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En la mañana de este 26 de diciembre, la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se reunieron para discutir un tema sensible en el marco de la reparación a las víctimas del conflicto armado: la ubicación y entrega de bienes entregados por exparamilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de 2005.
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Según las cuentas de la Unidad, la Fiscalía le ha entregado desde 2005 un total de 3.398 bienes entregados por exparamilitares, sin embargo, tan solo 580 cuentan con una decisión oficial de extinción de dominio. Es decir, un juez de la República ya avaló por completo que esos bienes queden a disposición del Estado y entren al Fondo para la Reparación a las Víctimas.
“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los fiscales a cargo, para que a través de ellos, se le pida a las salas de Justicia y Paz, que den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes que faltan, ya que surtiendo este paso, desde la Unidad podemos monetizarlos para reparar a las víctimas incluidas en las sentencias”, afirmó la directora Solano.
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Entre la hoja de ruta que gestionaron Solano y Camargo está solicitarle a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes incautados a la mafia, contrastar información con la Fiscalía para llegar a bases de datos precisas que permitan un trabajo más articulado.
Una de las dificultades planteadas en la reunión es la ocupación no autorizada de terceros a los bienes entregados por los exparamilitares. Según las estadísticas, 1.383, lo que representa casi la mitad, está bajo ese estado, lo que representa una carga administrativa y económica para la Unidad, y hasta un detrimento de recursos públicos.
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De otro lado, 411 bienes entregados por 10 exparamilitares designados como gestores de paz por el presidente Gustavo Petro no se encuentra en el inventario del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Situaciones que llevaron a extender la reunión hasta el próximo 13 de enero, con el propósito de hacer seguimiento en la investigación de los bienes que se encuentran sin ubicar y posibles casos de corrupción.
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