Fuerzas Militares abren indagación tras cuestionada operación en Putumayo

El Comando General de las Fuerzas Militares, integrado por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, comenzó la semana dando explicaciones sobre la polémica desatada desde Puerto Leguizamo (Putumayo). Allí, el pasado 28 de marzo, murieron 11 personas tras una arremetida armada contra el disidente de la Segunda Marquetalia, alias Bruno. Sin embargo, organizaciones locales denunciaron que todos ellos serían civiles y, por tanto, el Ejército debería responder por un nuevo episodio de falsos positivos.

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Según explicaron las Fuerzas Militares, la operación estuvo a cargo del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército. Tras un proceso de verificación al interior institución, esa misma sección abrió una indagación disciplinaria. Además, se entregó informe sobre el desarrollo de la operación a la Fiscalía. Desde el pasado 30 de marzo, una comisión de Inspección del Ejército está verificando qué sucedió en la vereda Alto Remanso.

“Al lugar de los hechos también se trasladó un equipo jurídico de las Fuerzas Militares del más alto nivel, con el fin de articular, acompañar y coadyuvar con las labores que se encuentra desarrollando la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y demás órganos de control e investigación. El día 1 de abril el Comando General de las Fuerzas Militares entregó, en los términos ordenados, la respuesta enviada por el Ejército Nacional al requerimiento elevado por la Procuraduría”, agregó la institución.

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La Procuraduría, justamente, envió un oficio con destino al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares. El ente de control solicitó un informe detallado de la operación, dado que recibió una denuncia ciudadana en la que se sostiene que dentro de los fallecidos hay una mujer, un presidente de junta comunal, un menor de edad, un gobernador de resguardo indígena y dos civiles más.

Dentro de la petición, la Procuraduría solicita una copia de la orden que soportó el desarrollo de las operaciones de ese día en la vereda, así como el informe operacional que se rindió después del despliegue militar. Asimismo, le pidieron al Ejército que les entregue el informe de las muertes, heridos, capturados, desmovilizados y demás.

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No obstante, el gobierno del presidente Iván Duque respalda a ojo cerrado su operación y durante la última semana ha sostenido su legitimidad. Incluso, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que los muertos no eran ningunos campesinos, sino disidentes de las Farc. “No fue contra inocentes indígenas, sino narcocaleros”, sentenció el jefe de cartera.

De acuerdo con información que Medicina Legal le entregó al senador Iván Cepeda, de los 11 cuerpos hallados en la escena fueron identificados 10 como mayores de edad y el restante es un menor de edad. El instituto confirmó la información entregada por la Defensoría del Pueblo sobre un adolescente de 16 años muerto. Igualmente, la entidad forense determinó que los cadáveres correspondían a 10 hombres y una mujer, todos fallecidos en el operativo militar.

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Ante la incertidumbre, la organización Human Right Watch (HRW) envió 19 preguntas al Ministerio de Defensa para que esclarezca lo que realmente ocurrió en Puerto Leguizamo (Putumayo) el pasado 28 de marzo. En sí, la organización internacional busca conocer con precisión la fecha, el lugar y el objetivo de la operación. Además, las acciones disciplinarias del Ejército una vez dada a conocer la polémica.

“¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son algunos de los cuestionamientos que HRW remitió al Ministerio

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