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Más de 1.400 personas se encuentran confinadas en el municipio de Páez (Cauca), debido a intensos combates entre disidencias de las Farc y el ELN, específicamente el frente Dagoberto Ramos y la compañía Juan Carlos Chilhueso. Entre los afectados, más de 200 estudiantes quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos, lo que obligó a la suspensión indefinida de las clases en la institución técnica agropecuaria de Ricaurte, según lo informaron las autoridades indígenas de la zona, quienes también están en asamblea permanente.
Durante una transmisión en vivo en redes sociales, en la que las comunidades informaban al alcalde local sobre los hechos, nuevos enfrentamientos ocurrieron, dejando a varios comuneros en medio del fuego cruzado. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitió un comunicado exigiendo a los grupos armados respetar la vida de la población civil y solicitando al Gobierno medidas urgentes para atender la crisis humanitaria.
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El alcalde de Páez, Hugo Muñoz, condenó la presencia de grupos armados ilegales y denunció las violaciones a los derechos humanos de la población, especialmente a los niños y adolescentes, quienes son los más vulnerables en medio de estos enfrentamientos. “Exigimos respeto por la vida”, afirmó Muñoz. En respuesta a la situación, se convocó un consejo de seguridad en Páez para tomar medidas y brindar apoyo a las comunidades afectadas.
Sin embargo, este no es el único municipio del Cauca que atraviesa una grave situación de orden público. Horas antes, se registraron intensos hostigamientos contra la fuerza pública en Silvia y Toribío. En el casco urbano de Silvia, la Policía Nacional reportó el hurto de una camioneta, seguido de un ataque armado a la estación de policía. El Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (Cotaindoc) informó que la población en estos sectores está siendo sometida a hostigamientos por parte de grupos armados ilegales.
Las confrontaciones en Silvia se extendieron al sector de Las Cruces, donde se produjo un cruce de disparos que duró varios minutos. Ante esta situación, varios miembros del Ejército llegaron al municipio para apoyar a los policías, quienes se atrincheraron en la estación y activaron el plan defensa. Además, el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC reportó que algunos habitantes del pueblo Quisgó fueron retenidos ilegalmente durante varias horas.
En respuesta, las comunidades indígenas de la región emitieron alertas en redes sociales y emisoras locales, instando a los pobladores a evitar movilizarse para no quedar atrapados en medio del hostigamiento. En Toribío, las zonas de Asomadero y Tacueyó también sufrieron ataques armados contra la fuerza pública, lo que llevó a la suspensión de actividades religiosas y al confinamiento de varias familias. Líderes locales indicaron que la escalada de violencia comenzó el domingo 29 de septiembre, cuando unidades militares llegaron al sector de Los Andes para desarticular las actividades ilegales de las disidencias de las Farc en la región.
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