Minería ilegal de oro de las disidencias contamina aguas del río Micay en Cauca
Mientras se celebra la Cumbre Ambiental COP16 en Cali, a pocos kilómetros de distancia, la Fuerza Pública ha identificado puntos críticos en el Cañón del Micay donde la estructura Carlos Patiño desarrolla actividades extractivistas que afectan los recursos hídricos de las comunidades.
Las aguas del río Micay, un recurso vital para numerosas comunidades en el departamento del Cauca, están siendo contaminadas por actividades de minería ilegal realizadas por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Las autoridades han documentado diversos puntos críticos a lo largo del río donde se evidencia la explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que afecta a miles de personas en la región.
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Mientras en Cali (Valle del Cauca) se lleva a cabo la COP16, la cumbre ambiental de mayor relevancia global, en el Cañón del Micay, a solo unas horas de distancia, la situación ambiental se deteriora a causa de la minería ilegal. La Fuerza Pública ha realizado monitoreos constantes en los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay, donde se ha identificado el uso de maquinaria pesada y sustancias tóxicas como mercurio y cianuro en el proceso de extracción de oro. Estas sustancias son altamente contaminantes y su uso sin control representa una grave amenaza tanto para la vida humana como para el ecosistema del río.
Fotografías y videos obtenidos mediante tecnología de la Fuerza Pública revelan un panorama devastador. Las imágenes muestran cómo la maquinaria amarilla, que inicialmente fue presentada como equipo para la construcción de vías, ha sido utilizada para desviar el cauce natural del río. En consecuencia, las aguas, antes cristalinas, se han transformado en un flujo oscuro, contaminado y estancado, sin posibilidad de sostener la biodiversidad que antes dependía de él. En varias zonas, incluso, se han formado estanques en los que el agua ha adoptado colores inusuales, debido al empleo de sustancias químicas que ponen en peligro a los habitantes y al medio ambiente.
Este daño afecta de forma directa a comunidades como San Juan de Mechengue, El Plateado, La Emboscada y La Honduras, entre otras, que dependen del río Micay como fuente de agua y sustento. Las autoridades estiman que más de 16.000 personas se ven afectadas por esta situación, pues la contaminación del río repercute también en la calidad del agua para el consumo humano y en la supervivencia de especies de flora y fauna nativas de la región.
Amenazas a la comunidad
Además, según reportes oficiales, la estructura Carlos Patiño no solo contamina el río, sino que también manipula a la población civil para proteger sus operaciones. En algunas zonas, las disidencias han presionado a los habitantes para que notifiquen de cualquier presencia de las autoridades, con el fin de mover y ocultar la maquinaria antes de ser descubiertos en flagrancia. También, según las autoridades, organizan protestas y bloqueos, exigiendo la “no militarización” del territorio, en un intento por evitar la intervención de la Fuerza Pública y garantizar la continuidad de sus actividades ilegales.
Las estrategias de las disidencias también incluyen ubicar maquinaria sobre las vías cercanas al cauce del río Micay, simulando que están llevando a cabo obras de mantenimiento en la carretera. Este engaño inicial permitió que la maquinaria ingresara al área sin mayores obstáculos, bajo la justificación de que se trataba de equipo para proyectos comunitarios. Sin embargo, las pruebas obtenidas demuestran que estos artefactos están siendo utilizada para realizar actividades mineras ilegales que están devastando áreas verdes de la región del Pacífico sur caucano.
Se estima que más de 100 hectáreas de ecosistemas acuáticos y terrestres han sido dañadas en el curso del río Micay, dejando secuelas que, según las autoridades y especialistas, podrían tardar décadas en revertirse. Esta minería ilegal aporta ingresos significativos a la estructura Carlos Patiño, con una producción de entre 8.000 y 10.000 gramos de oro al mes, lo que representa ganancias de aproximadamente 7.000 millones de pesos para este grupo armado, que continúa expandiendo sus operaciones ilícitas a costa del medio ambiente y la seguridad de los pobladores.
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La comunidad y las autoridades se enfrentan a un panorama complejo, en el que la minería ilegal y la contaminación del río Micay representan amenazas serias para la salud pública, el equilibrio ambiental y la seguridad de las comunidades. La degradación de esta fuente hídrica clave, así como de la biodiversidad que depende de ella, evidencia un problema de urgencia nacional, que requiere de una intervención integral y sostenida para detener el avance de estas actividades criminales y proteger el patrimonio natural del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Las aguas del río Micay, un recurso vital para numerosas comunidades en el departamento del Cauca, están siendo contaminadas por actividades de minería ilegal realizadas por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Las autoridades han documentado diversos puntos críticos a lo largo del río donde se evidencia la explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que afecta a miles de personas en la región.
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Fotografías y videos obtenidos mediante tecnología de la Fuerza Pública revelan un panorama devastador. Las imágenes muestran cómo la maquinaria amarilla, que inicialmente fue presentada como equipo para la construcción de vías, ha sido utilizada para desviar el cauce natural del río. En consecuencia, las aguas, antes cristalinas, se han transformado en un flujo oscuro, contaminado y estancado, sin posibilidad de sostener la biodiversidad que antes dependía de él. En varias zonas, incluso, se han formado estanques en los que el agua ha adoptado colores inusuales, debido al empleo de sustancias químicas que ponen en peligro a los habitantes y al medio ambiente.
Este daño afecta de forma directa a comunidades como San Juan de Mechengue, El Plateado, La Emboscada y La Honduras, entre otras, que dependen del río Micay como fuente de agua y sustento. Las autoridades estiman que más de 16.000 personas se ven afectadas por esta situación, pues la contaminación del río repercute también en la calidad del agua para el consumo humano y en la supervivencia de especies de flora y fauna nativas de la región.
Amenazas a la comunidad
Además, según reportes oficiales, la estructura Carlos Patiño no solo contamina el río, sino que también manipula a la población civil para proteger sus operaciones. En algunas zonas, las disidencias han presionado a los habitantes para que notifiquen de cualquier presencia de las autoridades, con el fin de mover y ocultar la maquinaria antes de ser descubiertos en flagrancia. También, según las autoridades, organizan protestas y bloqueos, exigiendo la “no militarización” del territorio, en un intento por evitar la intervención de la Fuerza Pública y garantizar la continuidad de sus actividades ilegales.
Las estrategias de las disidencias también incluyen ubicar maquinaria sobre las vías cercanas al cauce del río Micay, simulando que están llevando a cabo obras de mantenimiento en la carretera. Este engaño inicial permitió que la maquinaria ingresara al área sin mayores obstáculos, bajo la justificación de que se trataba de equipo para proyectos comunitarios. Sin embargo, las pruebas obtenidas demuestran que estos artefactos están siendo utilizada para realizar actividades mineras ilegales que están devastando áreas verdes de la región del Pacífico sur caucano.
Se estima que más de 100 hectáreas de ecosistemas acuáticos y terrestres han sido dañadas en el curso del río Micay, dejando secuelas que, según las autoridades y especialistas, podrían tardar décadas en revertirse. Esta minería ilegal aporta ingresos significativos a la estructura Carlos Patiño, con una producción de entre 8.000 y 10.000 gramos de oro al mes, lo que representa ganancias de aproximadamente 7.000 millones de pesos para este grupo armado, que continúa expandiendo sus operaciones ilícitas a costa del medio ambiente y la seguridad de los pobladores.
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