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El secretario de gobierno de la Gobernación del Meta, dos exalcaldes de Fuentedeoro (Meta) y varios exfuncionarios y contratistas se encuentran vinculados a una investigación por grandes hechos de corrupción que rodean a la contratación de obras públicas en varios municipios de los departamentos de Meta, Casanare y Cundinamarca. La investigación apunta a hechos de corrupción que podrían alcanzar un desfalco de más de $70.000 millones.
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La Fiscalía judicializó al secretario de gobierno, Hernán Alexis Gómez, y a los exalcaldes, Guillermo Suárez y Jesús Antonio Gómez, por presuntamente haber direccionado la contratación en varios municipios de los tres departamentos. Además, el ente investigador también vinculó a los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento y Miguel Roberto Muñoz, y a los contratistas Claudia Milena Ricaurte, Yeison Javier Medina y Carlos Augusto Daza.
Las pruebas recogidas por la Fiscalía apuntan a que estos funcionarios hicieron parte de un entramado de corrupción, entre 2015 y 2022, que se dedicaba a orientar los procesos de contratación de obras civiles, como acueductos, para beneficio de dos uniones temporales. Estas actuaciones, que al parecer fueron lideradas por el secretario y varios contratistas, fueron las que habrían generando el detrimento patrimonial.
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Los hechos por los que se investiga a estas personas datan desde 2015, cuando el ahora secretario de gobierno habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por $4.752 millones para la construcción de un alcantarillado en dos veredas de Fuentedeoro (Meta). La investigación señala que en el proceso de licitación se habrían presentado propuestas falsas para garantizar que una unión temporal se adjudicara el contrato.
Además, la Fiscalía señaló que el para ese entonces alcalde del municipio, Guillermo Suárez Trujillo, recibió $150 millones por haber obtenido de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un plan de saneamiento y manejo de vertimientos. De esta petición fue que se obtuvieron los recursos para el contrato de acueducto que está siendo investigado.
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Por estos hechos, la Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible nivel de participación, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. Ninguno de los investigados aceptó los cargos. Además, el secretario de gobierno y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón recibieron medida de aseguramiento en una prisión, mientras que los otros cuatro investigados continuarán vinculados cumpliendo prisión domiciliaria.
Aparte de la investigación por presunta corrupción, la Fiscalía incautó varios activos a nombre de los procesados y sus cercanos con fines de extinción de dominio. Se trata de 11 inmuebles urbanos, cinco rurales, 25 vehículos, cuatro sociedades, cuatro establecimientos comerciales y 196 cabezas de ganado que habrían sido adquiridos con dineros obtenidos a través del entramado de corrupción. Estos bienes avaluados en $35.124 millones fueron ocupados en los departamentos de Casanare, Meta, Cundinamarca y Boyacá.
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