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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), en cabeza de Karen Abudinen, está en el ojo del huracán por cuenta de un millonario contrato para proveer de internet a escuelas rurales, que terminó en la posible pérdida de un anticipo por $70.000 millones. Esta semana se conoció que Abudinen está citada a un debate de control político en el Senado. Ahora, la Fiscalía y la Procuraduría inician sus investigaciones por el escándalo de presunta corrupción.
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La Procuraduría General aseguró que, desde el pasado 27 de julio, se abrió una indagación preliminar sobre el contrato 1043/2020 celebrado por el MinTic para construir 10 mil centros digitales en zonas rurales de Colombia, donde el internet sigue siendo solo una promesa. El acuerdo se firmó con la empresa Centros Poblados, la cual recibió el jugoso anticipo y, a corte abril, solo ha avanzado en un 1%. “Actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”, explicó la Procuraduría.
Desde el 27 de julio de 2021 la @PGN_COL abrió indagación preliminar sobre Contrato Estatal de Aporte No. 1043 /2020 celebrado por @Ministerio_TIC para Centros Digitales. Actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 12, 2021
Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa, en medio de varios anuncios sobre la lucha anticorrupción, explicó esta tarde que la institución ya ve el caso MinTic como un probable escenario de corrupción, por el cual se adelantan “varias acciones investigativas”. Barbosa anunció que el expediente fue priorizado y es un encargo especial para el director nacional Anticorrupción del ente investigador.
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“Existe la estructura de un grupo de tareas especiales, donde se involucra también al coordinador de fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia (que investiga ministros), y tenemos las líneas investigativas para cada uno de esos hechos”, agregó Barbosa. La Fiscalía les puso la lupa a los funcionarios públicos del MinTic que participaron en el proceso de evaluación del contrato, así como en la elaboración de las pólizas y los documentos del acuerdo. Otras líneas investigativas tienen que ver con Centros Poblados y la manera en qué se dieron los giros del anticipo.
El próximo 24 de agosto, además, la ministra Abudinen deberá rendir cuentas en el Senado. “Sírvase informar sí existía una firma contratada para la verificación de suficiencia de las garantías otorgadas en el marco del proceso de licitación del contrato 1043 de 2020, y si la respuesta es afirmativa, sírvase informar cuál fue la recomendación de la empresa en el marco del proceso de licitación, y bajo qué criterios técnicos fue escogida está empresa para esta licitación”, es una de los cuestionamientos que, desde ya, envió el partido Comunes.
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W Radio le hizo seguimiento al contrato y encontró probables irregularidades en este. Se evidenció, por ejemplo, que Centros Poblados no tenía la experiencia suficiente para llevar el internet a las zonas rurales del país, además, al parecer presentó una póliza falsa como garantía a la hora de cerrar el acuerdo. Centros Poblados ya recibió el anticipo por $70 mil millones, de un contrato cuyo valor ascendía a $1,7 billones y que, a la fecha, está suspendido y en medio de un escándalo por presunta corrupción.
Centros Poblados, por su parte, en un comunicado público, aseguró que esa plata “no se perdió”. “No es cierto que el anticipo recibido por valor de $70.000 millones esté embolatado o esté perdido como lo han manifestado algunos medios de comunicación, haciendo eco de la desinformación que ha incurrido MinTic, toda vez que dicho anticipo se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarios para la ejecución del contrato”, dijo la unión temporal.