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En el marco del caso 04 que investiga la situación territorial de Urabá, la Sala de Reconocimiento citó a versión colectiva a Benito Molina Velarde, Benito Osorio Villadiego, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Jaime Augusto García Exbrayat y Luis Gonzalo Gallo Restrepo. Las diligencias se adelantarán los días 25 y 26 de agosto, de manera virtual.
Lo que reposa en la justicia transicional es que estas personas fueron miembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, y estarían implicados en el desplazamiento forzado de 150 familias y el despojo de 121 predios en la región de Tulapas. Todos los hechos vinculan actos de violencia por parte de las Autodefensas Unidas de Córdoba. Lo que dice la investigación es que hubo existió un concierto para delinquir entre los miembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, las AUC que delinquían en el departamento y funcionarios del antiguo Incora.
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“La Sección de Apelación ha señalado que la finalidad de las diligencias de aporte de verdad no es otra que la de propiciar el espacio para que quien se someta a la JEP inicie sus aportes de verdad, los cuales deben progresivamente ser más completos hasta llegar a ser considerados como una verdad plena, indicando que los comparecientes voluntarios deben hacer un aporte efectivo a la verdad plena para recibir cualquier tratamiento jurídico especial el cual debe ser validado por la respectiva Sala de Justicia”, señaló el auto que los citó.
En enero de este año, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le concedió la libertad transitoria condicionada y anticipada al exgobernador de Córdoba, Benito Osorio Villadiego. En este caso, la lupa de la justicia transicional está sobre el político por sus nexos con las AUC. Sobre el político ya pesa una condena de más de 19 años de prisión, así como a una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, por los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir.
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En ese entonces, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP sostuvo que los aportes que hizo Osorio a la verdad fueron extensos y de alguna manera satisfactorios para los casos en los que se investigaba su participación. Según dijo la Sala, “en el marco de la audiencia de verdad hizo entrega de un extenso escrito en el cual se refirió a cada uno de los informes que se le trasladaron, adicionalmente, ofreció la entrega de varios documentos que formaban parte de su archivo personal, y un disco duro que bajo su consideración contiene información relevante para el esclarecimiento de los hechos”.
Asimismo, el abogado del exgobernador de Córdoba allegó a esa jurisdicción una serie de archivos en los que incluyó la relación de acciones del Fondo Ganadero de Córdoba, copia de una carta firmada por Sor Teresa Gómez, actas del Fondo Ganadero de Córdoba y relación de bienes entregados para reparar en la jurisdicción ordinaria por parte Osorio Villadiego. Estos documentos fueron tenidos en cuenta como aportes a la verdad hechos por el político cordobés.
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De otro lado, en cuanto a Benito Molina se conoce que prendió el ventilador en la JEP luego de que en la justicia ordinaria fue condenado por su relación con grupos paramilitares. En mayo de 2021, por directriz de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas recobró su libertad al considerar que la información aportada “supera inicialmente los hechos por los cuales fue investigado y condenado por la jurisdicción ordinaria, aporta relato acerca del contexto de conflicto, y los intereses de la Autodefensas Unidas de Colombia no solo en la cooptación del Fondo Ganadero de Córdoba sino en las grandes inversiones estratégicas”.
Para la JEP, las declaraciones rendidas entre el 7 y 9 de diciembre de 2020, y el 20 de enero y primero de febrero de 2021, “describen preliminarmente las redes de apoyo político local y regional del grupo armado ilegal para la concreción del plan criminal y el fortalecimiento del proyecto paramilitar”.
Benito Molina que fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión ha sido señalado de tener nexos con el grupo paramilitar mientras fue el presidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007. Según reposa en su expediente, entre 1994 y 1998, Vicente y Carlos Castaño Gil, exjefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia junto con el Fondo Ganadero de Córdoba despojaron y sacaron de sus tierras a 150 familias campesinas de más de 105 predios de la región de Tulapas, zona rural entre los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.
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