanismos para quienes cometan delitos contra menores de edad.
Relacionado: Las claves para entender la reforma a la justicia que llegó al Congreso
La reforma propuesta busca modificar los incentivos para la reducción de penas para aquellos que admitan su responsabilidad en etapas tempranas del proceso, una opción que ya existe, pero que se pretende ampliar a nuevos contextos. Uno de estos contextos es la reducción de pena para quienes cometan delitos contra niñas, niños y adolescentes. Según el documento, la idea es modificar el numeral 7º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 para incluir las negociaciones que permitan una eventual rebaja de pena.
El artículo en cuestión, que plantea la reducción de penas, será debatido en una reunión entre los senadores de la Comisión Primera este miércoles, donde se espera que se tome una decisión sobre su inclusión en la ponencia final de la reforma.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En el marco de la discusión sobre la reforma a la justicia (proyecto 281 de 2024) que avanza en el Congreso, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia defendieron el artículo séptimo, que propone reducir las penas para ciertos delitos graves, incluyendo violaciones y asesinatos de menores. La fiscal Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, expusieron sus argumentos ante la Comisión Primera del Senado en una audiencia pública.
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Durante su intervención, la fiscal Camargo destacó que, aunque la violencia sexual contra menores es un problema grave, la reducción de penas mediante acuerdos judiciales tiene beneficios para el sistema judicial. “No somos indiferentes al dolor de los niños víctimas de violencia sexual, pero esas rebajas de pena vía allanamiento son muy útiles”, afirmó. Además, subrayó que la negociación y los preacuerdos no deben ser vistos como una pérdida, sino como un mecanismo racional que favorece a todas las partes involucradas.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, coincidió con esta postura, argumentando que penas extremadamente altas no necesariamente disuaden a los delincuentes. “Lo que disuade al delincuente, históricamente se ha demostrado, no son las penas de 50 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es tener la seguridad de que esa pena, por alta que sea, no se le va a aplicar”, explicó. Chaverra también abogó por fortalecer los mecanismos de allanamiento y preacuerdos como una forma de mejorar la efectividad de la justicia en el país.
El proyecto de ley —construido, radicado e impulsado por Fiscalía, Corte Suprema y Ministerio de Justicia—, incluye un total de 13 puntos clave, entre los cuales se destaca el fomento de mecanismos para la terminación temprana de procesos y un mayor énfasis en las negociaciones dentro del proceso penal, con el objetivo de evitar llegar a juicio y reducir la acumulación de expedientes. No obstante, el artículo séptimo del proyecto ha generado controversia en diversos sectores, ya que permite la aplicación de estos mecanismos para quienes cometan delitos contra menores de edad.
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La reforma propuesta busca modificar los incentivos para la reducción de penas para aquellos que admitan su responsabilidad en etapas tempranas del proceso, una opción que ya existe, pero que se pretende ampliar a nuevos contextos. Uno de estos contextos es la reducción de pena para quienes cometan delitos contra niñas, niños y adolescentes. Según el documento, la idea es modificar el numeral 7º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 para incluir las negociaciones que permitan una eventual rebaja de pena.
El artículo en cuestión, que plantea la reducción de penas, será debatido en una reunión entre los senadores de la Comisión Primera este miércoles, donde se espera que se tome una decisión sobre su inclusión en la ponencia final de la reforma.
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