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El álgido tema que promete generar controversia tras una decisión sobre implementar o no la práctica del fracking en Colombia está abierto en la Sección Tercera del Consejo de Estado. Aunque estaba previsto que el tema se discutiera durante la semana pasada, los magistrados no alcanzaron a llegar al punto que tiene en vilo no solo al Gobierno Nacional sino también a organizaciones ambientales desde hace un poco más de tres años desde que empezó este debate.
La última decisión sobre este caso se registró en mayo pasado momento en el que la Sección derrotó la ponencia del magistrado Rodrigo Pazos que pedía anular las normas que regulaban esta forma de extracción de hidrocarburos en el país. Con la negativa de ese entonces, el expediente pasó a manos del magistrado Jaime Enrique Rodríguez, quien fue el encargado de rehacer la ponencia con la que se definiría si se le da luz verde a este procedimiento.
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Cabe mencionar que la ponencia que había preparado Pazos le daba la razón a los demandantes y anulaba de tajo las normas que le dieron vida jurídica al fracking. Si bien un cambio de magistrado puede suponer sentar una nueva decisión sobre el caso, lo que se determinó en ese entonces es que el nuevo ponente recogería las posturas de todos los magistrados para exponerlos en una segunda discusión y con ello alcanzar la mayoría de votos. Por lo que, ahora, lo que viene para los magistrados del Consejo de Estado es concluir si el nuevo documento cumple con las expectativas que sentaron en la primera discusión que se llevó a cabo.
Aunque la Sección Tercera se reúne cada 15 días, no se descarta que esta semana se registre un nuevo debate sobre el tema que, de alguna forma, resolvería la incertidumbre que se centró en el caso desde 2018, momento en que el alto tribunal ordenó suspender el fracking en Colombia por considerar que no existe certeza científica de que su uso no provoque daños ambientales y a la salud humana, siguiendo lo que se denomina en derecho, el principio de precaución, que obliga a terciar en favor del medio ambiente ante la duda sobre las afectaciones que pueda producir una actividad. El debate no es sencillo e incluye posiciones del Gobierno, universidades, asociaciones científicas, movimientos ambientales y congresistas.
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De ahí que durante agosto pasado se haya radicado un proyecto de ley en el Congreso con el que piden prohibir esa práctica en el país. En ese entonces, los promotores de la iniciativa le pidieron a la ciudadanía hacer presión al legislativo para que el proyecto se tramite y no se aplace la propuesta que, básicamente, fue construida por 52 congresistas de 10 partidos quienes pidieron cerrarle la puerta a ese procedimiento.
En concreto, el fracking consiste en inyectar en el subsuelo agua mezclada con químicos para hacer fluir hidrocarburos de piedras compactas que se encuentran a kilómetros de profundidad. Por explotar yacimientos no convencionales es que produce múltiples dudas sobre sus efectos a mediano y largo plazo. En intervenciones de Procuraduría y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes se ha pedido anular estas normas, debido a que hay certeza de eventuales daños tanto a la salud humana como al medio ambiente.
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El Gobierno, a través del Ministerio de Minas, ha dicho que en este caso se ha aplicado de manera indebida el principio de precaución porque, supuestamente, no se aplican los requisitos para apelar a este. En cambio, propone que se use el principio de prevención y, en ese sentido, afirma que están claros e identificados los riesgos asociados al fracking, así como sus consecuencias. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la misma línea, ha dicho que las normas demandadas se expidieron cumpliendo los protocolos y estudios necesarios para cubrir los vacíos que existían para ese momento, identificando riesgos y fijando medidas de mitigación.