La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que remitió los casos de cinco militares retirados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), debido a que estos no reconocieron su responsabilidad en crímenes asociados con el caso 03, el cual investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combates por agentes del Estado. Entre ellos se encuentra Marcos Evangelista Pinto, uno de los militares que hace parte del Mural ¿Quién dio la orden? Debido a esta decisión, los exmilitares enfrentarán una especie de juicio al interior de la jurisdicción y, de ser vencidos en este, deberán pagar hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción ya había llamado a reconocer responsabilidad al General (r) Pinto Lizarazo junto con otros treinta miembros más de las unidades militares priorizadas del departamento del Huila, como coautores por omisión de los crímenes de desaparición forzada y homicidio de persona protegida. Así mismo, la Jurisdicción encontró que particularmente durante la comandancia de este general se reportaron 33 bajas en combates simuladas, además al menos ocho de sus subalternos han hablado de esos hechos y, al parecer, lo han mencionado a él.
“El señor Pinto Lizarazo firmó catorce misiones tácticas que produjeron veintisiete muertes, así como las actas de pago de información e incluso, según la información a disposición de la Sala, coordinó la búsqueda de falsos testigos para encubrir la ilegalidad de los hechos realizados por las tropas” expuso la Jurisdicción. Pinto Lizarazo, fue comandante del batallón Magdalena entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. En ese periodo, según la JEP, se presentaron por lo menos 28 falsos positivos en los municipios de Guadalupe, Pitalito, Acevedo, San Agustín, Timaná, Isnos y Palestina.
Los otros cuatro casos que fueron remitidos son los del Mayor General (r) Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el General (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, el Brigadier General (r) William Fernando Pérez Laiseca y el Teniente Coronel (r) Fernando Moncayo Guancha. La Jurisdicción explicó que dichos comparecientes forzosos negaron su participación en los hechos que se les atribuyen, así como la ilegalidad de estos, además se opusieron a los señalamientos que realizaron algunos de sus subalternos en su contra.
Los cinco exmilitares se encuentran vinculados al subcaso Huila, en el cual se escucharon 138 versiones voluntarias y 7 testimonios de terceros y miembros de la Novena Brigada del Ejército. Con esto, la jurisdicción logró esclarecer la participación de varios miembros de las Fuerzas Militares en ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el departamento entre 2005 y 2008.
Durante la diligencia, un número importante de comparecientes confesó haber participado en los crímenes que describió la Sala y otro grupo de ellos reconoció la ilegalidad de las operaciones militares que se desarrollaron. Sin embargo, la JEP informó que estos cinco comparecientes “no reconocen su responsabilidad como autores por omisión o coautores de los crímenes que les fueron endilgados, ni su rol en los patrones macrocriminales identificados, aun cuando la Sala los identificó como máximos responsables”, razón por la que sus casos son remitidos a la UIA.
A partir de las labores de investigación, verificación y la información aportadas por las víctimas, se lograron contrastar las versiones que entregaron los diversos comparecientes. Finalmente, se determinó que en Huila entre 2005 y 2008 ocurrieron 108 operaciones militares cuestionadas, que se le atribuyen a 35 máximos responsables y partícipes determinantes sin liderazgo. Estos hechos fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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